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La crisis política en Brasil está cada vez más aguda. El último episodio de esta tragedia nacional, ocurrió el miércoles de la semana pasada. Esa noche, el diario O Globo publicó el contenido de una conversación mantenida entre el presidente Michel Temer y Joesley Batista, uno de los dueños del frigorífico JBS. Del diálogo mantenido entre ambos, parecería surgir que Temer aprobó sobornar al ex presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, con el fin de comprar su silencio.
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Cunha purga en prisión una condena de 15 años por reiterados actos de corrupción, delitos que cometió en el contexto del “Lava Jato”. En la conversación se escucha a Batista decir que busca «favores» para JBS en ministerios, que recibe información por adelantado sobre investigaciones y que le pasa una generosa mensualidad a Cunha para que este no se acoja a la delación premiada establecida por la Justicia.
Temer asiente o escucha en silencio, lo que induce a pensar que él aprobó ese tipo de conducta ilícita.
En base a la información divulgada por O Globo, la fiscalía general de Brasil acusó a Temer de intentar frenar el avance de la Operación Lava Jato. En consecuencia, cursó un pedido de investigación al Supremo Tribunal Federal -el de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial- que fue aceptado.
El documento de la fiscalía no se limita a acusar solamente a Temer (derecha), sino que incluye a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), Dilma Rousseff (izquierda) y a Aécio Neves (derecha), contrincante de Rousseff en las elecciones presidenciales de 2014.
La fiscalía expresa lo siguiente:
«Se verifica que Aécio Neves, en articulación, entre otros, con el presidente Michel Temer, buscaron impedir que avancen las investigaciones de Lava Jato, sea por medio de medidas legislativas o por medio del control de nombramientos de los comisarios de la policía que conducirían las investigaciones […] De esta manera, se vislumbra igualmente la posible práctica de crimen de obstrucción a la Justicia».
Las acusaciones se realizan en base a las delaciones premiadas de ejecutivos del gigante de la alimentación JBS, una de los mayores frigoríficos del mundo.
Por ejemplo, confesaron que pagaban sobornos a Temer desde 2010. Además, Batista declaró a la Justicia que a fines del año pasado –siendo Temer presidente- acordó con el diputado Rodrigo Rocha (muy cercano al mandatario) que, a cambio de la licencia para operar, le pagaría una comisión del 5% sobre la facturación de una empresa eléctrica de JBS.
Con respecto a Lula y Rousseff, los directivos de JBS afirmaron que desde 2005, ambos ex mandatarios les facilitaron la obtención de multimillonarios créditos del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Esa entidad bancaria también está siendo investigada porque se la considera parte de la trama corrupta relacionada con Petrobras. Batista confesó que esos créditos “privilegiados”, fueron los que permitieron la expansión de su compañía.
Al explicitar el modus operandi, Batista dijo que el ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, era el mediador en las negociaciones entre los directivos de JBS y Lula o Rousseff, según fuera el caso. El mismo rol tuvo Mantega, en los negociados entre los mencionados ex mandatarios y la empresa constructora Odebrecht, favorecida con contratos acomodados con la petrolera estatal Petrobras.
Según JBS, a Lula le entregaron US$ 50 millones y a Rousseff US$ 30 millones. Ese dinero, cuya fuente habría sido los sobornos mencionados, era depositado en cuentas en el exterior.
Los testimonios difundidos por el Tribunal Supremo, también salpican a cuatro ministros del actual gobierno, a decenas de parlamentarios y a dos gobernadores. Desde que se inició la operación Lava Jato hace tres años, han sido encarceladas más de 120 personas: autoridades, políticos renombrados y empresarios poderosos.
De la situación planteada surgen dos conclusiones: Por un lado, que las instituciones –principalmente el Poder Judicial y la prensa independiente- están funcionado adecuadamente. Esa es una excelente noticia, y la base para emerger desde fundamentos más éticos. Y por el otro, que en Brasil la corrupción -en mayor o menor medida- contaminó a todos los órganos de gobierno y a todos los partidos políticos, tanto de Derecha como de Izquierda.
La gente, presa de justa indignación, ha vuelto a manifestar en las calles exigiendo la renuncia de Temer y “elecciones directas ya”.
Pero, actuar sobre caliente nunca es buena idea. Ya se sabe que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Y en este momento, el mayor peligro es Lula. No debería pasar desapercibido que él es uno de los mayores impulsores de las elecciones directas “ya” y que utiliza sofismas para fundamentar su postura. Su artero objetivo es oscurecer la discusión acerca de lo que realmente está en juego, con el fin de confundir a los ciudadanos.
Lula –imputado en cinco causas penales por presunta corrupción- afirmó que no “descarta” ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Arengó a sus partidarios diciendo: “Lo que queremos es la elección directa. Queremos que Temer se vaya ya. Podemos hasta perder, pero que sea en un proceso democrático».
Frente al complejo escenario existente, los brasileros deberían “bajar la pelota al piso”. Antes de pensar en nuevas elecciones, deberían tomar conciencia de que lo prioritario es desenmascarar al germen de la corrupción. Si no toman conciencia de las razones por las cuales está tan extendida en su país, ella asumirá un nuevo rostro y seguirá tan rampante. Además, existe el riesgo de que a raíz de lo acontecido, se debilite al poder judicial y a la prensa libre.
La síntesis de lo ocurrido nos brinda pistas que ayudan a dilucidar la cuestión. Vemos que la corrupción está estrechamente ligada a:
- La exigencia de licencias para operar en ciertas áreas de la economía.
- La existencia de empresas estatales monopólicas.
- La existencia de bancos estatales de “desarrollo”.
- La facultad que tienen las autoridades de otorgar “concesiones” en forma discrecional.
Se podría argumentar que en las empresas y bancos privados también ocurren ilícitos. Es verdad. Sin embargo, hay una gran diferencia: cuando un privado comete uno, va a la cárcel; cuando lo realiza un político, lo nombran ministro y, últimamente, hasta presidente de la república…
Por tanto, es claro que las fuentes de la corrupción son la intervención del Estado en la economía y las empresas estatales. Si los brasileros achicaran o eliminaran las mencionadas áreas, en la misma proporción, la corrupción menguaría.
Obviamente que eso llevaría cierto tiempo. Además, es necesario “sanear” por completo al ámbito político.
¿Qué proponemos? Que Temer y los demás involucrados en las denuncias de corrupción, sean apartados de cargos de poder y se instale un gobierno provisorio. Este debería regir durante el tiempo suficiente como para amputar todos los “lazos” de corrupción. La jefatura debería estar en manos de alguien con moral incuestionable -preferentemente que no sea político- que despierte consenso general.
Pasado el período de “cuarentena” política, con los ánimos calmados y teniendo tras las rejas a los culpables de corrupción, entonces se puede convocar a elecciones generales.
A nuestro entender, ese sería el camino más aconsejable para Brasil si realmente desea convertirse en una potencia mundial y en una república saludable.
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