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Desde la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia, ha tenido en promedio cada dos días una protesta social. Con las recientes manifestaciones de los estudiantes a nivel nacional, se han registrado entre paros y marchas 220 movilizaciones en los 430 días de administración.
Entre las marchas más importantes se destacan: 25 de sindicatos, 15 de estudiantes, 12 de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), cuatro de mingas indigenas, cuatro de taxistas, tres de Greenpeace, tres de transportadores de carga, una marcha por la vida, una marcha por las objeciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una marcha de los cafeteros.
A esta conclusión llegó el portal de noticias Asuntos Legales, luego de preguntar a los gremios, asociaciones y sindicatos, cuántas marchas y paros han realizado desde la llegada de Duque a la presidencia. Según la encuesta, el gremio que más marchas ha promovido es el sindicato de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que desde el siete de octubre ha realizado 25 marchas. Le siguen los estudiantes, con 15 marchas y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) con 12 marchas.
Sobre las protestas y desmanes de las últimas semanas en Bogotá, el mandatario colombiano señaló que la protesta es un derecho, lo que no está permitido es el vandalismo. En el transcurso de las manifestaciones por corrupción en universidades públicas, se registró la quema de varias estaciones de Policía en Bogotá y la vandalización de las instalaciones de la empresa financiera de educación del Estado, Icetex.
«La protesta pacífica es un derecho, lo que no está permitido es el vandalismo y la violencia y claramente los que han obrado así no responden al espíritu constructivo de muchos estudiantes en Colombia», dijo.
La vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, fue más allá y sugirió que la protesta social en el país debe ser regulada, pues impide que económicamente haya progreso.
«Una cosa es la protesta y otra las vías de hecho. Es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos la semana nos está notificando que esto va a seguir», señaló.
Entre las razones que llevan a que miles de manifestantes lleguen a las calles es por corrupción, educación y derecho a la protesta. Cabe destacar que en mayo pasado, el Gobierno Duque aumentó en 4,5 billones de pesos los recursos para la educación superior pública. Sin embargo, el descontento y la polarización continua vigente y se sigue convocando marchas en las calles.
Como ha señalado anteriormente el PanAm Post, este tipo de movilizaciones tienen un trasfondo político. Uno de los mayores gremios que ejerce presión al Gobierno en materia educativa son los estudiantes y los maestros, sindicalizados a través de Fecode. Una de las razones de los permanentes paros a través de este gremio es básicamente por oposición al Gobierno. Cerca de 300 mil afiliados en todo el país lo demuestra, el nivel de presión y de paralización que pueden ejercer es notable, sumado a las presiones políticas que capitalizan las exigencias que provienen desde el sector educativo.
Sin embargo, la independencia de Fecode ha sido puesta en entredicho en más de una ocasión. En varias declaraciones y documentos oficiales han expresado su apoyo al político de izquierda Gustavo Petro, al nuevo partido de las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y también han declarado estar a favor de la «autodeterminación» de los pueblos en el caso venezolano. Sin duda, esto se aleja de la función principal de educar.
En los ocho años de Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se registró cerca de uno a cuatro paros por año. Cifra que se aleja en comparación del periodo de Gobierno de Duque y el número de protestas y movilizaciones en las calles.
¿Hay abuso del derecho?
PanAm Post habló con el abogado Ricardo Mendoza sobre las implicaciones jurídicas en la cantidad de marchas y paros en Colombia que de alguna manera entorpecen las políticas que ha venido pactando y elaborando el Gobierno colombiano.
«Es claro que muchas de estas marchas son promovidas al calor de una ideología política. Hay sectores, en este caso de izquierda, que reconocen y alientan movilizaciones desde sus redes sociales por una aparente o inexistente prestación de servicios básicos en cabeza del Estado».
Añadió, que si bien la protesta social está reconocida constitucionalmente en el país en el artículo 37, persisten las protestas.
«Un ejemplo de esto, son los acuerdos firmados entre los sindicatos de estudiantes y de profesores con el Gobierno. Parece que cada vez ven la oportunidad para exigir más cosas que presupuestalmente es difícil garantizar. Además, no hay manera de garantizar en el mismo tiempo, modo y lugar las exigencias de cada asociación de sindicatos», indicó.
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