La política económica española: deuda, deuda y más deuda

A partir de un 90-100 % de deuda pública sobre el PIB el impacto sobre el crecimiento económico se torna negativo

Volvemos a toparnos con una situación en la que se prevé seguir ensanchando el gasto, así como la deuda. (Efe)

En los últimos años, desde la crisis de 2008, muchas han sido las políticas aplicadas por los distintos gobiernos que se han ido encontrando en el poder, pero pocas las reformas que debían haberse aplicado y que, por cuestiones meramente políticas y de interés partidista, no se han impulsado. La situación para España, tal y como reflejan nuestras cuentas públicas, es insostenible, pero pese a eso, seguimos con un Gobierno que, no solo hace caso omiso a las advertencias de los economistas y los distintos mandatarios en Europa, sino que pretende seguir con el mismo modus operandi que el conjunto de antecesores que a este le preceden. Con una diferencia: la situación ha llegado a un límite en el que dichas intenciones ya hacen sonar las alarmas en sede comunitaria.

En este sentido, nos estamos refiriendo a una situación que lleva arrastrando la economía española desde hace años. Con la crisis de 2008, que propició el gran estallido en 2012, la economía española quedó duramente deteriorada. El rescate al que tuvo que someterse obligó al Gobierno de entonces, Mariano Rajoy, a incrementar el nivel de apalancamiento del país hasta niveles excesivamente altos, para aquel entonces, situándola deuda en torno al 86 % del PIB. Todo ello, con una subida del déficit que llegó a situarse en torno al 10 %. La situación que atravesaba nuestra economía y la incapacidad de contener los efectos de una crisis, en aquel entonces, sin precedentes en lo que a su magnitud se refiera, obligó al país a tomar medidas excepcionales que, a través del rescate, le permitiesen salir de un atolladero del que solo no hubiera podido salir.

Así, tras diversas reformas que vinieron impulsadas por la Unión Europea (UE) y en forma de condiciones por el rescate prestado, la economía española comenzó a recuperar su dinamismo. La flexibilidad que solicitó la UE para nuestro mercado laboral comenzó a dar sus frutos, relajando los niveles de crecimiento exigidos para crear empleo y facilitando la contratación mediante la creación de nuevos contratos que, pese a deteriorar la calidad del empleo, le permitieron al país crear trabajo a un mayor ritmo y con un menor crecimiento. La curva que establece la ley de Oku así lo refleja. Junto con ello, la política no convencional, la política expansiva, que estaba aplicando la Unión Europea, hizo que el PIB en los países de la Zona del Euro comenzase a dinamizarse, recuperando tasas de crecimiento que, en años previos, se habían perdido por completo.

Con una asimetría clara, la UE comenzó a recuperarse. Mientras que unos países como Alemania comenzaban a despegar, otras economías como España se vieron más retrasadas en ese despegue, llevándonos casi nueve años la recuperación de una economía que, lejos de ser la alemana, mostraba una mayor ralentización en la recuperación. Sin embargo, la economía despegó y pese a no recuperar los niveles previos a la crisis de 2008, en los años pasados, durante la recuperación, sí pudimos ser testigos de unos niveles de crecimiento económico que llegaron a situarse en el 3 % interanual. En este sentido, unos niveles de crecimiento bastante considerables para una economía desarrollada como la española.

A pesar de ello, y como ha ocurrido con todos los Gobiernos que han pasado por Moncloa, la buena marcha de la economía, en una recuperación que ya parecía que se materializaba, impulsó el gasto de unos gobiernos que, en aras de seguir ensanchando nuestro estado de bienestar, o al menos es lo que comentaban, seguían incrementando el gasto público hasta niveles en los que el endeudamiento era la herramienta que permitía dicha situación. Una que con el paso del tiempo fue acrecentando el volumen de nuestra deuda hasta que, ya desde el 2014 y tras el rescate, se llegó a situar en un nivel superior al 100 % del PIB.

No obstante, ese ensanchamiento del estado de bienestar, pese a la recuperación económica que comenzó en 2014, llevó a que el volumen de deuda se mantuviese estable. Para hacernos una idea, en casi seis años de crecimiento continuado de la economía española, creciendo a un ritmo medio del 2 %/3 %, los gobernantes en el país no han sido capaces de reducir el nivel de deuda por debajo del 95 %. De hecho, cuando la economía española se vio inmersa en la crisis del coronavirus, la deuda, como decíamos, se situaba en el 95,5 %. Un nivel que, contrastándolo con un crecimiento del 2 % del PIB, no fuimos capaces de reducir, ya que como decíamos, el incremento del gasto público y los compromisos políticos seguían engordando y cebando al país con un pienso que, como ocurre ahora, nos pasa factura.

