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Para restablecer la democracia liberal en Colombia y para que el país vuelva a salir adelante, el nuevo Gobierno deberá eliminar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) mediante la cual las FARC ilegítimamente ya están cogobernando Colombia. Lo más duro será volver a vencer la estigmatización.
La maraña jurídica que dejará este Gobierno en desarrollo del Acuerdo ilegítimo requerirá de trámites engorrosos pero necesarios para restablecer el Estado de Derecho, lo cual es condición necesaria para que el país vuelva a progresar.
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En efecto, como resultado del ilegítimo y dictatorial Fast-Track, para el 2018 el gobierno Santos, sus aliados y las FARC habrán insertado arbitrariamente un gran número de reformas constitucionales, legales y reglamentarias.
Varios aspectos deberán ser derogados o modificados. Algunos de ellos son la Constitución de las FARC, la Justicia de las FARC, la Ley de Tierras y su normativa complementaria que amenazan la propiedad privada, los incentivos al narcotráfico y a la violencia, o los costos económicos impagables calculados para implementar el Acuerdo ilegítimo.
Lo anterior será largo y engorroso. Pero, afortunadamente, hay al menos un aspecto fundamental cuya modificación es bastante sencilla jurídicamente. Se trata, ni más ni menos, que la que consagra el cogobierno de la administración Santos con las FARC, la cual pretenden extender por 10 años.
En efecto, el cogobierno con las chavistas FARC fue institucionalizado por la administración Santos mediante el Decreto 1996 de 2016. Este decreto creó “la Comisión de Seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016”.
¡Un cogobierno expresamente rechazado por los colombianos en las urnas!
En virtud de dicho decreto, las FARC “son la primera y última palabra de lo que se legisle en el país en los próximos 10 años”, tal como acertadamente lo señaló hace unos meses el analista Pedro Medellín en su columna para la Revista Semana.
Siguiendo con Medellín, “la primera, porque ninguna instancia del Gobierno puede presentar proyectos de Ley sin que pase por la revisión de la CSIVI. Y la última, porque ellos son quienes dirán que cambio se puede o no se puede hacer”.
El traspaso de poder es un elemento fundamental de las democracias liberales. Sin traspaso pacífico del poder sencillamente es imposible hablar de democracia liberal. Si el gobierno Santos, contrariando la expresa decisión soberana del pueblo colombiano, decidió cogobernar con las chavistas FARC, allá ellos con su autoritarismo y apaciguamiento. Pero obviamente el nuevo gobierno no tendrá que seguir haciéndolo.
Al respecto, un grupo de juristas presentó la semana pasada una demanda ante al Consejo de Estado para declarar inconstitucional la CSIVI. Ojalá el alto tribunal falle a su favor.
Sin embargo, si por alguna razón no lo hace, el pueblo colombiano tiene otras herramientas jurídicas para restablecer sus libertades políticas.
En efecto, dado que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia podrá expedir un decreto que derogue el mencionado Decreto 1996 de 2016.
De esta forma, los colombianos recobraremos nuestro derecho a ser gobernados por quienes votamos y no por quienes nos impusieron arbitrariamente.
El decreto derogado podría reemplazarse por algún mecanismo de seguimiento no vinculante. Pero bajo ninguna circunstancia una “CSIVI” que ponga en igualdad de condiciones a las autoridades legítimamente constituidas con los representantes de las chavistas FARC.
Así, dado que el Acuerdo es ilegítimo porque el pueblo votó NO, la normativa y proyectos que lo desarrollan pueden ser derogados o modificados.
Por lo tanto, el nuevo Gobierno, al derogar el Decreto 1996 de 2016, el mismo día de su posesión el 7 de agosto de 2018, de un plumazo dará el inicio jurídico a la independencia de Colombia de la tiranía de Santos y las FARC.
Lo anterior es, además, condición necesaria para poner en marcha los demás ajustes. ¿O es que alguien cree las chavistas FARC van dejar que la CSIVI autorice las reformas que ajustan su Acuerdo ilegítimo con Santos, inspirado en el Socialismo del Siglo XXI?
El Acuerdo ilegítimo coarta nuestras libertades políticas, entre otras, al imponernos su Constitución sin poder reformarla durante tres periodos presidenciales limitando nuestra libertad de escoger el rumbo de nuestro país. Asimismo, consagra la impunidad a algunos de los autores de los más graves criminales contra los derechos humanos que la humanidad ha conocido.
Pero para poner en marcha las respectivas reformas es esencial que la coalición que lideran los expresidentes Uribe y Pastrana gane la presidencia. Y para ello lo más difícil será vencer la estigmatización a la que poderosos sectores que siguen apoyando el Acuerdo ilegítimo nos querrán volver a someter.
Nos volverán a tachar de guerreristas, fascistas, paramilitares o enemigos de la paz. Pero lo cierto es que al revisar la historia vemos que ello no es nuevo. A Churchill, a Reagan y a sus seguidores los quisieron estigmatizar con términos similares. Y en Colombia a Uribe lo han maltratado en la misma forma durante décadas, lo cual han extendido a sus simpatizantes. La gavilla en contra del expresidente este fin de semana es solo la cuota inicial de lo que se avecina.
Y es que, curiosamente, a los más grandes campeones de la libertad, en su tiempo, los han intentado estigmatizar precisamente quienes más se benefician de ella.
Sin embargo, la historia una y otra vez ha dado la razón a quienes la merecen. La siguiente cita de Ronald Reagan creo resume las guías que lo han orientado a él y a otros gladiadores de la democracia como Churchill o Uribe:
“La historia está del lado de la libertad. La esperanza y una creencia inquebrantable en nuestros valores básicos de libertad y derechos humanos son las únicas guías que necesitamos a medida que viajamos no sólo el siglo XXI sino el tercer milenio”.
El impacto de sus vidas así lo demuestra. Los colombianos que defendemos la libertad, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la seguridad sabemos que estamos del lado correcto de la historia.
