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El gobierno saliente de Uruguay, encabezado por Tabaré Vázquez, está nervioso. ¿Por qué? Porque como su partido, el Frente Amplio, perdió las elecciones, es muy posible que cosas non sanctas relacionadas con su accionar emerjan a la luz pública. Ese temor se acrecentó cuando el presidente electo, Luis Lacalle Pou, anunció que va a realizar auditorías “a lo largo y a lo ancho de toda la administración pública”.
De todos los temas “oscuros” que han sucedido durante estos quince años en que gobierna la izquierda en Uruguay, el que indigna más, es la protección internacional que le han brindado Vázquez y José “Pepe” Mujica a la dictadura cubano-chavista que asola a los venezolanos.
Las suspicacias aumentan ante la actitud de la administración Vázquez, que prefiere cubrirse de ignominia (al tirar por la borda la tradicional política exterior uruguaya de defensa de la democracia y los derechos humanos) antes que “molestar” a Nicolás Maduro.
Actualmente, ese proceder se le ha complicado. Estando en el período de transición en la entrega del poder, los focos de la prensa —nacional e internacional— se dirigen alternativamente tanto a Vázquez como a Lacalle Pou. El contraste entre ambas posturas con respecto a la situación venezolana es tan estridente, que Vázquez se ha visto obligado a modificar, en parte, la suya.
El más reciente de los asuntos que exigió una definición política fue el golpe parlamentario que Nicolás Maduro realizó a través de la fraudulenta designación de Luis Parra como nuevo presidente del Parlamento venezolano.
La presidencia del parlamento, único poder en manos de la oposición, es clave porque solo esa rama del Estado no es controlada por la dictadura cubano-chavista. Además, porque Juan Guaidó en 2019, tras ser nombrado jefe del legislativo y conforme a la Constitución venezolana, se proclamó presidente interino del país. A partir de entonces, más de medio centenar de países lo han reconocido como tal.
Ante esa situación, la cancillería uruguaya emitió el siguiente comunicado:
“El Gobierno del Uruguay expresa su profunda preocupación ante la conculcación de los derechos de los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, expresión máxima de la democracia y en particular por la acción de la Guardia Nacional Bolivariana que impidió a los representantes legítimamente electos por el pueblo participar de la sesión del día de hoy donde debía elegirse nuevo presidente del Órgano.
La actitud del Gobierno de Venezuela daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con los venezolanos, a través del diálogo y la negociación, en lograr una salida a la grave crisis institucional que sufre ese país.
El Gobierno del Uruguay hace un urgente llamado a todos los actores venezolanos (el subrayado en nuestro), pero en particular al Gobierno, a evitar acciones que continúen agravando la situación y poniendo en riesgo la estabilidad del país y a respetar estrictamente los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos y muy especialmente los fueros de los legisladores integrantes de la Asamblea Nacional”.
Como se verá, una vez más Vázquez y su canciller, Rodolfo Nin Novoa, tratan de “licuar” las responsabilidades poniendo en un plano casi de igualdad a víctimas con victimarios.
Lacalle Pou juzgó a ese comunicado “tibio” aunque “va un poco más en el sentido de lo que la comunidad internacional, con sentido común, ha entendido: que Maduro es un dictador. Cuesta tanto decirle con todas las palabras a Maduro que es un dictador.” Y a continuación agregó: “Saben lo que hemos opinado sobre por qué Uruguay está maniatado primero con (Hugo) Chávez y ahora con Maduro. Hay cuestiones ideológicas, personales y económicas”.
Sin embargo, no nos engañemos. Vázquez no ha dejado de proteger -en la medida de sus menguadas fuerzas- a la dictadura cubana-chavista. Poco después de emitir el comunicado mencionado, se negó a firmar otro que fue emitido por el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (que Uruguay integra), que señala:
“La elección de Luis Parra no puede ser considerada legítima ni democrática […] Apoyamos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”, expresa la declaración suscrita por los países democráticos latinoamericanos y europeos que integran dicha organización.
Lacalle Pou acierta al afirmar que esa conducta “bipolar” de Vázquez con respecto a Venezuela se debe a cuestiones personales y económicas. En el caso de Tabaré, nos parece que las ideológicas solo tienen peso en función de los intereses políticos del Frente Amplio.
En el plano económico, da la sensación que hay muchas cosas que cuando se sepan, disminuirán la buena fama de figuras prominentes de la izquierda uruguaya. Parte de eso se sabrá con el cambio de autoridades nacionales, pero la información más relevante recién saldrá a la luz cuando la democracia retorne a Venezuela.
En lo personal, Tabaré ha demostrado que no le molesta aprovechar autocracias para forjarse una fortuna propia. Así lo hizo durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985). Y su hijo Javier, desde la primera presidencia de Vázquez (2005-2010), realizó o tuvo un rol importante en negocios millonarios en el área del software tanto con Chávez como con Maduro. El escándalo internacional conocido como Panama Papers reveló mucho en ese sentido. No obstante, es muy posible que esos datos sean tan solo la punta del iceberg porque si todo fuera tan cristalino —meros negocios comerciales legítimos— no se explica tanta preocupación de parte de Vázquez por no ofender a Maduro.
Sin embargo, daría la impresión que la parte más “tenebrosa” provendría de las “ayudas económicas” para cimentar una hegemonía del poder tras una fachada democrática. O sea, para ganar en forma indefinida elecciones.
La desconfianza surge por lo siguiente: si era política corriente de Chávez enviar “valijas” o fraguar negocios “truchos” para apoyar con dinero a sus camaradas de la región, ¿es creíble que los gobernantes uruguayos hayan permanecido absolutamente impolutos?
Como dijimos al principio de este artículo, las autoridades salientes están nerviosas. En consecuencia, es lógico suponer que estarán tomando los recaudos necesarios para evitar que algunas cosas sean conocidas por los ciudadanos. Por ejemplo, el canciller Nin Novoa realizó una maniobra para dificultar el acceso a la información referida a su cartera. Es delatador que haya tomado esa medida cuando dentro del Frente Amplio primaba la sensación de que obtendrían un resultado desfavorable en las elecciones nacionales, como efectivamente ocurrió.
Nin Novoa limitó la libertad con la que hasta entonces contaban todos los que quisieran investigar en los archivos de la cancillería. Impuso un nuevo sistema de acceso centralizado y restrictivo —que depende directamente de él— argumentando que cualquier documento es “pasible de reserva”. Desde fines de octubre, a las personas que quieren investigar en el archivo público de la cancillería se les abre un expediente, que es elevado a la cúpula del ministerio. No hay consulta que escape al control de la jerarquía, que es la que permite o deniega el acceso.
Esa conducta nos recuerda al tristemente célebre Joseph Fouché (1759-1820), temible ministro de policía francés, que ante un cambio de régimen aprovechó el período de transición para quemar sus archivos particulares, que eran muy comprometedores.
Sea como sea, lo que surge con nitidez es que el nerviosismo ha invadido a las autoridades salientes.
