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¿Garantiza el acuerdo Santos-FARC el fin del conflicto en Colombia?

Por: Javier Garay - @Crittiko - Sep 5, 2016, 4:21 pm
(Telesur) FARC Colombia
La indignación no se debe a los temas obvios del acuerdo y que, debido a ser obviedades, han sido los más discutidos. En realidad, no son los más graves. (Telesur)

La semana pasada escribí sobre el proceso de negociación con las FARC. Después de leer el acuerdo, entiendo mejor la posición de aquéllos que están decididos a votar por el “No” en el próximo plebiscito. La verdad es que sí genera indignación leer y pensar, a su vez, en que esta decisión que tenemos que tomar hoy es resultado de la incapacidad de las anteriores generaciones de resolver sus problemas de manera adecuada. Heredar los problemas de otros es una afrenta a la verdadera sostenibilidad.

La indignación no se debe a los temas obvios del acuerdo y que, debido a ser obviedades, han sido los más discutidos. En realidad, no son los más graves. De pronto es que soy muy ingenuo o que no sé leer la jerga, pero no me parecen graves ni las zonas de reserva campesina (pp. 16 – 17), ni la participación en política (pp. 44 – 45, 48, 64), ni lo de las zonas veredales transitorias de normalización (las de concentración, pp. 54 – 56).

No es que estos sean positivos. Nada de eso. Pero me parece que son aspectos que, por un lado, forman parte de un acuerdo de negociación y, por el otro, que no necesariamente tendrán impactos negativos en el futuro. Lo primero debido a que nadie negocia para no recibir algunos beneficios, en este caso políticos. Lo segundo, a que todas estas son medidas transitorias, muy detalladas y con cronogramas establecidos en el acuerdo.

En últimas, estos dos criterios deben tenerse en cuenta para hacer un balance adecuado del contenido de los acuerdos junto con otro adicional, que es además prioritario. ¿Este acuerdo garantizará el fin de las FARC como grupo guerrillero?

A continuación hago una descripción general de lo que encontré en el acuerdo, comenzando por los aspectos que me parecen positivos (¡sí, tiene algunos, muy pocos, aspectos positivos!). ¿La decisión? Esa sí la tomará cada ciudadano. No pienso cargar con una responsabilidad que solo es individual. Además, como señalé en mi columna anterior, en este momento nadie está cambiando de opinión: quiénes apoyaron el proceso desde el principio, hoy, sin necesidad de argumentos a favor o en contra, piensan votar por el “Sí”. Lo que estuvieron en contra, votarán “No”.

ASPECTOS POSITIVOS DEL ACUERDO (!)

Encuentro seis elementos positivos del acuerdo que expondré a continuación.

Dos de ellos, en caso de ser realmente implementados, pueden contribuir a un entorno más favorable a la creación de riqueza en el futuro. Primero, el reconocimiento de la importancia de los derechos de propiedad. Dentro de esto está la facilitación de la formalización de la propiedad de manera gratuita (página 13) y el sistema de información catastral (página 15). Segundo, el énfasis en la justicia. Se habla de la resolución de conflictos por medios judiciales (página 14) y del mejoramiento del sistema judicial para disminuir delitos políticos (p. 34).

Otro aspecto positivo es el concerniente al fondo del acuerdo: el fin del conflicto (tercera parte). Esta parte es muy concreta, específica y clara en los procesos de desmovilización, concentración y dejación de armas. Tal vez por ello, muy pocas han sido las críticas a este respecto.

Además, sobre las dudas que ha generado el tema de la justicia para el caso puntual de las FARC, el acuerdo parece muy claro. Es explícito en que no se amnistiarán los delitos de lesa humanidad ni los señalados por el Estatuto de Roma (p. 133). Además, para aquéllos críticos que quieren cárcel, sí se contempla: hay posibilidad para los delitos más graves, de cinco a ocho años (p. 147). Además, los que no reconozcan la verdad, pagarán cárcel por entre 15 y 20 años (p. 155).

Un último elemento positivo se encuentra en el capítulo de drogas y tiene que ver con la intención de organizar una reunión internacional, en la que se presente el caso de Colombia, con el fin de plantear una alternativa ante el camino equivocado de la guerra contra las drogas (p. 111).

 

Y LO MUCHO NEGATIVO

Es evidente que el acuerdo se hizo entre estatistas y para estatistas. Tal vez por ello es que, dentro de los que apoyan ciegamente el acuerdo, casi todos estatistas, no solo lo vean como suficiente sino como algo muy positivo para el futuro del país. Pero esta visión no solo crea falsas expectativas sino que está equivocada.

El acuerdo debe entenderse en su verdadera dimensión y muchos de los elementos que contiene implican un crecimiento del Estado y, por lo tanto, la limitación directa e indirecta de muchas libertades.

