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Hace unos días, el 17 de noviembre, el canal de noticias C5N decidió despedir a Víctor Hugo Morales, un famoso conductor argentino que, en la última década, quedó fuertemente identificado con el “relato kirchnerista”.
Así, Víctor Hugo Morales se unió a su colega Roberto Navarro, otro “periodista militante”, quien había hecho una marca registrada del insulto al gobierno argentino actual.
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¿Apagón Informativo?
Si bien las causas de la desvinculación no trascendieron, su salida alimentó la idea de que Argentina vive en medio de un “Apagón Informativo”, donde el gobierno está “blindado mediáticamente” y la libertad de expresión va perdiendo camino frente a tentaciones autoritarias.
A raíz del episodio, el periodista Reynado Sietecase sostuvo que:
“El Estado debe propiciar un mapa de medios democrático y equilibrado, que contenga pluralidad de voces, pluralidad de medios, pluralidad de actores. El gobierno de turno debe tolerar las opiniones más críticas”
La frase contiene tantas falacias que uno no sabe por dónde comenzar, pero vamos con el final: ¿acaso fue el gobierno quien echó a Víctor Hugo Morales? ¿No se trató de una empresa privada?
Por supuesto que el gobierno –este y cualquier otro- deben tolerar la crítica, ¿pero qué indicios hay de que el actual no lo hace? ¿Qué prueba concreta existe de que quiere “acallar las voces”?
Yendo a lo más fundamental, el planteamiento es erróneo porque el gobierno nada tiene que hacer en los medios de comunicación más que evitar el fraude y proteger la propiedad privada.
¿O acaso los medios son una casta privilegiada de la sociedad? Si en el supermercado un producto no satisface las necesidades del consumidor, se deja de vender y el empresario debe reconvertirse. ¿A quién se le ocurriría reclamar por “la pluralidad de las góndolas” en ese caso? La misma lógica debe aplicar a los comunicadores.
Redefiniendo la pluralidad
Este tema es clave. Pluralidad no significa que el gobierno deba financiar lo que yo quiero decir con subsidios o auspicios especiales, sino que nadie me prohíba hacerlo.
Un argumento en contra de este podría ser que, si me quedo sin espacios de difusión, no tengo libertad para expresarme.
Eso es falso en dos sentidos. En primer lugar, porque confunde libertad con abundancia. Uno es libre de querer hacer periodismo, pero los recursos (en términos de espacio televisivo, auspicios de empresas, etc.) son escasos como todo en la economía. Por tanto el periodista se los debe ganar. No tiene “derecho” a ellos.
En segundo lugar, porque hoy en día existen muchos medios por los cuales expresarse sin la necesidad de tener un estudio de TV. Twitter, Facebook y YouTube vienen a la cabeza, pero estoy seguro que hay cientos de posibilidades más gracias a la tecnología.
Una burbuja política y corrupta
Volviendo al caso concreto de Víctor Hugo y C5N, lo cierto es que lo que pasó no fue un mero avatar del mercado de los medios, sino el resultado inevitable de la intervención política.
Es que el canal C5N pudo crecer y desarrollarse enormemente gracias a que el gobierno kirchnerista le traspasaba arbitrariamente ingentes cantidades de dinero público en concepto de “pauta publicitaria oficial”. El criterio no era el buen rating o la visibilidad que se le daba a los actos públicos, sino que toda la información estaba sesgada en apoyo del gobierno de Cristina Kirchner.
¿Cuánto iba a durar este esquema? Lo mismo que durara el gobierno. Una vez que alguien más sensato descubriera el desfalco, era obvio que la burbuja se tenía que pinchar. Víctor Hugo Morales parece ser una mera consecuencia de la implosión de este sistema corrupto.
Ahora bien, según algunas versiones, el canal C5N estaría ahora siendo comprado por un grupo inversor donde uno de los principales ejecutivos tendría un vínculo personal con el presidente Macri. ¿Estaremos frente a la repetición del esquema pero con otro color partidario? Si así fuera, deberíamos rechazarlo de manera rotunda.
Pauta oficial 0 vivir del rating
¿Cuál es la forma de evitar que estos patrones se repitan en el futuro? La propuesta de máxima es que debe terminarse con todo financiamiento estatal a los medios de comunicación. De esa forma, acabaremos con la tentación de los partidos políticos de “captar” a los comunicadores o directamente crear medios para sostener el “relato oficial” de turno.
En este esquema, todos los medios vivirían de acuerdo al favor del consumidor y los actos o comunicaciones oficiales se difundirían en la medida que la gente los considere valiosos (algo que ya ocurre puesto que las conferencias de prensa suelen transmitirse por los canales de TV y YouTube sin necesidad de usar la “Cadena Nacional”).
Otra propuesta es regular la pauta publicitaria oficial y promover su destino de acuerdo al rating de cada programa.
Como sea, el sistema debería modificarse, pero eso no es argumento suficiente para sostener que en Argentina no hay libertad de expresión.
Menos aún en el caso concreto del que hablamos, donde una burbuja corrupta, sostenida con fondos públicos, tarde o temprano tenía que reventar.
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