Para hacernos una idea y poder contrastar con otros países como Alemania, por ejemplo, estos fueron capaces de, con un crecimiento similar al que mostraba la economía española —incluso menor—, reducir su nivel de deuda desde el 81 % en relación con el PIB en 2012, a un 59 % sobre el PIB, como cerraba el ejercicio pasado. Holanda, por su parte, pasó de unos niveles que rondaban el 70 % del PIB a fecha de 2012, a un 48 % al cierre de 2019. Como vemos, una situación que muestra esa nefasta gestión a la hora de ser responsables y aplicar políticas acertadas. Pues, el ensanchamiento del gasto nos ha llevado a una situación de malestar que, como ha vuelto a ocurrir, obliga a los gobernantes políticos a solicitar el rescate europeo, de nuevo, para enfrentar una crisis que, de hacerlo solos y con semejante nivel de deuda, hubiese llevado al país al más absoluto desastre.

De esta manera, la economía española, tras la ayuda europea que pretende llegar, prevé situarse en un nivel de deuda que, tras disiparse la tormenta, se encuentre en el 122 % sobre el PIB. Un nivel de endeudamiento que obligaría a España a rebajar su endeudamiento con un ajuste megalómano que, en aras de recuperar la normalidad previa, recorte ese gasto público que tanto nos compromete. Sin embargo, como decíamos al inicio, para sorpresa de los economistas, el Gobierno no solo no pretende reducir el gasto, sino que prevé ensancharlo aún más. De esta forma, cumpliendo con los compromisos políticos y obligando a la ciudadanía española a tener que afrontar dicho gasto con una subida de impuestos que, siendo bastante notable para las rentas españolas, se sigue mostrando insuficiente como para financiar nuestro gasto y, además, reducir la deuda.

Además, si a esto le sumamos la contracción que prevé la economía española, estamos hablando de una situación que, ante un deterioro tan intenso como prevén los distintos organismos multilaterales, la coyuntura no muestra una buena marcha de la economía española, así como una rápida recuperación mediante la que, con un crecimiento económico óptimo, comenzar esa reducción de deuda tan necesaria. Como dirían algunos economistas de corte liberal, la economía española, así como otras economías que no hemos comentado, siguen nadando en mares de deuda que comprometen el futuro de las economías. Sin embargo, en el debate fácil, el miedo por aplicar reformas de peso y comenzar a reorientar al país por el sendero correcto, sigue siendo una máxima para el Gobierno de España. Un Gobierno que prometió “el oro y el moro”, pero que no quiere toparse con la realidad que muestran las cuentas públicas.

Es importante resaltar esta situación, pues, como bien dice José Francisco López, investigador en Civismo y redactor jefe de Economipedia, los estudios sobre la deuda que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyen con interesantes resultados que muestran lo siguiente: “los estímulos económicos a través del aumento de deuda pública dejan de tener efecto a corto plazo a partir de una ratio deuda pública/PIB del 60-70 %. Es decir, que si el nivel inicial de deuda está en esos niveles, aumentar más la deuda no genera crecimiento adicional a corto plazo. Además, a partir de un 90-100 % de deuda pública sobre el PIB el impacto sobre el crecimiento económico se torna negativo. Concretamente, por cada 1 % de aumento de deuda pública en esos niveles, podría reducirse el crecimiento en 0,10%”.

En conclusión, estamos ante un escenario bastante complicado. La situación que muestra la economía española refleja, además de haber sido uno de los mayores escollos durante la pandemia, la necesidad de reducir nuestro nivel de endeudamiento para, ya no solo controlar la situación y salvaguardar la capacidad de actuación de nuestra economía ante shocks económicos, sino también para cumplir con unos compromisos que, ante la actuación de los políticos en el país, han provocado grandes tensiones dentro del bloque comunitario europeo. Sin embargo, pese a todo, volvemos a toparnos con una situación en la que, como decíamos, se prevé seguir ensanchando el gasto, así como la deuda, siendo el objetivo que gobiernos futuros afronten el pago de unos platos rotos que, hasta el momento, ningún Gobierno ha querido pagar. Sin embargo, la condicionalidad europea y las tensiones que ya comienzan a florecer podrían frustrar el sueño del Gobierno vigente, el cual, de no salir del Gobierno, podría tener que enfrentarse a uno de los mayores ajustes de gasto de la historia; en consecuencia, incumpliendo promesas que pretendían seguir comprometido nuestro gasto hasta niveles insospechados.

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