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No es por 13 mil millones de Euros en impuestos que la Comisión Europea atacó a Apple el mes pasado; es para obligar poco a poco a todos los Estados miembros a cobrar las mismas tasas de impuestos, fijadas e interpretadas por los burócratas de Bruselas sin parlamentos electos o tribunales autónomos.
Los eurócratas pretenden destruir el sistema de bajos impuestos que con sus reformas de mercado hicieron de Irlanda un éxito económico indiscutible. Es un primer paso para impedir la competencia tributaria, pues no pueden prohibir el acceso al mercado común de productos y servicios de empresas establecidas en cualquier Estado miembro, por lo que es posible producirlos en los Estados que tengan menor presión fiscal y venderlos en toda la UE . Aunque ahora intente negarlo retroactivamente Margrethe Vestager, la comisionada danesa que multó a Apple, se pueden registrar y tributar en un Estado miembro ventas realizadas en otro. No es novedad.
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De hecho lo común es que los impuestos corporativos se tributen donde se genera el valor. El valor de Apple se generó primero en California, sede de su investigación y desarrollo, y luego en la manufactura y servicio local de Irlanda. Apple está entre dos frentes: de una parte se niega a repatriar a los EE.UU. por considerar demasiado altos los impuestos, y de la otra la UE ataca el sistema irlandés de baja tributación al ordenar a Irlanda que cobre retroactivamente 13 mil millones de euros a Apple.
La presión de Apple por impuestos más bajos en EE.UU. por el momento no hizo al fisco estadounidense aliado de Bruselas. Para sorpresa de los eurócratas, una semana antes de la orden de la Comisión Europea, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la Unión Europea de actuar como autoridad fiscal supranacional por sus investigaciones contra multinacionales como Apple, Fiat o Starbucks.
La Comisión respondió que las normas comunitarias impiden conceder ventajas fiscales a una empresa sin que estén disponibles para sus competidores, pero en Irlanda cualquier empresa establecida bajo el mismo régimen que Apple tendría acceso a esas ventajas. Por lo tanto, es transparente que obligar al Estado irlandés a cobrar impuestos más altos tiene por objeto encarecer el empleo, los productos y los servicios producidos en Irlanda. a fin reducir la competitividad de Irlanda hasta neutralizarla como competencia de baja tributación con acceso al mercado común.
El economista alemán Philipp Bagus, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos de España, explica en su libro La tragedia del euro cómo el manejo de la moneda común obliga a las economías más dinámicas a subsidiar a las poco productivas. De tal manera estimula la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento irresponsable de la periferia. Mientras tanto, el euro causa el empobrecimiento relativo de los más productivos tras ceder la soberanía monetaria a un proyecto de Estado supranacional que dejó de lado el exitoso modelo del mercado común europeo, sobreponiendo una gigantesca estructura política supranacional de planificación centralizada.
Bagus indica que hay un importante paralelismo entre lo que empieza ahora con Irlanda y lo que hicieron con el Euro:
Es la soberanía fiscal lo que están atacando realmente. Empiezan con Apple en Irlanda, pero el objetivo real son todos los Estados miembros. Quieren acabar con la soberanía fiscal para neutralizar la competencia tributaria entre Estados miembros. Su proyecto es un supraestado europeo.
Coincido con Bagus. Los burócratas de Bruselas han iniciado una campaña de largo plazo para confiscar la soberanía fiscal de los Estados integrados en la UE. El primer blanco tenía que ser Irlanda por tener los impuestos corporativos más bajos y regulaciones favorables a la inversión. Irlanda basó su prosperidad dentro de la UE en esas reformas.
Ricardo Manuel Rojas, catedrático de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, explica que el caso contra Apple e Irlanda es
muy grave, porque se va convirtiendo en un argumento más para quienes ven a la Unión Europea más como un lastre que como una ayuda. Fue buena para permitir el libre comercio y circulación de personas, capitales, trabajo y mercancías, pero con el tiempo se ha convertido en un elemento de sobre regulación, que ha impedido que ciertos países puedan ofrecer condiciones ventajosas para su propio desarrollo.
Cuando se pretende igualar a varios desiguales la única forma de hacerlo es al nivel del más inepto, con la unificación de regulaciones sólo se puede nivelar al nivel del más regulado y en impuestos del más alto. Esto seguramente desalentará inversiones en Europa, pero el debate deberá darse al interior de los países comunitarios para definir si quieren mantener aquel acuerdo de libre circulación y comercio que tanto bien les hizo en su momento al eliminar barreras, o si quieren crear una autoridad supranacional que se convierta en el nuevo regulador europeo, lo que será muy malo para los países que tienen mayores expectativas de progreso, y seguramente desalentará inversores.
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Adicionalmente Rojas explica que
la aplicación retroactiva de criterios como estos incrementa notoriamente la inseguridad jurídica, pues ya no es cuestión de poder invocar derechos adquiridos ante los tribunales locales, sino una imposición de naturaleza mixta, jurídica y política muy difícil de levantar. No veo que exista un tribunal superior para estos casos, y habría que ver si considerando a la Unión Europea como un estado supranacional, Irlanda podría demandarlo como Estado ante la Corte Internacional de Justicia, pero lo veo difícil.
En conclusión, la Comisión Europea pretende rehacer retroactivamente la legislación tributaria de Irlanda como un primer paso hacia una unificación fiscal y regulatoria que desalentará inversiones, promoverá desinversión y debilitará la competitividad europea a la largo plazo. Pero eso poco les importa a los eurócratas, cuyo objetivo no es otro que imponer un supraestado de bienestar con altos impuestos y severas regulaciones unificadas en un modelo financieramente insostenible y económicamente inviable a largo plazo.
Sueñan con una especie de Unión Soviética del consenso socialdemócrata, que antes de nacer ya muestra un severo déficit de transparencia y un incremento exponencial de la inseguridad jurídica. Es uno de los efectos negativos que esperábamos del Brexit, no para Gran Bretaña, sino para una Unión Europea. Sin el ancla británica, la eurocracia inició la peligrosa deriva intervencionista hacia un insostenible supraestado de bienestar.
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