Aversión a la libertad

La antipatía hacia la autonomía individual tiene dos fuentes: el miedo y el interés propio

El “mercado” es usted, soy yo, somos todos, cuando podemos libremente elegir aquello que realmente deseamos. (Flickr)

La palabra “libertad” debe ser una de las más desvirtuadas. De la boca para afuera se la defiende, pero en los hechos se hace lo posible para extinguirla. En esta “confabulación” no hay grupos inocentes; abarca a profesionales de las más diversas áreas tanto del sector público como el privado. Se extiende sobre los miembros de disímiles ideologías, incluso entre muchos de los que son etiquetados como “liberales”.

La antipatía hacia la autonomía individual tiene dos fuentes: el miedo y el interés propio. Aunque esos dos factores pueden parecer contradictorios, no lo son. Ambos emanan del convencimiento de la propia incapacidad para ser exitoso. Es decir, ser independiente para llevar adelante el tipo de vida que uno desea y ser responsable —para bien y para mal— de las consecuencias que la decisión tomada acarree. Por tanto, exigen “muletas”, que en términos prosaicos significan la intervención estatal.

Estas “muletas” a su vez pueden ser usadas de dos maneras: para apoyarse en ellas o para utilizarlas como excusa para abusar de los demás.

El sujeto que las usa como sostén sin necesitarlas realmente, con el tiempo sus capacidades se van atrofiando y se convierte en un auténtico inválido. Pero su deficiencia no es física sino psicológica y en consecuencia, más difícil de superar. Esa situación trae aparejada una disminución de su autoestima.

Por otra parte, los más “vivos” usan a las “muletas” para hacerse los desvalidos y de ese modo lograr que el “Estado” (habría que preguntarse qué es en realidad esa entelequia) les otorgue innumerables privilegios a costa (literal) de los otros. En términos vulgares, a esas ventajas las denominan “derechos conquistados”. La propia terminología bélica indica que el origen de esos “derechos” es la violencia y no la justicia.

Es importante superar esa aversión a la libertad por el bien de los más débiles, lo que redundará en un mayor bienestar generalizado y en sociedades más justas. Es decir, que el nivel de vida de cada individuo derive de su aporte genuino a la comunidad. Y eso solo lo puede determinar el mercado.

En este mundo de fingimientos en que están atrapadas las sociedades —como en una tela de araña— es importante retornarles a las palabras su sentido auténtico. O sea, llamarle “al pan, pan y al vino, vino”. Sin eufemismos.

Por consiguiente, debemos explicar claramente qué es el “mercado”, esa palabra a la que le han atribuido —en forma interesada— connotaciones peyorativas. El “mercado” es usted, soy yo, somos todos, cuando podemos libremente elegir aquello que realmente deseamos. Somos cada uno de nosotros actuando descentralizadamente los que hacemos que alguien tenga éxito y que otros fracasen. Pero lo más importante, es que no se recurre a la fuerza, ni tampoco sabemos a quién estamos premiando o castigando económicamente. El único móvil de nuestras decisiones es la satisfacción de una necesidad que tenemos. Otra cosa importante es que ese éxito o fracaso no es para siempre, no es un “derecho adquirido”, sino que continuamente hay que estar esforzándose para servir mejor a nuestros semejantes. Esa es la esencia de la riqueza de las naciones y lo que permite que aflore la verdadera solidaridad hacia aquellos que realmente necesitan ayuda.

El problema es que a mucha gente no les sirve el funcionamiento de los mercados por las razones mencionadas. Prefieren focalizar sus energías en obtener “favores” del Estado. Es decir, de apropiarse de una porción relevante de los ingresos fiscales o de los habitantes. O sea, del dinero extraído compulsivamente a la gente. Ex profeso no utilizo la palabra “autoridades” porque generalmente también ellas actúan así.

A muchos “empresarios” no les gusta el funcionamiento libre de los mercados porque los obliga a un esfuerzo permanente que es agotador. Por tanto, buscan obtener prebendas. Las burocracias, especialmente las de las “empresas públicas”, ven en ellas una palanca eficaz para presionar a los gobernantes y así obtener mejoras continuas en salarios y aditamentos (a cuenta del alza permanente de las tarifas por fuera de lo que indica el mercado). Los sindicalistas del sector privado ven la oportunidad para presionar para mejorar su propia condición con independencia de su productividad. Ciertos profesionales aumentan sus ingresos cuando el “Estado” obliga a los demás a recurrir a sus servicios, ya sea mediante la normativa legal o porque la declaración de impuestos es tan complicada que el ciudadano común requiere asistencia, que obviamente debe pagar.

En consecuencia, los grupos mencionados entablan relaciones simbióticas con el poder político. Ellos ganan y la gente común pierde. Por supuesto que esta realidad se camufla mediante palabras altisonantes como por ejemplo “defensa del trabajo nacional”, o las empresas públicas “son nuestras” o “derechos conquistados”.

En Uruguay, la estatal Universidad de la República tuvo el monopolio legal de la enseñanza superior durante más de un siglo. Recién en 1985 se habilitó la primera universidad privada y la segunda en 1996. La Universidad de la República ha sido la mayor promotora de las ideas estatistas, primordialmente, de las emanadas de José Batlle y Ordóñez, así como del temor a la libertad.

Pedro Figari percibía ese peligro y las perniciosas consecuencias que acarrearía. Por eso en 1915 advertía: «Es indispensable llenar la necesidad primordial de producir riqueza, que es angular en la sociedad. ¿Qué puede hacer el ‘teórico’, que no sea enrolarse en las filas de los burócratas, o en la de los ‘intermediarios’ que viven sirviendo de algún modo, es verdad, pero siempre a expensas del productor? ¿Qué puede producir el que jamás ejercitó su ingenio en el sentido de transformar y utilizar las riquezas naturales? De esa laguna deriva la empleomanía, con sus tentáculos insaciables, y las diversas formas del proletariado intelectual, el que resulta ser un elemento de desequilibrio en la economía pública».

La lucidez de Figari se dio de bruces contra la obstinación de Batlle y Ordóñez. Y el resultado fue el previsto: Uruguay es un país donde el “Estado” es su “dios” y el emprendedor es mal visto, incluso, es atosigado con impuestos y regulaciones.

En ese contexto, fue una verdadera revolución cultural el proyecto de ley del Presupuesto Nacional presentado por el presidente Luis Lacalle Pou. El foco está puesto en la persona por fuera de los grupos de presión. Afirma que se le quitarán la mayor cantidad posible de amarras —presión impositiva y regulaciones que obstaculicen la libre competencia— al sector privado porque es el único que produce riqueza genuina. Eso significa que busca reducir el crecimiento insostenible del gasto público. También, disminuye las “inversiones” públicas porque tiene claro que no existen. Como expresa Dardo Gasparré, «Simplemente el estado toma recursos de los particulares y se arroga el poder y la habilidad de manejarlo mejor que ellos e invertir en ideas geniales», con los resultados harto conocidos.

Este presupuesto ha escandalizado a aquellos que sienten aversión por la libertad y usan las “muletas” estatales en provecho propio. Vamos a no engañarnos. Esa es la verdad.

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