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Recuerdo cuando era chico y jugaba al fútbol. Solía atajar en el equipo de mi colegio y siempre me fisuraba o lastimaba algún dedo de la mano, o incluso toda la muñeca. Cuestión que cada dos por tres tenía que ir al hospital.
Arribado al nosocomio, los médicos procedían a sacarme las radiografías, para luego ponerme un yeso, de manera que por 20 o 30 días mi mano no pudiera moverse.
Ahora bien, imaginemos qué tipo de remedio hubiera sido simplemente amputarme el brazo. Seguramente habría sido un gran problema al inicio, pero luego nunca jamás me volvería a lastimar los dedos.
El razonamiento no parece ser de los mejores, ¿verdad?
Claro que no, pero algo similar parece pasar por la cabeza de muchos analistas y políticos argentinos, que para resolver un nuevo desequilibrio fiscal, proponen subir impuestos.
Ahora como recordaba el célebre economista Murray Rothbard, solucionar el déficit fiscal aumentando los impuestos es como querer curar a un paciente matándolo.
Crisis fiscal, devaluación y FMI
Hace alrededor de dos meses que Argentina atraviesa una importante crisis cambiaria. El dólar pasó de $17 en diciembre del año pasado, a casi $30 a principios de este mes…
La abrupta devaluación se debió principalmente a un giro en la dirección de los capitales internacionales, que decidieron vender sus posiciones en activos “peligrosos” para irse a refugiar en activos más seguros.
Ahora bien, ¿por qué es que los bonos y acciones argentinos son riesgosos? Principalmente, por su elevado déficit fiscal, alta inflación, y su historial crediticio.
El déficit fiscal en Argentina está alrededor del 6% del PBI. La inflación cerrará el año en 30% y los gobiernos nacionales se han hecho fama de incumplir las deudas en el pasado.
Con ese currículum y esa hoja de balance, es muy comprensible que los inversores le tengan tanto miedo.
Ahora bien, para contrarrestar estas tendencias, el gobierno de Mauricio Macri acudió al Fondo Monetario Internacional, quien a cambio de dar una línea de financiamiento de USD 50.000 millones, exigió un ajuste de las cuentas públicas.
Que la crisis la pague la soja
Antes de llegada la turbulencia, mucho antes, el gobierno había decidido eliminar las retenciones a la exportación. Las retenciones son impuestos que se cobraban directamente sobre los montos exportados y, en algunos productos, como la soja, llegaban a ser del 35% del total.
Ahora bien, a este último producto, las retenciones no se le sacaron de una vez, sino que se armó un esquema gradual de baja y posterior eliminación, que llevaría a 0% el arancel recién en diciembre de 2022.
Precisamente este tema es el que se comenzó a debatir acaloradamente en distintos medios estos últimos días. Es que algunos analistas, incluso quienes son más cercanos al gobierno comenzaron a plantear la idea de frenar la baja de retenciones, con el fin de no resignar recaudación en momentos en que se necesitan cuadrar los números fiscales.
Lo más significativo es que incluso el Fondo Monetario Internacional consideró que ésta podía ser una buena medida, así como la de demorar la entrada en vigencia de la “Reforma Tributaria”, que también implicaba una baja de los impuestos al trabajo, pagado por los empleadores de cierto tipo de mano de obra.
El problema es el gasto
¿Servirán estas propuestas? La respuesta es negativa. Es que Argentina no tiene un problema de falta de recaudación, sino uno de exceso de gasto.
Para ponerlo en números, el gobierno anterior recaudó aproximadamente USD $104.000 millones gracias las retenciones a las exportaciones entre 2003 y 2015. Sin embargo, pasó de tener un superávit fiscal de 3,5% del PBI a tener un déficit de 6%.
Lo que pasó fue que, en el mismo momento en que recaudaba fortunas por los impuestos a las ventas externas, también multiplicaba el gasto público como si no fuera a haber mañana.
En 2003 el gasto público fue de USD $32.000 millones. En 2015 de USD $264.000 millones. Es decir, el kirchnerismo multiplicó por 7 el gasto en dólares. Así no hay impuestos que alcancen.
Ahora bien, hay otra dimensión del problema. De acuerdo con los cálculos del FMI, frenar la baja de retenciones a la soja implicaría un “ahorro fiscal” de 0,1% del PBI. Si se demora la reforma tributaria, que baja otros impuestos, el ahorro llega a 0,4% del PBI en total.
Y, claro, si un gobierno promete bajar impuestos que luego no baja, es obvio que va a recaudar más que en el escenario hipotético anterior. Sin embargo, ¿cuál es el costo de tomar dicha decisión?
Me animo a decir que infinitamente mayor.
Es que el compromiso por reducir impuestos genera un ambiente institucional mucho más amigable con la propiedad privada. Después de todo, tener impuestos bajos implica que los generadores de riqueza pueden disfrutar más de sus frutos que en los países donde los impuestos son más altos.
Por este motivo, frenar la baja de impuestos puede generar un beneficio para el gobierno a corto plazo, pero un gran perjuicio para la economía del país en el largo.
Romper los contratos no es gratis, y menos aún cuando implican un menor respeto de los derechos de propiedad.
El gobierno argentino tiene un largo camino por delante a la hora de cerrar un presupuesto que cumpla las normativas del FMI.
Esperemos que no ceda a las presiones y que los ajustes vengan por el lado del gasto, en lugar de seguir penalizando con impuestos a los empresarios y trabajadores que producen en el país.
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