Ya no es noticia el tema de las bombas en Chile desde que se capturó a tres sospechosos y se puso en prisión preventiva a dos de ellos. Los sistemas de inteligencia policial parecieron funcionar y la justicia en estos momentos evalúa los antecedentes de la investigación. Las bombas ya no son de preocupación mediática: no están en las portadas de los periódicos, no son titulares en televisión, no son tema de conversación política.
Y si se entiende este tipo de atentados como dañinos para la vida y la propiedad de la población, podría creerse que la libertad está a salvo. Esto es un error. Las actitudes liberticidas emanan desde el mismo Gobierno. Los atentados al derecho de propiedad están ocurriendo en Chile diariamente, y a escala institucional.
Desde una situación a todas luces insignificante desde un punto de vista político —como la cantidad aberrante de grafitis que ostentan las paredes de las grandes urbes del país—, hasta la transgresión al principio de igualdad ante la ley que la recién promulgada reforma tributaria está aplicando sin tapujo alguno —”quienes tengan más, que paguen más”—, son evidencias de un país donde no se respeta la propiedad. Algunas municipalidades están impidiendo que botillerías y locales nocturnos mantengan abiertos sus recintos pasadas las 23:00 horas, bajo la excusa de que se debe mantener la seguridad.
La municipalidad de Santiago de Chile, a partir del 11 de octubre, realiza una consulta ciudadana que, entre otras cosas, tratará de establecer esta restricción. La municipalidad de Providencia dictó la norma unilateralmente y la aplicará a partir del 13 de octubre. El Gobierno comunal de Valdivia, por su parte, ya aprobó y aplicó la restricción de venta a partir de las 1:00 de la madrugada.
Existen maneras más innovadoras de solucionar este problema mediante la colaboración entre los privados y la autoridad municipal, pero se prefiere aplicar medidas iliberales como esta, la cual afecta gravemente la libertad de empresa y la libertad de los clientes de acudir a los locales a entretenerse.
Recientemente la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma al Sistema Privado de Salud, en un informe presentado el 8 de octubre, propuso la creación de un fondo único de prestaciones sanitarias que deja al sistema privado como una mera colección de aseguradoras, impidiendo que los ciudadanos inviertan libremente en su propia salud previsional.
Igualmente, ese fondo único se creará con la cotización obligatoria —7 % del sueldo— de los ciudadanos, por lo que eventualmente habría una expropiación encubierta por el discurso de la “seguridad social”. Se atenta flagrantemente contra la propiedad.
La reforma educacional recorre un camino similar. Se ha propuesto castigar con pena de cárcel a quien obtenga ganancias por realizar un emprendimiento educativo. Se impide así que los emprendedores reciban su justa retribución por el tiempo, esfuerzo y sacrificio invertidos en su proyecto. Asimismo, los colegios privados no podrán seleccionar a sus alumnos, ni podrán expulsarlos siquiera, porque no podrán reservarse el derecho de admisión. Otro atentado contra la propiedad.
Los que atentan contra el derecho de propiedad no solamente son los terroristas, sino quienes nos gobiernan.
En el aspecto cultural es igualmente grave. Se está tramitando una ley que obligaría a las estaciones de radio a que el 20% de su programación sea dedicada exclusivamente a la música chilena. Una medida chovinista, anacrónica y antiglobalizante que sólo contribuye a facilitar los negocios de un grupo de músicos —en su mayoría de izquierda, lo que es importante de señalar— afiliados a la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD), un gremio con características monopólicas que presiona por la aplicación de esta medida liberticida.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) —otro organismo monopólico que tiene claros objetivos de censura— ha dictado un nuevo reglamento que obliga a los canales de televisión a emitir programación “cultural” en horario de alta audiencia en un día laboral y otro bloque el fin de semana. Ambas medidas también son un atentado a la propiedad de las radioemisoras y canales de televisión y a la libertad de audiencia de quienes sólo tienen acceso a la televisión abierta.
Finalmente, ahora se discute la posibilidad de acabar con los aportes reservados a las campañas políticas debido a un escándalo por fraude tributario que involucra a un holding que patrocinaba campañas de un sector de la derecha. Si se obliga a los individuos a aportar y hacer públicas sus donaciones a campañas, se obliga a quien aporte a dar explicaciones por dicha acción. Otro atentado al libre uso de la propiedad y la libertad de secreto.
Como se puede ver, Chile está involucionando. Las bombas ya no son de preocupar para los medios, pero no debemos olvidar que quienes atentan contra el esencial derecho de propiedad, a quienes no les importa la propiedad de los ciudadanos, no son solamente los terroristas, sino quienes nos gobiernan. Ellos dañan sistemáticamente los pilares de la libertad y el progreso del país.
Editado por Elisa Vásquez.