La conducta de Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, frente a la dictadura venezolana podrá asombrar. Resulta incomprensible que, a pesar de los brutales atropellos del régimen chavista a los derechos humanos, el presidente uruguayo asuma una actitud oscilante entre el apoyo y la condena.
Por ejemplo, el Gobierno uruguayo —junto a más de una docena de sus pares latinoamericanos—, firmó un comunicado lamentando las muertes ocurridas en Venezuela durante la oleada de marchas antigubernamentales y solicita la liberación de los presos políticos. Asimismo, exhorta a Nicolás Maduro a convocar a elecciones.
En ese texto, se manifiesta el “compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Carta Democrática Interamericana”.
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Pero simultáneamente y a pesar de la obvia ruptura del orden constitucional venezolano, el Gobierno uruguayo ordenó a su embajador ante la OEA, que rechace votar la suspensión de Venezuela cuando ese organismo analice tal posibilidad, en aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Otro hecho llamativo ocurrió cuando Vázquez declaró en Alemania que en Venezuela hay democracia. Justificó su postura argumentando que allí hay “tres poderes y los tres poderes están funcionando”.
Sin embargo, para aquellos que han seguido la trayectoria de Vázquez a lo largo del tiempo, su forma de actuar no resulta sorprendente.
Desde esa perspectiva, no sería justo afirmar que a Vázquez no le importa que los derechos humanos sean violados. Pero — he aquí el quid de la cuestión—, dentro de su escala de valores ellos no son lo primordial. Eso queda comprobado al analizar su forma de proceder durante su vida.https://es.panampost.com/orlando-avendano/2017/06/14/represion-hogar-venezolanos-mascotas-muertas/
Lo que surge al seguir su periplo vital es que Vázquez actúa a favor de los derechos humanos siempre y cuando eso no afecte otros intereses personales. Además, que asume esa postura desde “la cómoda”, cuando no hay peligro. Porque cuando “las papas queman”, se mantiene lejos y a salvo.
#14Jun | Reportan varios heridos en Terrazas del Ávila por represión del régimen de @NicolasMaduro https://t.co/jDYtfidjpQ #Venezuela pic.twitter.com/4DF2ynRy42
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 14, 2017
Un somero seguimiento de su historia personal permitirá corroborar lo que estamos afirmando:
Al asumir por primera vez como presidente de la República en 2005, Vázquez se autoerigió en paladín de los derechos humanos. En función de ello, creó la Dirección de Derechos Humanos (actualmente Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República). Entre los cometidos de esa novel entidad figuraban “promover la más amplia vigencia de los Derechos Humanos” y “proponer y coordinar temas de Derechos Humanos en la región”.
Pero su conducta durante el régimen de facto (1973-1985) fue muy diferente. En ese período, Vázquez fue clasificado “categoría A”, que era la que “recibían aquellas personas que la dictadura militar consideraba que su pensamiento político era afín al Gobierno militar”.
Debido a ese “status”, ocupó importantes cargos dentro de la administración pública. Entre ellos, integró la Comisión de Energía Atómica designada por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Industria, que elegían a “personas que representan al Gobierno militar políticamente”. Encima, fue nombrado director de ese organismo, “en sustitución de un científico de renombre que fue perseguido por el Gobierno”.
También fue profesor adjunto de la Cátedra de Oncología y Jefe de Laboratorio de Radiobiología de la Facultad de Medicina, intervenida por los militares.
Un dato esclarecedor del carácter de Vázquez es que su curriculum vitae publicado en el portal de la Presidencia de la República no dice nada acerca de los cargos que ocupó en el período dictatorial.
Además, en esos años recibió becas en Francia, en el Instituto Weizman (Israel) y en Kioto (Japón). Todas estas becas fueron solicitadas o autorizadas por el Gobierno militar.
El summum de su forma de proceder durante la dictadura militar lo constituye el telegrama de felicitación y adhesión pública que le envió al teniente general Gregorio Álvarez en 1981, cuando este asumió como presidente de facto de Uruguay.
HRW: altos mandos militares de #Venezuela son responsables de violación a #DDHH https://t.co/K5JYTWmsY7 pic.twitter.com/y4txAikLBE
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 15, 2017
Por tanto, vemos que durante esa época antepuso su interés personal a la lucha por los derechos humanos.
Lo que nos interesa destacar de esa parte de su vida no es que haya tratado de sobrellevar ese oscuro período del país del modo menos traumático posible, sino que una vez que pasó el peligro y no ponía nada en juego, saliera a vestirse con ropajes ajenos. Eso es lo que a nuestro juicio resulta moralmente condenable.
Cuando en democracia Vázquez asumió la presidencia por primera vez (2005-2010), adoptó la actitud de “ahora gobernamos los puros”. Por consiguiente, había que confiar “a ciegas” en ellos. Cualquier suspicacia se consideraba “improcedente”. Lo cual demuestra no tener claro cuál es la esencia del régimen republicano.
Esa manera de pensar quedó de manifiesto en febrero de 2006, cuando a raíz de una denuncia anónima la entonces ministra de Defensa Azucena Berruti (muy cercana a Vázquez) encontró 1.140 microfilmaciones de la Inteligencia militar en el ex CGIOR (Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva). Ella fue al lugar del hallazgo y lacró la habitación en la que aparecieron. A pesar de que ese material era potencialmente muy delicado y de gran relevancia pública, Berruti se negó a que hubieran representantes de la oposición o veedores independientes que vigilaran la manipulación de esos documentos.
Por sí y ante sí, dispuso que solo ella y Vázquez tuvieran acceso al contenido de esos elementos incautados. Berruti nombró a dos personas de su estricta confianza por designación directa y sin concurso previo, para que trabajaran en la digitalización de esa información. Los contratados fueron María del Carmen Martínez (integrante de Familiares de Desaparecidos y detenida en el centro clandestino Orletti) y Jorge Tiscornia (ex tupamaro que estuvo preso entre 1972 y 1985).
Berruti fundamentó su posición con el argumento de que había muchas mentiras en las microfilmaciones, por lo que la tarea era solo para “entendidos”. Dadas las personas a las que designó, han quedado serias dudas acerca de lo que para ella significaba “entendidos”.
Así reprimieron a estudiantes de @Unimet que manifestaban de manera pacífica el #14Jun https://t.co/jDYtfidjpQ pic.twitter.com/8Vi0tjC0Qw
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 15, 2017
Por ejemplo Álvaro Rico, coordinador del equipo de historiadores que investigó sobre la dictadura, admitió que el denominado “archivo Berrutti”, que fue revisado en un ámbito tan reservado, pudo haber sido depurado. Por su parte, el senador opositor Javier García expresó que, en la desclasificación de documentos, “el Ejecutivo de entonces ya manejaba el tema a su criterio y sin garantías para nadie”.
Actualmente ese material está disperso en el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República.
Volviendo al tema de la ambigua actitud de Vázquez frente a la dictadura chavista, se manejan tres hipótesis:
- Gran parte del partido de gobierno apoya a la dictadura chavista. En estos momentos se está discutiendo la Rendición de Cuentas y, como Vázquez necesita los votos oficialistas, no quiere molestarlos.
- Por el motivo anterior, si Vázquez condena a Venezuela podría romperse la alianza gobernante. Ergo, perderían el poder en las próximas elecciones.
- Vázquez y su partido le deberían “favores” al extinto Hugo Chávez.
Posiblemente, la verdad sea una mezcla de estos tres motivos. Lo cual demostraría que la promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos no es para Vázquez lo más relevante dentro de su escala de valores.