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Colombia solo se perjudica a sí misma al sancionar a Panamá

Por: Javier Garay - @Crittiko - Oct 15, 2014, 11:35 am
Panamá Colombia
El Gobierno de Juan Manuel Santos quiere hacernos creer que la economía panameña más libre es un peligro. (Flickr)

EnglishEstá bien que el Gobierno de Juan Manuel Santos haya decidido convertirse en un aburrido y molesto ejemplo de lo políticamente correcto para América Latina, pero esto no justifica que acabe con lo que se tenía del pasado.

La semana pasada, su Gobierno incluyó a Panamá, un tradicional aliado del país, en la lista de paraísos fiscales. Sin embargo, la inclusión no debería ser algo negativo: las autoridades panameñas deberían sentirse halagadas al ser reconocidas como respetuosas de la propiedad privada y no como los buitres en los que se han convertido los demás (esta es la utilización correcta de la palabra y no como la usa el Gobierno argentino).

Pero la cosa no es tan sencilla. Esta caracterización es considerada como algo indeseable y Panamá ha reaccionado de manera negativa. Para ser honestos, las caracterizaciones y represalias son acciones de los Gobiernos, mientras que los afectados serán únicamente los ciudadanos.

No que esto le importe mucho a Juan Manuel Santos, como demuestra su excesiva tolerancia ante los desmanes del Gobierno venezolano en contra de los ciudadanos colombianos. Pero sí demuestra con quién le interesa aliarse. A Colombia no le importa lo que sea que se descubra de Venezuela, o las declaraciones desobligantes provenientes de ese país, de Ecuador, Bolivia o Argentina. Pero no tolera el modelo económico de Panamá, y busca excusas para hacernos creer afectados por él.

Algunos dirán que existen criterios objetivos para haber tomado la decisión. Los documentos periodísticos que se han publicado señalan que Panamá es un paso seguro para el tráfico de armas, que otros países también han clasificado al país como paraíso fiscal y que, al fin y al cabo, Panamá no quiso “cooperar”.

Sobre lo primero, es típica de Colombia la externalización de responsabilidades. Por un lado, el conflicto es doméstico pero nos hemos acostumbrado a mostrarlo como algo internacional; ya sea por los contribuyentes estadounidenses que pagan la guerra contra el narcotráfico y las guerrillas a través del Plan Colombia, o por la asignación de culpas. Por el otro, el tráfico de armas no se debe a la existencia del Canal de Panamá, sino a las prohibiciones existentes en este sector.

Sobre lo segundo, que otros países sancionen a Panamá no es justificación para que Colombia también lo haga. De hecho, Panamá es un socio comercial importante e incluso puede ser un modelo de economía mucho más abierta que la colombiana, el cual valdría la pena seguir. Hacer lo que hacen países como Ecuador o Argentina, al contrario, no es buena señal.

Respecto a la no cooperación, este asunto llega al fondo del problema. ¿A qué se hace referencia? A que Panamá no ha firmado un acuerdo de intercambio de información con Colombia. Esto es eufemismo para lo que realmente le importa a las autoridades colombianas: saber cuáles recursos monetarios están por fuera del radar de las autoridades tributarias del país para gravarlos y, de esta manera, contar con más recursos.

¿Con qué fin? El discurso oficial reza que el fin es construir hospitales, colegios y, ahora, financiar el posconflicto. La realidad, que nunca es políticamente correcta, es que serán para más burocracia y corrupción.

Pero así fueran reales los objetivos, queda la duda de por qué se debe perseguir a quienes no quieran pagar. Ahí hay un problema de fondo en la concepción de quién está al servicio de quién: es el Estado el que está al servicio del ciudadano y no al contrario. Las fortunas son privadas y no sociales. No existe ninguna justificación de ningún miembro de una sociedad para sentir que debe recibir una “parte justa” de la riqueza acumulada por otros.

Pero la cosa va más allá: si algunos ciudadanos deciden ocultar sus ingresos en Panamá es porque el Gobierno colombiano se comporta como un buitre ante los recursos que no le pertenecen. De hecho, exministros como Alberto Carrasquilla han señalado que es una falsedad afirmar que en Colombia los tributos son bajos.

A pesar de todo lo anterior, el Gobierno colombiano toma decisiones que afectan directamente a sus propios ciudadanos —cobrándoles más impuestos o poniéndoles más trabas—, y que tendrán como resultado represalias por parte de Panamá—como mayor burocracia, discriminación, o visas—, y que afectarán a los mismos ciudadanos colombianos.

Así, el Gobierno colombiano no sólo no cumple con su función de proteger a los ciudadanos, sino que crea contextos para que estos se vean afectados, todo debido a su obsesión por hacerse con los recursos que los individuos producen pero que los funcionarios de turno consideran como “colectivos”. El Gobierno afecta incluso sus relaciones internacionales por obligar a los ciudadanos a entregar sus recursos, aunque el destino de estos solo sea el enriquecimiento de unos políticos o el desperdicio.

Editado por Elisa Vásquez y Daniel Duarte.

Javier Garay Javier Garay

Javier Garay es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Escribió dos libros sobre temas internacionales, uno de ellos sobre el desarrollo económico, tema sobre el que está realizando su tesis doctoral. Síguelo en Twitter en @crittiko, y visita su blog personal: Crittiko.