Liberación de líder de las FARC causa crisis judicial en Colombia

La JEP impidió la extradición del jefe guerrillero, hecho que hizo renunciar al fiscal de Colombia y a su vicefiscal.

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Al respecto, Martínez a través de un comunicado aseguró que la decisión sobre el caso Santrich representa un “desafío” al orden jurídico vigente. (Flickr)

La polémica decisión de impedir la extradición de Jesús Santrich, jefe guerrillero de las FARC, y pedir de inmediato su liberación desató una cascada de reacciones. Entre ellas, la renuncia del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.

Fiscal y vicefiscal renuncian y piden movilización

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Luego de conocerse la decisión de la JEP, de no extradir y liberar a Jesús Santrich, el fiscal general y su vicefiscal, María Paulina Riveros, renunciaron a sus cargos. Esta decisión representa un revolcón al nivel judicial, pues ni siquiera la investigación por Odebrecht había podido tumbar al fiscal.

Al respecto, Martínez, a través de un comunicado, aseguró que la decisión de la JEP representa un “desafío” al orden jurídico vigente.

“Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito, mi conciencia y mi devoción me lo impiden, por ello he presentado mi renuncia como fiscal general de la nación”, dijo durante una rueda de prensa.

Y fue más allá al invitar a los colombianos a movilizarse en las calles en torno a la garantía de no extradición del jefe guerrillero.

“A movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia en la defensa de la paz y en un marco de justicia especial que exhale confianza y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”.

Ante lo anunciado por el fiscal, el presidente de Colombia, Iván Duque, quien se encontraba en Medellín, donde presidía un consejo de seguridad, manifestó que había decidido tomar un vuelo a Bogotá para ponerse al frente del caso, debido a la crisis judicial que representa la renuncia de Martínez y su vicefiscal.

El hasta hoy fiscal añadió que la decisión de la JEP “hace trizas la colaboración internacional, desdice de las obligaciones de Colombia con los tratados internacionales, confronta abiertamente la Constitución Política y lo más grave: destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico”.

PanAm Post habló con el abogado Sergio Held, quien comentó que la decisión de la JEP es verdaderamente desafortunada.

Lo que debía ser un simple trámite notarial por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, validando las fechas y los hechos que aparecen relacionados en el Indictment de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se convirtió en un debate jurídico que ha puesto en jaque la institucionalidad del país.

También afirmó que “No era procedente la solicitud de las pruebas de la justicia colombiana a la norteamericana, toda vez que esta última debe custodiarlas y presentarlas en el proceso judicial en ese país. La JEP sobrepasó sus facultades legales al interpretar la norma de la garantía de no extradición, de manera favorable a un miembro de la desmantelada organización narcoterrorista de las FARC”, concluyó.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación se pronunció al señalar que apelará el fallo, pues considera que el caso debe continuar en la Corte Suprema de justicia y no en la JEP. Además que las pruebas aportada por  EE. UU. gozan de “presunción de legalidad”.

Una decisión previsible

Hoy se conoció una de las decisiones más relevantes por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde que entró en funcionamiento, mediante un fallo de 148 páginas decidió ordenar no solo la libertad del jefe guerrillero y negar su extradición a Estados Unidos, sino que también los magistrados que hacen parte de la Sección de Revisión ordenaron investigar a funcionarios de la Fiscalía por haber incurrido en posibles irregularidades durante el recaudo de pruebas.

Las pujas entre la Fiscalía y la JEP dejaban entrever que se esperaba una decisión de este tipo por parte de esa justicia especial, pues en varias ocasiones ambas instituciones se enfrentaron por determinar, en primer lugar, la comisión de los hechos por los cuales se le imputa el delito de narcotráfico a Santrich. Esta discusión escaló hasta la Corte Constitucional, que decidió que la potestad de definir si la comisión del delito ocurrió antes del 1 de diciembre de 2016 o posterior a esta fecha, estaba en cabeza de la JEP. Si la comisión del delito se encontraba en la primer fecha es competencia de la JEP y si no, pasaría la investigación y juzgamiento por la justicia ordinaria siendo la Fiscalía quien acusa e investiga.

Finalmente, la JEP resolvió la disputa argumentando que no es posible comprobar que el delito que le atribuyen a Santrich se haya cometido después de la firma del Acuerdo de Paz (1 de diciembre de 2016).

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”, sostuvo en el comunicado el presidente de la Sección de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla.

Si bien la JEP sostuvo que no había pruebas concluyentes que permitieran “evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización”, el fiscal negó esa versión y fue vehemente al señalar que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran “concluyentes” e “inequívocas”.

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