Dos elementos, sin embargo, deben tenerse en cuenta. Primero, como se mostrará el acuerdo no crea tendencias estatistas que hoy no veamos en el escenario político. A lo sumo, las profundiza. Segundo, no hay que olvidar que esta es una descripción de lo que dice el acuerdo y, por lo tanto, no se puede confundir lo que está allí consignado con la realidad de lo que veremos en los próximos años. El análisis debe ser probabilístico y no puede dejar de lado la incertidumbre. En otras palabras: no sabemos si por este acuerdo, en realidad, vayamos a tener un Estado más intervencionista de lo que ya es ni uno más cercano a los totalitarismos en ciernes como el venezolano.

  1. Generalidades

Para comenzar, el acuerdo refleja el estatismo de dos maneras. Por un lado, con una redacción políticamente correcta (el uso constante del masculino/femenino y la utilización de expresiones vacías como “buen vivir”). Por el otro, con una visión colectivista. No se hace referencia al individuo (excepto cuando se permite que la recepción de ayudas a los desmovilizados se canalice de manera grupal o individual). En el acuerdo solo existen colectividades: LGBTI, minorías étnicas o mujeres.

Además de la redacción, la idea detrás de lo acordado se puede resumir en que todo se soluciona por la mágica acción estatal. Todo son planes de desarrollo, coordinación de políticas y nuevas burocracias, como más adelante se detallará. Además, es transversal una visión asistencialista. Por ejemplo, en la página 13 se habla de campesinos (así, como si fueran un grupo) y cómo el Estado los ayudará con asistencia técnica para que aprendan a usar sus tierras.

Otro elemento general es que, a lo largo del documento, el único que adquiere compromisos reales es el gobierno. Hasta la página 50, las FARC al fin aparecen con un compromiso claro: contribuir a una cultura que proscriba el uso de las armas. Luego, hacen el mismo compromiso en la página 70. De resto, todo es responsabilidad del gobierno: hasta las reparaciones a las víctimas (p. 161) y la no repetición (pp. 166 – 167).

En lo primero, de manera muy vaga se menciona a la FARC, pero sí se establecen como fuente claras de reparación, además de al gobierno, a la “cooperación internacional” y a los empresarios. ¡Todos tenemos que pagar por los daños cometidos por los violentos!

Otro elemento que llama la atención es que, fuera de lo ya señalado, el capítulo de solución al tema de drogas será un llamado a la bandera. Ni la sustitución de cultivos, ni los programas de desarrollo, ni la prevención del consumo, ni la lucha contra el lavado de activos, todos mencionados, acabarán con ese negocio.

Por último, el acompañamiento internacional, se dice será imparcial y respetuoso de la soberanía, pero están incluidos países como Cuba y Venezuela (p. 185). Además, se incluyen organizaciones muy poco imparciales como Vía Campesina, Unasur y OCLAE. Para ser justos, sin embargo, también se mencionan países como Noruega e, incluso, Estados Unidos. Seguramente la imparcialidad, se cree, se genera por el contrapeso entre posiciones.

  1. Burocracia y gasto público

Habría que medir qué tanto se incrementarían la burocracia y el gasto público presentes como resultado del acuerdo. Pero sea cual sea el resultado, es claro que el acuerdo implicará más burocracia y, en particular, mucho más gasto público.

Del lado de la burocracia, se crean fondos, comisiones y nuevas organizaciones a lo largo del documento. En algunos casos se afirma que éstas serán de carácter permanente, mientras que en otras temporal.

Algunas de las nuevas burocracias serán: fondo de tierras para la reforma rural integral, la nueva jurisdicción agraria, la instancia de alto nivel para lineamientos generales del uso de tierra, la instancia de alto nivel para el sistema de seguridad, las veedurías ciudadanas, el Consejo Nacional de Reincorporación, el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, el cuerpo élite de la Policía, la Subdirección especializada en seguridad, la Mesa Técnica de seguridad y protección, el Cuerpo de Seguridad y Protección, el sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por varios componentes; la Comisión de verdad (por 3 años), el Comité de seguimiento y monitoreo a implementación de recomendaciones de la Comisión, la Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas y la Jurisdicción especial para la paz.

Aunque nadie sabe cuánto costará realmente el postconflicto, hay algunas estimaciones. El punto está en que el  gasto será principalmente público, lo que quiere decir que provendrá de los impuestos que tendremos que pagar.

Dentro de los rubros se incluirán (pongo entre paréntesis con un signo de admiración aquéllos gastos que me parecen generosos, por decir lo menos): además de tierras el Estado ayudará a los campesinos con: vivienda, capacitación, asistencia técnica; mecanismos de concertación y diálogo entre todos los actores para tema de tierras.

