El descontrol de la izquierda uruguaya

¿No será hora de modificar el modo en que se controla el uso de los dineros públicos para que realmente sean utilizados en beneficio directo de la sociedad?

Uruguay
¿Quién controla el gasto público en Uruguay? (Foto: Flickr)

El Frente Amplio gobernó Uruguay desde 2005 hasta el 2020 con mayorías absolutas en ambas cámaras. Por tanto, hizo lo que quiso: fue prácticamente el mismo lapso en que se produjo un boom en el precio internacional de nuestros productos de exportación. La consecuencia fue que el dinero fluyó torrencialmente a las arcas estatales.

Cuando la izquierda accedió al poder -a pesar de la terrible crisis financiera de 2002- recibió un país en franca recuperación. En 2005, la economía estaba creciendo al 4,8% y el déficit fiscal era de tan solo 1,9%.

Al entregarlo en marzo de 2020 -que fue antes de la aparición del COVID-19 en Uruguay- la economía había entrado en recesión técnica porque hubo dos trimestres consecutivos de caída del PBI (octubre – diciembre 2019: 0,7%; enero-marzo 2020: 1,6%). Fue la mayor contracción de los últimos 17 años.

El déficit fiscal siguió un recorrido análogo. El Frente Amplio no solo gastó todos los ingresos extraordinarios que entraron al fisco en ese período sino que también dejó un saldo negativo de 5% del PBI. El peor guarismo en 30 años.

Una de las causas de este pésimo manejo de los dineros públicos es de origen institucional. Daría la sensación que a nuestros políticos nunca les interesó genuinamente, que se controle de manera efectiva el uso que hacen de la plata que le extraen a los ciudadanos vía impuestos. De lo contrario, no se entiende cómo es posible que esté tan mal diseñada la forma de evaluar el gasto y de subsanar desviaciones. Para colmo, no hay sanción (más allá de eventualmente la penal) para aquellos que disipan los recursos públicos.

En Uruguay, el Tribunal de Cuentas es el órgano de contralor de la hacienda pública. Su página web señala que tiene como misión el “beneficio directo de la sociedad”. No dudamos de las buenas intenciones y capacidad técnica de los ministros que lo integran. El problema no está allí sino en el diseño que mediante la Constitución se le dio a su funcionamiento.

Este Tribunal no analiza si el gasto de los organismos estatales está bien o mal hecho; si es oportuno o si hay despilfarro, sino que tan solo analiza su legalidad. Si encuentra alguna falla, “observa” el gasto. La autoridad “observada” puede acatar voluntariamente lo dictaminado por el Tribunal o por el contrario, reiterar el gasto. O sea, que el cumplimiento de sus dictámenes está basado en una respuesta ética del funcionario y no en una sanción coactiva institucionalmente organizada.

En este último caso, el Tribunal puede reiterar la observación y si el jerarca insiste con la erogación, se da cuenta a la Asamblea General del Poder Legislativo que, teóricamente, es quien debe resolver el diferendo. Y aquí viene lo “gracioso”: si los parlamentarios no se pronuncian -cosa que suele pasar- entonces se considera que el gasto está “bien” y se realiza aunque sea ilegal. Y no pasa nada.

La explicación de tanta desidia es clara: los senadores y diputados son políticos y no quieren “incomodar” a sus correligionarios.

Este disfuncionamiento institucional está estrechamente ligado a las reiteradas crisis económicas que periódicamente asolan a los uruguayos.

Para cumplir con su deber de estudiar la legalidad de los gastos observados, la Asamblea General dispone de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Pero ella dejó de sesionar en 2011, por lo que los legisladores nunca analizaron los 8587 informes elaborados por el Tribunal de Cuentas desde entonces, donde se señalaban irregularidades. Eran millones de dólares, pero parecería que eso a los parlamentarios les tenía sin cuidado.

Durante la administración izquierdista, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fueron campeones olímpicos en desconocer las observaciones que les realizaron y en ejecutar el gasto de todos modos.

La intervención del Tribunal de Cuentas ante gastos fuera de la normativa por parte del Mides era «casi semanal» -dijo Ruperto Long, magistrado durante esa época- Era “la oficina pública que más veces” insistió “en este tipo de conducta”.

El Tribunal le observó gastos sin respaldo legal, compras directas cuando correspondía hacer licitaciones y adjudicaciones no justificadas a las empresas o cooperativas “amigas”, con decenas de contrataciones “a dedo”.

Entre esos casos, se encuentran los denunciados por Martín Lema, que en aquel entonces era un diputado opositor.

Lema manifestó que el Mides “pasó de ser un buen instrumento para concentrar y ejecutar políticas sociales, en un contumaz incumplidor de la legalidad, buscando siempre la puerta para evadir controles o mantener bajo un manto de secretismo los resultados de sus programas […] se nos están yendo millones de dólares que no están llegando a los más necesitados”. Sus autoridades se “sienten impunes”, al punto que parecen “haber creado su propia legislación”.

“El Mides es gestionado como un comité de base (del partido comunista o socialista), en donde un compañero puede ir a pedir una radio comunitaria partidaria y terminar experimentando con un refugio para personas en situación de calle”, dijo Lema. Sus dichos hacían referencia a lo ocurrido en 2014, cuando el Mides otorgó un refugio para personas en situación de calle a un político comunista, pese a que no tenía experiencia en el tema. El “truco” era que así tenían la “excusa” para darle el dinero, para que pudiera poner en funcionamiento la radio y hacer proselitismo a favor de los comunistas durante la campaña electoral de ese año.

O, la cooperativa de limpieza, “que terminó gestionando un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental severa, o aquellas otras cooperativas de limpieza y mantenimiento que, con dudosa capacitación, terminaron realizando conexiones eléctricas en casas de familia”.

Lema recalca que esos ejemplos “son la regla de una gestión sumida en el caos, que no ha tenido reparos en contratar organizaciones amigas para que experimenten con los más vulnerables, ni intención de ejercer controles que permitan conocer el funcionamiento y los resultados de la ejecución de los distintos planes”.

También mencionó al Instituto Nacional de Alimentación -dependiente del Mides- donde “daban de baja el programa de riesgo nutricional destinado a niños con bajo peso, retraso de talla, anemia, embarazadas adolescentes, embarazadas bajo peso o con anemia, madres en lactancia con bajo peso de todo el país y contrataban por compra directa a una cooperativa de choferes por 49,7 millones de pesos”.

Por su parte, Isaac Alfie -director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- afirmó que de las cifras millonarias en dólares que ha manejado el Mides durante las administraciones frentistas, menos del 25 % llegaba a los destinatarios de las políticas sociales.

El prócer uruguayo José Artigas, en uno de sus mejores discursos que fue pronunciado en 1813, recalcó que “es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla”.

Siguiendo estás lúcidas palabras. ¿no será hora de modificar el modo en que se controla el uso de los dineros públicos, para que realmente sean utilizados en beneficio directo de la sociedad?

De lo contrario, los políticos seguirán con el desgasto. Y las crisis económicas y financieras seguirán siendo una pesadilla recurrente.

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