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Un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró la nulidad absoluta del contrato Ruta del Sol 2 y concluyó que los colombianos, a través de sus impuestos, no deben pagar la corrupción de Odebrecht en el país.
Este contrato había sido liquidado por la Superintendencia de Industria y Comercio tras descubrirse hechos de corrupción por parte de la firma brasileña Odebrecht, socio mayoritario de la concesionaria.
La adjudicación del proyecto, con el que se buscaba recortar las distancias entre el centro del país y la región Caribe, se efectuó en 2010, y se determinó que la multinacional brasileña lo adquirió por medio de sobornos. Fue este mismo escándalo de corrupción el que salpicó a altos dirigentes que están hoy en el ojo de las autoridades, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos.
El laudo arbitral acabó el intento de conciliación entre el Gobierno colombiano y los bancos que financiaron la construcción de la Ruta del Sol 2. De acuerdo con la decisión, la Concesionaria Ruta del Sol, conformada en su mayoría por Odebrecht, Episol de Corficolombiana y CSS Constructores, obtuvo el contrato mediante irregularidades, «abuso y desviación de poder», como el pago de 6,5 millones de dólares al entonces exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, con el fin de que este les garantizara que nadie más se quedaría con el negocio.
Esta decisión se conoce tras cuatro años de abierto el caso en un tribunal de arbitramento y después de dos años desde que se firmara el acuerdo para liquidar el contrato entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Ruta del Sol 2. Al mismo tiempo, el laudo también señala que la ANI deberá pagar 24 217 millones de pesos (7 millones de dólares aproximadamente) a los terceros de buena fe que participaron en las obras, que alcanzaron un avance del 52 % y que se encuentran suspendidas.
¿Por qué la decisión?
El laudo arbitral de 699 páginas estudió todo tipo de pruebas: documentos contables de las concesionarias, testimonios, peritazgos contables e incluso las declaraciones del exviceministro García Morales, conforme con los hechos de corrupción de los brasileños para entregar los sobornos en el país.
«No (se) puede aceptar una fórmula que, en la práctica, se traduzca en cohonestar que la ANI pague por la corrupción de Odebrecht y los sobrecostos de la Concesionaria y de Consol», se lee en la decisión.
El tribunal de arbitramento no acogió la tesis de Odebrecht, que llegó a tener pretensiones indemnizatorias cercanas a los 4 billones de pesos (1 169 millones de dólares).
«El laudo es una gran condena económica contra Odebrecht y la mayor sanción ética impuesta por un tribunal de justicia en América Latina», señaló el procurador General, Fernando Carrillo, al referirse al fallo.
El mismo tribunal desmintió la afirmación de la ministra de Transporte, Ángela Orozco, al señalar que se debía pagar 1,2 billones de pesos (350 millones de dólares) por la deuda que la ANI contrajo con los bancos por las obras adelantadas en uno de los proyectos de infraestructura en la Ruta del Sol 2 y que fue salpicado por corrupción.
En este sentido, el tribunal señaló que de acuerdo con los peritos Duff & Phelps que participaron en el estudio de caso, el Estado colombiano en realidad debe pagar 211 273 millones de pesos (61 millones de dólares). Es decir, para el tribunal de arbitramento la obra entregada equivale al 52 % del proyecto total y vale 4,7 billones de pesos (1 374 millones de dólares).
En las cuentas del tribunal, a través de la ANI se han hecho desembolsos por 4,5 billones de pesos (1 316 millones de dólares), de modo que solo restan por ser pagados la suma reseñada. Cabe destacar que el tribunal declaró la nulidad de todos los contratos y los otrosí adheridos al caso y que dicha decisión no tiene apelación.
