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Frédéric Bastiat escribió un libro titulado Lo que se ve y lo que no se ve. Aunque esa obra está dirigida a los economistas, en rigor, su público objetivo son los ciudadanos.
¿Por qué? Porque en ella previene sobre los efectos perniciosos de políticas gubernamentales que se imponen mediante sofismas. La excusa más habitual es que se quiere beneficiar a los más débiles o promover el bien común. Sin embargo, el auténtico móvil suele ser el propio interés de los gobernantes y la concentración del poder en sus manos.
Con certera puntería Bastiat señala que “El Estado es la gran ficción mediante la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de los demás”. Permite expoliar porque el “truco” está en hacer creer que otros serán los perjudicados y uno el beneficiado.
En rigor, son los políticos, burócratas, sus familiares y amigos los que se llevan la parte del león.
Una de las ventajas que suelen tener los políticos es que, tal como subraya Bastiat,
“En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos el primero es sólo el más inmediato; se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros aparecen sucesivamente, no se ven; bastante es si los prevemos.
Toda la diferencia entre un mal y un buen economista es ésta: uno se limita al efecto visible; el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever (…) el mal economista persigue un beneficio inmediato que será seguido de un gran mal en el futuro, mientras que el verdadero economista persigue un gran bien para el futuro, aun a riesgo de un pequeño mal presente.”
Esa amenaza se acrecienta cuando hay móviles políticos. O sea, cuando se es Ministro de Economía o presidente del Banco Central.
Dado el tiempo que transcurre entre que se pone en vigor la medida y aparecen sus efectos nocivos, la gente no suele identificar la causa de sus desgracias. La gran ironía es que generalmente reclama “mayor intervención estatal” cuando el origen del mal es, precisamente, la intromisión de los políticos en los acuerdos voluntarios entre personas libres.
Dado que esa suele ser la dinámica habitual, es interesante observar una excepción a esa regla que se está dando en Uruguay. La bancarización compulsiva implementada por los gobernantes del Frente Amplio, está causando tantos perjuicios a los habitantes que no hay modo de desligar causa-efecto-culpables, a pesar del poco tiempo transcurrido desde que se impuso.
La ley 19.210, denominada sofísticamente de “inclusión financiera”, fue aprobada en 2014 durante la presidencia de José “Pepe” Mujica. En aquel momento las autoridades eran incapaces de controlar a la delincuencia. Especialmente las rapiñas y los robos estaban aumentando en forma considerable.
La “solución” encontrada por los gobernantes a su ineptitud, fue “sacar el efectivo de la calle”. La promovieron como herramienta para aumentar la protección ciudadana. Su fundamento fue que había que sacrificar algo de libertad en aras de mayor seguridad.
Las autoridades establecieron compulsivamente el pago de sueldos, honorarios, jubilaciones, pensiones y la mayoría de las transacciones comerciales mediante intermediación bancaria electrónica. Alegan que el objetivo es “permitir el acceso universal de toda la población a los servicios financieros básico y posibilitar su efectiva utilización, así como transformar y modernizar el funcionamiento del sistema de pagos”. Afirman que quieren favorecer principalmente a los hogares de menores ingresos y a los micro y pequeños empresarios al extender el uso de los medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo. Asimismo, aseguran que la inclusión financiera es sinónimo de comodidad.
Ahora contrastemos la “dichos” de los gobernantes con los resultados obtenidos:
Hay mucho enojo con esta imposición gubernamental porque quita libertad y privacidad a los individuos. Incluso, los supuestos beneficiados por esta ley -los pequeños empresarios- están recolectando firmas para derogarla.
La gente se queja por la incomodidad que le significa esta bancarización compulsiva. Reclama porque son escasos los puntos de extracción y por las limitaciones que imponen los cajeros. Por ejemplo, sólo se puede sacar múltiplos de 100, se cobra por retiro a partir de las ocho veces por mes y suele faltar efectivo en los cajeros.
Pero lo más aberrante ha sido el efecto que esta medida ha tenido sobre la seguridad pública y sus consecuencias sobre la vida diaria de la gente.
Lo que está aconteciendo parece una comedia de enredos:
Jorge Vázquez, subsecretario del ministerio del Interior -hermano del presidente Tabaré Vázquez y uno de los responsables de la seguridad pública- declaró en 2016 que la inclusión financiera impulsada por el gobierno incidió en el aumento de las rapiñas: aumentaron 50% en comparación con 2015.
Declaró que “el principal objetivo de ese programa, disminuir la cantidad de dinero en efectivo en la calle y digitalizar las transacciones económicas, generó que los delincuentes tengan ahora más dificultades para conseguir dinero, y deban recurrir entonces a más cantidad de asaltos para compensar esa pérdida”.
Esa situación llevó a que los delincuentes se centraran en los cajeros automáticos donde hay efectivo en abundancia. Desde setiembre de 2017 hasta octubre de 2018 hubo 62 destruidos para ser saqueados.
La reacción del gobierno ante su incompetencia para evitar esos robos, fue decidir que muchos cajeros fueran cerrados durante la noche. Además, varios de los destruidos no fueron repuestos o demoraron días en hacerlo, con los perjuicios que eso acarreó a los vecinos que no tenían cerca dónde retirar el dinero que necesitaban.
Por su parte el estatal Banco República dispuso que «por razones de seguridad», los cajeros que «están más expuestos a acciones delictivas» y que no cuentan con el sistema de entintado «no dispensarán billetes y no recibirán depósitos» entre las 19:00 y las 9:00 horas de la mañana siguiente.
Por idénticas razones, algunas estaciones de servicio pretenden quitar los cajeros automáticos que están dentro de sus instalaciones.
En las pequeñas localidades del país donde hay un solo cajero, esa situación provocó grandes contratiempos y molestias a los ciudadanos. El colmo es que en una de las principales ciudades turísticas de Uruguay – La Paloma- se decidió que por razones de “seguridad”, hubiera un único cajero que dispensara dólares y sólo estaría abierto en el horario bancario de atención al público. Incluso durante ese breve intervalo, es frecuente que se queden sin dinero. Es de imaginar la “alegría” que esa situación está provocando entre los turistas extranjeros que optaron por veranear allí…
Tal como expresa el senador opositor Javier García, “Como no puede parar los robos, cierra los cajeros o los deja medio día (…) La ley de inclusión financiera obligatoria implica la bancarización no voluntaria, usar siempre cajeros, bancos e instituciones. Obliga a usar un sistema el cual el Estado no puede garantizar en su seguridad. Manda a pasar por el cajero, pero los cierra”.
Por tanto, no se han cumplido los “nobles” objetivos pregonados por el gobierno. Lo que sí obtuvo, es un mayor control sobre la vida de los ciudadanos. Ese parecería haber sido el objetivo principal buscado.
La bancarización compulsiva en Uruguay ilustra cómo ante su propia incapacidad para cumplir con sus responsabilidades básicas, el gobierno reacciona cercenando libertades individuales. El resultado es que el problema se agrava. Sin embargo, las autoridades no dan marcha atrás ni reconocen su culpabilidad.
Pero en este caso, los ciudadanos lo tienen claro.
