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(Foto: Flickr)
Para los historiadores de la Guerra Civil americana, la “causa perdida” es un movimiento ideológico que fantasea la causa confederada como lucha heroica contra grandísimas dificultades. La doctrina de esta causa perdida destaca supuestas virtudes del sur antes de la guerra y retrata esa guerra como una honorable lucha en defensa del modo de vida sureño.
Más controversialmente, la ideología de la causa perdida encubre los horrores de la esclavitud describiéndolos más compasivos que crueles, y argumentando que la esclavitud enseñó cristiandad y valores civilizados. Ignora los defectos de la Confederación y justifica su derrota por la masiva superioridad de la maquinaria industrial yankee.
El credo de la «causa perdida» reclama también que la reconstrucción tras la Guerra Civil fue una maniobra de los políticos norteños, manipuladores financieros y oportunistas, para socavar el modo de vida sureño.
Naturalmente, existe una historia más honesta y acertada de la Guerra Civil que considera un mito la ideología de la causa perdida. Sin embargo, hay que conceder que las ideas e iconografía de la causa perdida han penetrado la conciencia americana. Un gran debate se produjo recientemente, literalmente en la plaza pública, con el movimiento para retirar los monumentos confederados (lo que demuestra que es muy difícil extirpar el mito de la causa perdida de la historia americana).
Similarmente, muchos países latinoamericanos desarrollaron su propia narrativa de su causa perdida, en la que “el imperialismo yankee”, y no sus propios fracasos, es responsable del subdesarrollo económico latinoamericano. Por ejemplo, una versión latinoamericana de ese mito es la Teoría de la Dependencia, que proclama que los recursos fluyen, de manera explotadora, de una “periferia” de naciones pobres subdesarrolladas a un “núcleo” de naciones ricas.
El criterio central de la Teoría de la Dependencia es que los estados del núcleo devienen ricos empobreciendo naciones periféricas. En esta fantasía, como en la historia de la reconstrucción del sur americano basada en la causa perdida, el desarrollo latinoamericano fue víctima de la avaricia de corporaciones norteñas. Ese cuento ignora la historia latinoamericana de fracasos de políticas públicas, estatismo, corrupción endémica y otros males. Y, como en la clásica causa perdida, idealiza las virtudes de la cultura hispanoamericana.
El Índice 2017 de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, revela que los sectores públicos en la mayoría de los países latinoamericanos son altamente corruptos y avanzan poco luchando contra la corrupción. El Índice califica 180 países por niveles de corrupción percibida en sus sectores públicos, usando una escala desde “muy limpios” a “altamente corruptos”.
En Latinoamérica, solamente Uruguay y Chile califican cerca de “muy limpios”, con posiciones mundiales número 23 y 24 respectivamente. Como referencia, Estados Unidos clasifica número 16. Prácticamente todos los demás países latinoamericanos califican hacia el extremo de “altamente corruptos”, como Nicaragua, que está en puesto 151, Haití en el 157 o Venezuela en el 169.
La corrupción latinoamericana, parcialmente, es resultado del sector gubernamental excesivamente grande y la intrusión del gobierno en la economía. El corolario son demasiados funcionarios gubernamentales interfiriendo en la vida de las personas y en su sustento. Esta es la clase de corrupción -donde predominan sobornos y lucrativos contactos gubernamentales- que socava la confianza no solamente en el gobierno sino también en la propia naturaleza humana. En la mentalidad pública, la ineficiencia gubernamental y la corrupción no son culpables del subdesarrollo económico de la región: la culpa es del “imperialismo yankee”. Como su versión estadounidense, la fabula latinoamericana de la causa perdida ha penetrado la conciencia pública.
Lamentablemente, el mito revaleciente impide a Latinoamérica buscar en su sociedad métodos para frenar la corrupción e incrementar la responsabilidad gubernamental. En el reino de lo posible, un enfoque sería reducir la separación entre gobierno y pueblo. Estructuralmente, esto significaría un tipo de gobierno genuinamente federalista donde el poder económico se confiere más a los gobiernos locales y departamentales que a todopoderosos gobiernos nacionales.
El federalismo no inmuniza gobiernos contra la corrupción. Pero, manejando pequeñas sumas de dinero, y estando más cerca del pueblo, el federalismo desincentiva conductas corruptas e incentiva efectividad gubernamental. Y más importante, el federalismo y su concomitante responsabilidad personal, quebranta la mitología de la causa perdida.
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