El día de ayer la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente de Colombia, Iván Duque, suspender las actividades que la Brigada de Asistencia y Fuerza de Seguridad (SFAB) del Ejército de los Estados Unidos esté ejecutando en el país desde su llegada el primero de junio.
En la actualidad, los miembros de la SFAB le prestan asesoría en la lucha contra el narcotráfico a las unidades del Ejército de Colombia que desarrollan operaciones en las regiones críticas de Colombia, como lo son el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, Catatumbo, Arauca, Pacífico nariñense y los parques nacionales naturales de Chiribiquete, Sierra de La Macarena, Catatumbo Barí, Nudo de Paramillo y Sanquianga.
El Tribunal de Cundinamarca dio la orden tras fallar a favor de la tutela interpuesta por los senadores de izquierda Iván Cepeda, Aída Avella, Antonio Sanguino y Gustavo Petro, entre otros, por considerar que la autorización para la llegada de los militares estadounidenses debió pasar por el Senado de la República.
Me complace que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya defendido la soberanía nacional: pic.twitter.com/UIpr1kSbqY
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 3, 2020
El Tribunal también le ordenó al Gobierno enviarle al Senado, dentro de las siguientes 48 horas tras la notificación del fallo de tutela, un informe explicando la presencia del SFAB en país.
El PanAm Post consultó al abogado constitucionalista y periodista D’mar Córdoba sobre la validez del fallo. El especialista señala que la Constitución Política de Colombia, artículo 189, estipula que son funciones del presidente “Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”, y considera que el Tribunal está malinterpretando la naturaleza jurídica de la cooperación:
D’mar Córdoba insiste en un desconocimiento de la naturaleza jurídica de la asesoría y enfatiza en que “el Tribunal y los senadores de la extrema izquierda desconocen la naturaleza de la Brigada de Asistencia, y claramente pasan por alto el Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, en donde se establece que ese país se compromete a brindar ayuda militar consistente en equipos materiales, servicios, entre otros, para la defensa y seguridad hemisférica”.
El acuerdo de asistencia existe desde 1952 y fue ratificado por las partes en 2009, en un acuerdo de orden simplificado que renueva lo pactado. Al ser la ratificación de un acuerdo preexistente, no requeriría la aprobación de la Corte Constitucional ni del Senado.
El abogado constitucionalista afirma que “la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es una operación de la extrema izquierda del país y la justicia, para con una tutela, desautorizar de manera grosera al presidente Duque que, haciendo uso de acuerdos internacionales de cooperación militar, había acordado el trabajo en Colombia de 53 integrantes de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos, que ya se encuentran en el país sin armas, para adelantar labores de capacitación en la lucha contra el narcotráfico a nuestras tropas”.
“El argumento para este sector de la política, que es el mismo que se opuso a la cadena perpetua para violadores, el que se opone a la fumigación con glifosato, el que exige cumplimiento para el acuerdo con las FARC, el que pide los diálogos con el ELN, es la presunta violación al artículo 173 de la Constitución Política, en el cual se dice que una de las labores del Senado es ‘permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República’, pero que claramente no toman en cuenta la jurisprudencia que es clara en decir que ese tránsito se configura cuando se trata de una fuerza que necesita transitar por el territorio nacional, para preparar una ofensiva contra otro Estado, hecho que nada tiene que ver con las labores de cooperación que se estaban adelantando”, añadió el abogado.
#NoHayDerecho Los que se oponen a:
La cadena perpetua para violadores
Los que defienden el acuerdo con las FARC
Los que rechazan la fumigación con Glifosato
Son hoy los mismos que interponen tutela contra la presencia de la Brigada de Asistencia de EEUU pic.twitter.com/3InYjRprXf
— Dmar Córdoba (@dmarcordoba) July 3, 2020
A pesar de la alarma por parte del Senado, este tipo de asesorías son comunes entre las Fuerzas Armadas. Otro tipo de unidades como los Green Berets ya han hecho labores similares en el país. Incluso militares del Reino Unido durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos prestaron asesoría al Ejército y organismos de inteligencia sin que la oposición hubiera interpuesto ninguna tutela o trabas a estas cooperaciones.