Nuevas pruebas sobre infiltración de FARC en marchas contra el Gobierno

"Se trata de infiltrados pagados por grupos armados ilegales"

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Encapuchados durante las manifestaciones en Colombia que iniciaron el pasado 21 de noviembre de 2019. (Twitter)

Por primera vez un gobierno local de izquierda en Colombia reconoce la infiltración de células de las FARC en las manifestaciones intermitentes que se han desarrollando en el país desde el pasado 21 de noviembre.

La alcalde de Bogotá, Claudia López, afirmó que las FARC estaría pagando a vándalos para alterar las manifestaciones en las calles y tornarlas violentas: «No se trata de personas que se alteraron un día y salieron a hacer desmanes. Se trata de infiltrados pagados por grupos armados ilegales».

Las manifestaciones del 21 de enero en la capital colombiana fueron particularmente violentas. La jornada de protestas estuvo caracterizada por su bajo poder de convocatoria y por la violencia ejercida contra las autoridades de Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) a raíz del protocolo implementado por la administración de López, que consiste en utilizar como último recurso a la Fuerza Pública para retomar el orden público.

La alcalde añadió que «casi todos ellos, los seis que estamos judicializando en este momento, fueron reclutados por grupos armados ilegales o residuales de las extintas FARC».

Asimismo, la mandataria anunció que la investigación continúa para determinar si hay guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) «haciendo vandalismo y violencia, aprovechándose de las marchas legítimas sociales». Con el fin de proteger la investigación, López sostuvo que por el momento no revelará las pruebas que se tienen, pero que está al tanto de los detalles y que espera la decisión del juez sobre el caso.

Cabe destacar que anteriormente el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, había advertido sobre la incursión de organizaciones armadas y de narcotráfico en las diferentes manifestaciones en el país. El alto oficial manifestó en diciembre pasado mientras el país vivía una fuerte tensión en las calles que estas organizaciones le estarían pagando a los vándalos la suma de 1780 dólares (seis millones de pesos aproximadamente) para atentar contra la propiedad privada y fuerza pública.

Las capturas de la Fiscalía a guerrilleros de FARC

Las autoridades adelantan la legalización de cargos contra Víctor Hugo Ruíz, Yeison Franco, Jaime Hernando Olarte, Yeiner Avendaño, Julio Martínez alias «Pericles» y David Rabelo Gutiérrez, acusados de haberse infiltrado en las marchas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados harían parte de las células urbanas de las FARC y estarían relacionados con los frentes uno, siete y diez. A tal punto de haberse reunido con el jefe guerrillero alias Gentil Duarte, primer disidente de la organización guerrillera luego de haberse firmado el acuerdo con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2016.

Según la investigación, Gentil Duarte tendría planes de organizar y conformar las células urbanas del grupo armado en localidades de Bogotá como Usaquén y Bosa, así como en el municipio de Soacha, a tan solo unos minutos de la capital colombiana. La tarea de los capturados estaría concentrada en reclutar nuevos miembros en universidades y centros educativos que estuviesen dispuestos a afectar a los agentes de la fuerza pública lanzado papas bomba y ejerciendo toda clase de violencia en las calles.

Entre los nombres de las instituciones que fueron utilizadas para el reclutamiento figura la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y el Colegio Mayor de Cundinamarca. A los nuevos integrantes se les adoctrinaba en cátedra bolivariana. Luego de esto, al parecer los jóvenes eran llevados a campamentos en el departamento de Arauca, donde terminaba el proceso de reclutamiento.

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