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Inflación en Argentina, un problema aún lejos de resolverse

By: Iván Cachanosky - @ivancachanosky - Nov 15, 2016, 1:47 pm
(Flickr) Argentina
El gobierno argentino comprendió que el problema de la inflación es un fenómeno estrictamente monetario (Flickr)

EnglishEl gobierno de Mauricio Macri tiene entre uno de sus principales objetivos reducir la inflación en Argentina durante sus cuatro años de mandato. Esta misión ha sido encomendada al Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien en política monetaria está realizando un trabajo bastante positivo.

Principalmente, este gobierno comprendió que el problema de la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y por esa razón decidió reducir drásticamente el nivel de emisión. Ésta, llegaba a variaciones que superaban el 40 % al final del mandato anterior, cifra que hoy se encuentra más cerca del 20 %.

Este apretón monetario es lo que generará principalmente que el próximo año Argentina inicie un camino a reducir la elevada inflación, que tiene hoy en día de aproximadamente 40 % anual.

Adicionalmente a este apretón monetario, la estrategia viene acompañada con un prudente manejo de tasa de política monetaria (a la baja) siguiendo las expectativas inflacionarias. Vale la pena destacar que es tarea del mercado, y no del Banco Central, establecer una tasa de interés. La entidad oficial tiene muchas más posibilidades de equivocarse. No obstante, dentro del manejo realizado, intenta guiarse bastante por las expectativas del mercado.

Sin embargo, para que esta política sea exitosa debemos comprender con mayor profundidad el origen del problema. Argentina tiene inflación debido a que ha realizado una fuerte emisión monetaria en los últimos años.

A su vez, esta “fiesta de la maquinita” viene a cuenta de acumular muchos años de déficit fiscal. Yendo un paso más atrás, el déficit responde a un elevado gasto público. En concreto, la génesis del problema inflacionario se encuentra en un desbocado gasto público. No es casualidad, que el gasto público en Argentina haya crecido en los últimos 12 años alrededor de un 16 % del PIB, pasando de 30 % a 46 %, convirtiéndose en una cifra aterradora.

Debido a que la presión tributaria también es récord en Argentina, se vuelve inviable cobrar más impuestos para reducir el déficit. Así, el financiamiento vino de la mano de la emisión monetaria con su consecuente impacto inflacionario. De esta manera, el gobierno de Macri Cambiemos, ha heredado una elevada inflación producto de una pésima política monetaria.

A pesar de que Cambiemos se encuentra realizando una política monetaria bastante adecuada, el riesgo de que fracase en el largo plazo no es descartable. Y el problema es que ignora la dinámica explicada en el párrafo anterior en donde la génesis de todos los males se encuentra en el elevado gasto público. El nuevo gobierno aún no envía señales claras de que el déficit fiscal vaya a reducirse. Con esto, el país no hace más que poner los carros delante del caballo y todo el esfuerzo de la política monetaria podría ser en vano si el déficit no se reduce.

 

En tanto y en cuanto el gasto público continúe siendo desbocado, persistirá el déficit fiscal. Y éste, debe financiarse. Debido a que el objetivo es reducir la inflación, este financiamiento viene por vía deuda. Sin embargo, la deuda debe pagarse tarde o temprano.

En definitiva, lo único que cambio con el gobierno “Cambiemos” fue la fuente de financiamiento del gasto público. En lugar de financiarlo con emisión e inflación, lo hace a través de colocación de deudas vía bonos. Situación que también empieza a dar señales de alarma.

Hoy en día el monto de la deuda por bonos es el 102 % de la base monetaria. Es decir, el monto de la deuda es equivalente a la cantidad de dinero que circula en la economía. Si Argentina tuviera que cancelar todos sus bonos, debería duplicar su base monetaria. Desde luego que este ejemplo es exagerado, pero tiene como objetivo mostrar el volumen adquirido y el peligro de que continúe gestándose una “bola de nieve” de deuda. No es un dato menor que a principios de año, la deuda representaba alrededor del 50 % de la base monetaria; es decir, la mitad.

¿Qué puede esperarse en los tres años que le restan al gobierno de Macri en términos inflacionarios? En el 2017 seguramente se observe una fuerte desaceleración en el nivel de inflación, donde ésta podría reducirse en torno a un 20 % anual.

Esto no es menor ya que implicaría que la inflación se redujera aproximadamente a la mitad. La principal causa de esta disminución es el fuerte apretón monetario mencionado y el impacto se verá el próximo año ya que estas medidas suelen actuar con un retardo de 12 o 18 meses. No son medidas que generen impacto inmediato.

Debido a que el 2017 es un año electoral, difícilmente se observe una reducción del gasto público. Con lo cual, nuevamente, este deberá financiarse. Y dado que tampoco es recomendable que la deuda crezca galopantemente se corre el riesgo de que renazca la tentación de que el BCRA financie al Tesoro Nacional, poniendo en peligro las metas inflacionarias de 2018/2019. Para que esto no suceda, deberían llegar las tan ansiadas inversiones que aún se ven muy tímidas.

En conclusión, Argentina se encuentra aplicando una buena política monetaria, pero debido a que no resuelve los problemas de fondo, esta política podría corromperse. El elevado gasto público continúa actuando como un “pecado original” al cuál no se ataca ni se corrige. Mientras Cambiemos no acepte cambiar esta realidad, los últimos dos años del gobierno podría tener mayores presiones del financiamiento ante la persistencia del déficit fiscal.

Iván Cachanosky Iván Cachanosky

Iván Cachanosky es licenciado en Administración de Empresas y magister en Economía Aplicada. Se desempeña como profesor de CMT-Group. Síguelo en Twitter en @IvanCachanosky.

Otro “logro” del diálogo en Venezuela: Tribunal Supremo prohíbe al Parlamento enjuiciar a Maduro

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Nov 15, 2016, 12:58 pm
tsj-juicio-maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela prohibió este martes a la Asamblea Nacional que enjuicie políticamente a Nicolás Maduro. El decreto prohíbe además convocar actividades que "alteren el orden público", llevar a cabo investigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, entre otras actuaciones que podrían atentar contra los derechos constitucionales y el orden jurídico en general. Lea más: TSJ de Venezuela emite fallo que limita funciones del parlamento Lea más: Seis razones para calificar como un fracaso el diálogo en Venezuela La sentencia ocurre al tiempo en que se desarrollo un diálogo entre el gobierno y la oposición en el cual la bancada opositora acordó suspender temporalmente un juicio político contra Nicolás Maduro, en señal de "buena voluntad" para el desarrollo de las conversaciones. La Sala Constitucional admitió la denuncia realizada por Reinaldo Muñoz, procurador general de la República, en contra de la Asamblea Nacional por su presunta violación a la Constitución. "La Sala ordenó a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional (AN) abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente 'juicio político' en contra del presidente la República […] así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución"; señala la sentencia. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   En la misma sentencia el ente judicial recordó que cualquier acto legislativo es "absolutamente nulo y carente de vigencia y eficacia jurídica" pues insiste en que el Parlamento de mayoría opositora se mantiene en desacato tras haber incorporado a los diputados electos en el estado Amazonas. "La decisión prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general", concluye el comunicado. El procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, solicitó la intervención del TSJ tras el acto parlamentario denominado "Acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación", aprobado el 25 de octubre de 2016. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que admite la denuncia introducida por Reinaldo Muñoz, procurador general de la República. https://twitter.com/hramosallup/status/798552619023273984?ref_src=twsrc%5Etfw https://twitter.com/hramosallup/status/798566014799740930?ref_src=twsrc%5Etfw Fuentes: El Nacional; Caraota Digital

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