Además el Gobierno deberá financiar el diseño de los planes de desarrollo con enfoque territorial; Planes nacionales para la reforma rural integral: infraestructura, salud, educación (gratuita, pg. 22), recreación, cultura, deporte, vivienda; estímulos a economía colaborativa; seguros de cosecha (!); derecho a la alimentación; sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política; sistema de alertas tempranas; protección a desmovilizados; acceso a medios de comunicación comunitarios de las organizaciones sociales y de la oposición; capacitaciones para evitar la estigmatización; veedurías ciudadanas; política para el fortalecimiento democracia y participación; aumento de financiación de partidos y movimientos; pauta oficial; misión electoral especial; programas para promover cultura democrática; costos de monitoreo, verificación, en terreno, etc.; costos políticos de reincorporación; reincorporación económica; financiación de un Centro de Pensamiento (!); financiación programa autoprotección (!); programas de protección a protectores DD. HH. y organizaciones sociales; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por varios componentes; Comisión de verdad; Comité de seguimiento y monitoreo a implementación de recomendaciones de la Comisión; Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas; Jurisdicción especial para la paz; defensa judicial para quienes no puedan pagarla; reparación psicosocial; eventos para pedir perdón; retorno de desplazados; respeto y promoción de DDHH.

  1. Intervención del Estado en la economía

Además del gasto público y de la creación de burocracias, hay medidas en el acuerdo que implican otras formas de intervención del Estado en la economía: subsidios a la compra de tierras; créditos especiales para compra de tierra; gobiernos velarán por evitar especulación con la tierra (¿Cómo así? ¿Quién definirá esto?); principio de progresividad en impuestos predial; planes de desarrollo con enfoque territorial; incentivos a producción y comercialización agrícola (p. 29); sistema de supervisión e inspección territorial a servicios de vigilancia y seguridad privada; contribuciones que tendrán que hacer los empresarios para la implementación de los acuerdos (p. 173).

  1. Otros aspectos preocupantes

Además de lo anterior, hay muchos componentes del acuerdo que al no ser claros o al serlo mucho implicarán más y peores intervenciones del Estado en diferentes ámbitos.

  1. En la página 11 se dice hace referencia a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. ¿Qué es insuficiente? ¿Quién lo define? La respuesta parece estar en la página 14: cuando la propiedad sea menor a una unidad agrícola familiar. ¿Esto qué implica para los miles de campesinos que se encuentran en esa situación?
  2. Aunque un aspecto positivo es el reconocimiento de la importancia de los derechos de propiedad, en la página 11, se habla de regularizarlos, pero no se define qué se entiende por ello. Lo preocupante está en que se justifica la necesidad de regularización como una forma de desconcentrar y distribuir equitativamente la tierra.
  3. En la página 14 se afirma que las tierras entregadas serán inalienables e inembargables por siete años. ¿Esto no niega la posibilidad de crear un mercado de tierras? ¿No viola derechos a elegir? ¿No pone trabas al desarrollo de la agricultura?
  4. En la página 15 se dice que la producción de alimentos será prioritaria, por decisión del Estado, en el desarrollo del país. ¿En serio?
  5. En las páginas 36 – 38, se habla de organizaciones sociales, lo cual es bueno, pero todo se pone en manos del Estado, lo cual es muy malo: financiación, apoyo, asistencia técnica, etc.
  6. Específicamente del acuerdo, hay dos elementos que ponen en duda el aspecto de justicia y de castigo a los delitos cometidos. En la página 135, el punto 36 afirma que las sanciones que se impongan en la justicia especial no impedirán la participación en política o los derechos políticos. Así, tendremos senadores de día y presos de noche. En la página 146, punto 59, se afirma que la culpa de los mandos deberá comprobarse de manera individual (¡ahí sí el individualismo funciona!). No se asumirá responsabilidad solo por rango o jerarquía. En el punto 72, página 150, se elimina la posibilidad de extradición.

Así es el acuerdo. Para el último criterio que propuse, creo que sí, las FARC sí desaparecerán como grupo violento. Con un acuerdo tan generoso, no podría ser contrario.

La decisión de apoyar el acuerdo o de rechazarlo no es de tragarse unos sapos, como se suele decir. Hay que tener de presente los puntos positivos y, sobre todo, los negativos. También hay que tener en cuenta que todo lo escrito tendrá resultados probables, no absolutos. Además, que el papel de la incertidumbre tendrá un amplio papel.

El problema nos tocó como generación. Esperemos que no le dejemos otros peores a las futuras.

Javier Garay Javier Garay

Javier Garay es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Escribió dos libros sobre temas internacionales, uno de ellos sobre el desarrollo económico, tema sobre el que está realizando su tesis doctoral. Síguelo en Twitter en @crittiko, y visita su blog personal: Crittiko.