Alerta en Uruguay por ataques a la libertad de expresión

La prensa independiente constituye el primer blanco de los gobernantes con tendencias autoritarias

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Los dictadores del pasado las liquidaban de un plumazo. (DE)

La gente no siempre tiene consciencia de lo vital que son la Justicia imparcial y la prensa independiente. En cambio los políticos sí. Es por eso que ellas constituyen el primer blanco de los gobernantes con tendencias autoritarias.

Los dictadores del pasado las liquidaban de un plumazo. Eran burdos pero francos, porque no disimulaban su propósito. En cambio los actuales son más sutiles. Hacen lo mismo pero paulatinamente; las van aniquilando pero manteniendo la apariencia democrática.

Los recursos más utilizados son la inseguridad laboral y la asfixia económica. Premiar o castigar con recursos públicos a jueces y periodistas, según se alienen con el gobierno o no.

Con respecto al Poder Judicial, el exdictador de Venezuela Hugo Chávez se inclinó por la primera estrategia. En 2004 hizo una “purga” y destituyó a más de 400 jueces. Un informe de Human Right Watch de 2008, señala que “el 80 % de los jueces venezolanos ocupaban cargos provisorios o temporales y, por lo tanto, conforme al derecho venezolano, podían ser destituidos sumariamente”.

En Uruguay, hay alarmantes indicios de que el expresidente José Mujica y el actual mandatario Tabaré Vázquez, estarían empezando a recorrer ese camino. Al Poder Judicial lo vienen asfixiando económicamente desde que declaró inconstitucionales a leyes promovidas por Mujica. Encima, el “Pepe” desacató  varias sentencias judiciales.

Por otra parte, durante la presidencia de Mujica se aprobó la “ley de medios”. Contra la misma se han presentado 29 recursos de inconstitucionalidad.

Seis meses antes de impulsarla, Mujica había declarado que “la mejor Ley de Medios es la que no existe”, y sin embargo… Eso nos brinda la pauta de cuánta credulidad debemos otorgarle a estas palabras suyas: “no es cuestión de regular contenidos […] no es que este o cualquier gobierno diga lo que es bueno o malo, lo que es o no es de calidad. No nos corresponde ese papel”.

Esta ley y otras cosas preocupantes que están sucediendo en Uruguay, nos retrotraen a la Venezuela de 2007, cuando Chávez como castigo por la independencia informativa de RCTV —el canal de televisión más popular. — no le renovó a sus dueños la concesión de la onda.

A raíz de ello, se alzaron varias voces. Una fue la de Danilo Arbilla –expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)- quien proféticamente alertó:

“La libertad de prensa es custodio y garantía de las restantes libertades y derechos. Por ello lo primero que hacen los dictadores es imponer la censura y limitar la libertad de prensa y a partir de ahí violan todas las demás libertades, desconocen derechos, actúan al margen de la ley, roban, torturan y matan. La ecuación es: menos Libertad de Prensa más impunidad”.

En 2015 Marcel Granier —a quien Chávez le usurpó RCTV—- estuvo en Uruguay invitado por Claudio Paolillo, quien era presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del semanario Búsqueda.

En una charla brindada a estudiantes universitarios, realizó un racconto del proceso mediante el cual una democracia deriva en dictadura. Explicó que lo primero que hacen es

“acabar con la libertad de expresión, porque la libertad molesta, incomoda […] Empezaron intimidando a los periodistas: los golpeaban, los maltrataban hasta el punto que en el año 2001, hablando con nuestros periodistas (en RCTV había 400), nos decían, ‘aquí no se puede trabajar’ […] como no pudieron atacando al periodista, se atacaron las programaciones”, indicó.

Igualmente destacó que “El gobierno dictó una ley para regular los contenidos de televisión, cuyo objetivo fundamental era quitarle a los medios la posibilidad de estructurar una programación ordenada. Pero eso tampoco funcionó, entonces empezaron las amenazas contra los directores y los dueños de medios: el presidente se burlaba de ellos en público, los acusaba de delincuentes, de golpistas”.

“Logró intimidar a muchos: algunos se fueron de Venezuela, otros vendieron sus medios, otros tranzaron sus líneas editoriales.”

Terminó su alocución con esta advertencia:

“Ni la libertad ni la República son derechos adquiridos. Hay que luchar por ellos, hay que prepararse para esa lucha.”

Es inquietante constatar cómo la administración Vázquez se estaría adentrando en prácticas análogas de intimidación y amedrentamiento, ante expresiones de los ciudadanos que le molestan.

Veamos:

  • Vázquez discutió a los gritos en plena calle con manifestantes. Uno le gritó “mentiroso”. Al día siguiente, 20 de febrero, en la web de Presidencia se lo escrachó mediante este comunicado: “El integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización (INC) en Kiyú, San José. Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente”.
  • Varios abogados consideran que la divulgación de esa información podría constituir un ilícito porque son datos personales.
  • Otros en cambio creen que son datos públicos. Pero “lo que sorprende es que Presidencia no lo hace habitualmente”.
  • El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo)  manifestó su “preocupación ante el manejo de información que la página web de Presidencia de la República realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país […] Cainfo desea alertar ante los efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión que esta medida del Poder Ejecutivo puede implicar al utilizar información privilegiada desde una situación de poder”.

El encargado de comunicación de Presidencia, José Luis Veiga, es el responsable de lo que se publica en el portal. Curiosamente, pocos días después de su cuestionable acción, una resolución del 26 de febrero firmada por Vázquez y el canciller, designan a su hija —Soledad Veiga, veterinaria de profesión— “ministro de particular confianza” del embajador uruguayo en Argentina, el segundo puesto en importancia dentro del escalafón diplomático, a pesar de no ser funcionaria de carrera.

La cosa no quedó ahí, sino que va tomando un cariz cada vez más preocupante. Arrieta forma parte del grupo de manifestantes conocidos como los “autoconvocados”. En estos días se está realizando la Expoactiva organizada por la Asociación Rural de Soriano. Desde hace muchos meses ese evento contaba con la declaración de “interés nacional” del Ministerio de Turismo.

Pero cuando el gobierno supo que los autoconvocados tendrían un stand allí, y que participarían en el discurso de cierre de la muestra, las autoridades ministeriales le retiraron el patrocinio. En adición, empresas estatales que tradicionalmente han apoyado con publicidad a dicha feria, esta vez se abstuvieron de hacerlo…

La frutilla de la torta es, que el gobierno abrió una licitación para contratar a una empresa para que monitoree diariamente lo que se dice en la prensa (en todas sus variantes y plataformas) sobre presidencia de la república y le informe al respecto, elaborando un “análisis cualitativo y cuantitativo”.

Como advirtió Granier, ni la libertad ni la República son derechos adquiridos, hay que luchar por ellos. Y como recalca Arbilla, se comienza por cercenar la libertad de expresión y se termina torturando.

¿Por qué esa nefasta dinámica? Porque a menor libertad de prensa, mayor impunidad.

 

 

 

 

 

 

 

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