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El domingo dos de octubre los colombianos rechazaron el acuerdo de paz negociado entre el presidente Juan Manuel Santos y las Farc en Cuba. El resultado fue de 50,21 % a favor del No y 49,78 % que votó el Sí.
Podría parecer que la diferencia entre ambas posturas es mínima. Pero no es así. En una elección el sentir popular se expresa de varias maneras, una de ellas es absteniéndose de votar. Teniendo en cuenta que en el mencionado plebiscito el 63 % de la población no acudió a las urnas, eso significa que únicamente el 18 % de los colombianos apoyaron el Sí. Es decir, una ínfima porción.
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Por otra parte, teniendo en cuenta la relevancia del tema, es imposible atribuir dicha actitud a la indiferencia. Por consiguiente, la interpretación lógica es que esas personas con su abstención, emitieron un potente mensaje hacia aquellos que negociaron el acuerdo: no les tenemos confianza.
Las razones son varias
El lugar escogido para negociar fue Cuba, contando con el beneplácito de los hermanos Castro que apoyaron el acuerdo, tal como prueba el hecho de que Raúl haya asistido en persona a la firma del Acuerdo Final en Cartagena. También el chavismo lo respaldó. Conociendo la forma en que ambos regímenes conciben la democracia, ese aval es una advertencia del modo en que podrían evolucionar sus instituciones republicanas si las FARC tomaran el poder.
Santos negoció el acuerdo contando con índices de aprobación muy bajos (alrededor del 29 %), por lo que su capital político era exiguo al momento de firmarlo. Por otra parte, en muchos aspectos lo negociado riñe con el sistema republicano y democrático de gobierno.
Uno de los pilares de la paz social es la garantía de que todos son iguales ante la ley. La existencia de Justicias diferentes para unos y otros, en rigor, no es justicia. En consecuencia, no es correcto afirmar que una justicia transicional permitirá la pacificación del país. Esa ley “perdona tutti” a las FARC, difícilmente será aceptada por las víctimas y sus familiares, tal como demuestra la evidencia histórica.
Recordemos que sus miembros son culpables de crímenes de lesa humanidad, torturas, abusos sexuales y reclutamiento de menores. Infamias que sobrepasan a las cometidas por las dictaduras militares latinoamericanas de las décadas de 1970-1980. También en estos países se trató de dar vuelta la página otorgando amnistía a los abusadores y el resultado no ha sido el esperado: se sigue clamando por “Verdad, Justicia y castigo a los culpables”. Eso ocurre porque hay ciertas cosas que no son perdonables.
Además, tal como expone Danilo Rojas -presidente del Consejo de Estado (corte encargada de los procesos administrativos), esa justicia transicional acareará inseguridad jurídica. Expresó su preocupación por el futuro de la acción de tutela, el concepto de cosa juzgada, la reparación de las víctimas y otros temas que pueden generar conflictos de competencias con respecto a la justicia ordinaria.
Otro de los mensajes emitidos a través del susodicho acuerdo fue, que el crimen paga, que es buen negocio. Se pueden cometer las más terribles atrocidades y no obstante, ser “premiados”. Plinio Apuleyo Mendoza (escritor, periodista y diplomático colombiano) en una carta abierta a Mario Vargas Llosa detalla lo que obtendrán los FARC:
Quedarán eximidos del pago de cárcel a pesar de los atroces delitos que cometieron durante más de 50 años; tendrán 26 curules efectivas en el Congreso, 31 emisoras de radio, canal de televisión, un caudaloso presupuesto para la difusión de su plataforma ideológica y ocuparán vastas zonas de concentración en el país, sin presencia de la Fuerza Pública, y que de hecho se convertirán en pequeños estados independientes para propagar su proyecto socialista.
Mendoza expresa que además, “las FARC constituyen el tercer cartel mundial de la droga y que no van a renunciar a su millonario negocio. La prueba es que en los dos últimos años de negociación, los cultivos de coca se han duplicado en el país, pues el Gobierno suprimió la fumigación aérea”. Eso significa que el narcotráfico tendría sus propios representantes en el parlamento.
Uno se pregunta: ¿qué sentido de la democracia surge del mencionado acuerdo? ¿Otorgar escaños parlamentarios que no responden al voto popular?
Varias de las actitudes de los líderes de las FARC delatan ese desprecio hacia la democracia y que para ellos no es más que un mecanismo para obtener el poder total, a la manera de Hugo Chávez y acólitos. Aceptaron la realización del plebiscito convencidos que ganaba el Sí por amplia mayoría (así lo indican las encuestas), pero no por auténtica convicción democrática.
Así lo delata el triunfalismo que mostraron al firmar el acuerdo. Lo revela el comunicado que emitió su jefe máximo Rodrigo Londoño, alias “‘Timochenko’, tras conocerse que una mayoría manifestó no estar de acuerdo con el pacto firmado. En un video publicado en línea declaró con arrogancia, que el resultado del plebiscito no tiene efectos jurídicos y que debe ser implementado a pesar de los resultados adversos en los comicios.
El acuerdo fue negociado entre élites sin participación de la sociedad civil. La paz era un objetivo extensamente anhelado, pero… ¿a cualquier precio? ¿Sería pan para hoy y hambre para mañana?
Ese sentir fue expuesto por la colombiana Andrea Ardila. Ella declaró que quedaba:
La sensación de un acuerdo no justo para el colombiano común, para los que vivieron atrocidades, para los que de una u otra manera sentían que no podía haber crímenes de lesa humanidad sin un pago mínimamente justo […] y no de pronto una sensación de paños de aguas tibias para crímenes tan complicados.
Por su parte el secretario general de la OEA Luis Almagro, escribió en su cuenta Twitter que «Es clave que el proceso de paz llegue a todos los colombianos, incluyendo al 60 % que no votó. Apoyamos diálogo incluyente. La Paz es obra de todos».
En conclusión, constituyó una buena noticia para Colombia la no aprobación del pacto firmado y una oportunidad para que la paz se cimente sobre bases más sólidas.
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