El 1 de mayo, en gran parte del mundo se festejó el “Día de los trabajadores”. Como es habitual, hubo actos multitudinarios y discursos con reclamos y críticas tanto al gobierno y como a los empresarios.
Uruguay no fue la excepción. Por tanto, es oportuno analizar lo que viene ocurriendo en nuestro país desde que gobierna el Frente Amplio.
Los partidos de izquierda se autoproclaman “defensores de los trabajadores y de los más vulnerables de la sociedad”. Hace ya 13 años ininterrumpidos que gobiernan en Uruguay. Por consiguiente, un lapso más que suficiente para evaluar los resultados que han tenido para los sectores mencionados, las políticas públicas que han implementado sucesivamente Tabaré Vázquez (2005-2010) – José Mujica (2010-2015) – Tabaré Vázquez (2015-2020).
Nuestro análisis será objetivo. Evaluaremos si las ideas que fundamentan su accionar han dado los resultados que pretendían, o no. Esta labor es importante porque partimos de la base de que los gobernantes están bien intencionados. Por tanto, no pretendemos juzgar su ética sino sus políticas.
El concepto “proteger” puede ser interpretado desde dos puntos de vista:
1) Proteger la vida, la integridad física y la propiedad de los habitantes. Es uno de los fines esenciales del Estado y la razón por la cual los ciudadanos le otorgamos el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro del propio territorio.
Si los gobernantes no son capaces de garantizar la seguridad interna, entonces, no tiene mucho sentido su existencia. Mucho menos, el pago de los cuantiosos impuestos que nos imponen. ¿Por qué? Porque nos están cobrando por un servicio que no nos brindan.
La democracia mejorará notablemente el día en que se aplique a las autoridades la misma ley que a los privados.
2) Protección laboral, entendida como la existencia de abundantes fuentes de trabajo. La competencia entre empresas para quedarse con la gente más capaz, las obligará a elevar salarios y mejorar las condiciones de empleo.
Ahora, veamos cuáles han sido las ideas madre que guiaron el accionar de Tabaré y Mujica en estos dos planos de protección, así como los resultados obtenidos.
Al asumir Vázquez su primera presidencia, su administración defendía la idea muy de izquierda, de que la “sociedad” era la responsable de la delincuencia porque los chorros eran “víctimas”, que robaban por necesidad. Ergo, su Ministro del Interior hizo aprobar una ley mediante la cual, un elevado porcentaje de los presos quedaron libres.
También, en una actitud muy de izquierda, son renuentes a ejercer la autoridad y hacer uso de esa fuerza que legalmente le ha sido otorgada, para “no reprimir”. Eso, aunado a unas leyes sumamente benignas, ha provocado una explosión de actos delictivos.
En estos momentos en Uruguay “el crimen rinde”. Al delincuente le sale “barato” realizar sus fechorías, aunque incluyan asesinatos. Por consiguiente, están viniendo bandas delictivas a “trabajar” desde el exterior. ¡Incluso desde países tan lejanos como México!
Cómo estará la situación, que fue tema en los tres discursos pronunciados en el acto del 1 de mayo organizado por el PIT-CNT. Además, se pidió un minuto de silencio en memoria de los trabajadores asesinados en rapiñas y robos, algo absolutamente inédito.
Para calibrar bien el significado de las menciones al tema de la seguridad personal, hay que tener en cuenta que el PIT-CNT no es una gremial obrera independiente, sino un aliado político del Frente Amplio. La prueba es que la mayoría de sus dirigentes “saltan” de su actividad sindical, a ocupar importantes cargos de gobierno muy bien remunerados.
Esa actitud interesada y cómplice, se notó principalmente en el discurso de Abigail Puig, secretaria de organización del sindicato de Comercio (Fuecys). Ella proclamó enfáticamente: “Cada vez que se muere un trabajador se muere también alguien nuestro.” Pero inmediatamente responsabilizó a los empleadores por esos crímenes: “Los empresarios tienen que ver, no se hagan los distraídos en esto”. Su insólita acusación fue recibida por el público presente con aplausos y gritos de aprobación.
Por tanto -y a pesar del talante cómplice de tantos dirigentes sindicales- lo concreto es que los gobiernos del Frente Amplio no han protegido adecuadamente la vida de los trabajadores.
Ahora pasemos a analizar cómo les está yendo a los trabajadores desde el punto de vista de fuentes laborales.
En concordancia con sus fundamentos ideológicos, los gobernantes del Frente Amplio no creen en la cooperación voluntaria entre hombres libres. Consideran que el “Estado” -es decir, ellos- deben entrometerse para reglamentar y dirigir todo lo concerniente a los mercados y las relaciones entre patronos y empleados, porque “ellos saben” lo que es mejor.
Parten de la idea de que la economía es un juego de “suma cero”. O sea, lo que gana uno es porque se lo arrebató a otro. Paradójicamente, eso sucede únicamente cuando las autoridades meten su “mano visible” en los mercados otorgando subsidios, monopolios legales, aplicando el proteccionismo que origina oligopolios, o mediante los consejos de salarios compulsivos por rama de actividad.
Precisamente, las políticas aplicadas por estos gobernantes de izquierda, en pos de confusas nociones de “justicia” o para “proteger fuentes de trabajo”.
Sin embargo, lo cierto es que cuando hay libertad en los mercados, las transacciones se realizarán únicamente cuando les sirva a las dos partes. Es un “ganar-ganar”.
Por otra parte, los que son arrojados al costado del camino cuando se realizan prácticas intervencionistas, son “invisibles”. Son aquellos que quedan desocupados o no encuentran trabajo, debido a que la alianza corporativista sindicatos-gobernantes ha impuesto en el mercado laboral condiciones insostenibles, inclusive, varias absurdas. En estos tiempos de robótica, donde es factible sustituir trabajo humano por una máquina, ese peligro se potencia al máximo.
El aumento exorbitante que ha tenido el gasto público durante los gobiernos frentistas, también es una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores. Sobre todo, de los privados. En 2004, el Estado uruguayo funcionaba con menos de USD $4.000 millones, cifra que aumentó a USD $17. 000 millones en 2017.
Ese presupuesto se financia mediante aumento de impuestos, tarifas de los servicios públicos monopólicos estatales y deuda. Esto último significa más tributos y aumentos de tarifas para financiarla a ella y sus intereses.
Ergo, el sector privado se verá cada vez más comprometido financieramente. Comenzará, por no tomar nuevo personal; luego, despedirá a algunos empleados; finalmente, cerrará sus puertas con la consecuencia, de que TODOS perderán sus fuentes de trabajo.
Este proceso de destrucción de empleos ya ha comenzado y se va a ir acelerando en el futuro. Por consiguiente, una multitud quedará en la calle. Esta película ya la vimos (y sufrimos) varias veces…
Por tanto, vemos que los gobiernos de izquierda en Uruguay –a pesar de su ampulosa retórica- no protegen adecuadamente a los trabajadores. No garantizan su seguridad personal ni defienden las fuentes laborales.
Incluimos en la categoría “trabajadores”, a aquellos que han perdido su empleo y no pueden encontrar otro, debido a las políticas laborales aplicadas. Además, en este campo hay muchas injusticias porque a algunos grupos afines, las autoridades arbitrariamente les prolongan el seguro de desempleo por períodos mucho más largos que lo que marca la ley. Los demás… a llorar al cuartito…