Santos dejó el acuerdo con las FARC sin fondos: vicepresidente de Colombia

Marta Lucía Ramírez señaló que los fallos que presenta el acuerdo de la mano de su justicia especial serían responsabilidad del Gobierno Santos.

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Vicepresidente de Colombia.
La vicepresidente afirmó que el Gobierno del presidente Iván Duque no pretende obstaculizar el acuerdo y que en el pasado Gobierno se “bajó la guardia en la lucha contra el narcotráfico”. EFE/Juan Diego López.

La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acusó al expresidente Juan Manuel Santos de gastar más dinero en relaciones públicas para promover el acuerdo de La Habana, que firmó en 2016 con la guerrilla de las FARC, que en la implementación de lo pactado.

Señaló, además, que los fallos que presenta dicho acuerdo de la mano de su justicia especial serían responsabilidad del Gobierno Santos.

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“Nosotros (como oposición) tuvimos observaciones, las hicimos a tiempo, y lo cierto es que encontramos un acuerdo que ya está aprobado por el Congreso, que ya está aprobado por la Corte Constitucional, y el presidente ha dicho todo el tiempo: ‘vamos a honrar ese compromiso, sobre todo, por toda la gente que se desmovilizó y que ha venido cumpliendo con sus obligaciones’”, dijo Ramírez a NTN24.

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Una de las críticas al Gobierno Duque es que los rezagos de la implementación obedecen a un interés político. Desde la campaña a la presidencia, el político de izquierda Gustavo Petro ha lanzado dardos contra el mandatario acusándolo de imponer “trabas” al acuerdo. Sin embargo, esto no se ha podido demostrar. Recientemente, Duque formuló seis objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reparos que no fueron aprobados, por lo que Duque sancionó dicha ley.

Lo que sí ha dicho el Gobierno es que dos años de la firma del acuerdo, su implementación aún le faltá y según su criterio es por falta de recursos. Pese a que la chequera de la paz ha sido abultada por cooperación internacional, el dinero no parece alcanzar. La vicepresidente señaló que no se dejó presupuestado lo necesario para el desarrollo del acuerdo y que cuando se hizo el empalme entre los dos gobiernos, se evidenció que tampoco había avances y logros suficientes en materia de implementación.

A comienzos del mandato Duque, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “indiscutiblemente el Gobierno ha encontrado una gran dispersión en las diferentes instancias que creó el acuerdo, pero la gran preocupación es la falta de recursos para poder financiar los compromisos”.

Dineros de la paz que también han sido cuestionados por presunta malversación y corrupción. En abril de 2018, la Fiscalía General advirtió sobre una red de intermediarios con acceso a información privilegiada que podrían estar direccionando los proyectos del posconflicto a empresarios o contratistas, o escogiendo interventorías para eludir controles. Este caso de corrupción fue conocido por una carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza al Ministerio de Hacienda para que se convocara a una reunión de evaluación de los recursos del Fondo Colombia Sostenible.

Problemas del acuerdo: criminales como congresistas

Sumado a esto, Ramírez recordó las advertencias de aquellos que se opusieron desde un inicio al acuerdo, pues muchas de ellas se están cumpliendo. “Aquí hay que reconocer que encontramos unos hechos cumplidos y que uno de ellos es la participación de algunos miembros de las FARC en el narcotráfico”.

En el acuerdo quedó establecido que cualquier actividad ilícita que se hiciera después de diciembre de 2016 debe ir a la justicia ordinaria.

Mientras algunos sectores denominados bloque de la paz afirmaron en fechas previas a la implementación del acuerdo que nada de esto ocurriría y que no habría “impunidad”, el caso del líder guerrillero Jesús Santrich es el que ha puesto en entre dicho esa verdad los mayores defensores del proceso. Justamente el expresidente Santos fue un gran defensor de esta idea.

Pese a que la Fiscalía General presentó las pruebas por las que Estados Unidos acusa a Santrich de narcotráfico, la JEP decidió no extraditar al guerrillero de las FARC. Hoy en día este funge como congresista y sigue vinculado a un proceso penal que está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, desde el punto de vista de las víctimas, nunca se debió otorgar participación política a miembros de las FARC, pues actualmente son congresistas sin pagar un solo día de cárcel. El prontuario criminal de los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que todavía no es resulto por la JEP, es amplio y variado, e incluye condenas por asesinato, desplazamiento, toma de rehenes, tortura y reclutamiento de niños. Entre los cálculos, los ahora políticos suman más del mil años por condenas.

Violencia y cultivos de droga

La vicepresidente también aclaro que el Gobierno del presidente Duque no pretende obstaculizar el acuerdo y que en el pasado Gobierno se “bajó la guardia en la lucha contra el narcotráfico”.

Actualmente, Colombia enfrenta una cruzada en la lucha contra el narcotráfico. Según un informe presentado por Naciones Unidas, Colombia ocupa el primer lugar como el principal productor de cocaína en el mundo. El cultivo de coca en el país sube constantemente desde 2013, de las 48 000 hectáreas registradas en 2013 hasta las 171 000 en 2017, señala ese organismo.

Ramírez sostuvo que la nueva radiografía de violencia en Colombia se debe a la multiplicación de las áreas sembradas de coca, por esta razón, en los territorios donde hay plantaciones hay mayor presencia de grupos armados irregulares:

Donde coinciden los residuales de las FARC con los reincidentes de las FARC, con los grupos de criminalidad, con gente del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sobre el uso del glifosato como herramienta contra la lucha del narcotráfico, Ramírez indicó que el Gobierno Duque está trabajando en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional.

“Vamos a seguir en esta lucha utilizando todos los elementos y todos los agentes que haya posibilidad de utilizar y que sean aceptables dentro de lo que está dispuesto por la Corte Constitucional”. El Gobierno planea retomar la aspersión en el mes de julio. Así lo indicó el presidente Duque durante su gira en Londres.

Marta Lucía Ramírez, es la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidente de Colombia. De igual modo, se desempeñó como ministra de Defensa y ministra de Comercio, y en 2014 fue candidata a la Presidencia por el partido Conservador.

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