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«En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación del COVID-19», informó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). «Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo», recalcó.
En Colombia, grupos armados han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas contra el covid-19.
Las infracciones se castigan con asesinatos y ataques.
Documentamos la situación en 11 departamentos del país.
Nuevo informe de @hrw_espanol: https://t.co/xCEiiatdf5
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 15, 2020
Entre los meses de marzo y junio de 2020, HRW entrevistó vía telefónica a 55 personas en 13 departamentos de Colombia, entre los que se encuentran líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes de las zonas.
La investigación de HRW concluyó que en al menos 11 municipios de Colombia los grupos armados les han estado imponiendo reglas a las poblaciones locales para controlar la propagación del COVID-19. Los departamentos donde HRW identificó este tipo de actividades fueron Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. En al menos cinco de estos departamentos los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a ella para lograrlo.
Entre los grupos que han implementado el homicidio como medida disuasoria para imponer la cuarentena están las “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o también conocidos como el Clan del Golfo.
Difusión de panfletos
HRW identificó 20 panfletos distribuidos por los grupos armados. En Bolívar, miembros del ELN difundieron a principios de abril un panfleto donde anunciaban que se veían «forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas» debido a que la población no había «acatado las órdenes de prevención en contra del Covid-19 [sic]». En el panfleto se indica que «sólo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías», y aclara que las demás personas deberán cumplir el “aislamiento” en sus casas. Los grupos armados también han hecho difusión de estos mensajes entre las comunidades a través de cadenas de WhatsApp. Algunos grupos armados también han organizado reuniones con la población para informarle sobre las normas impuestas en la zona, según funcionarios de derechos humanos.
A comienzos de abril, el ELN distribuyó un panfleto en el departamento de Chocó en el que enumeraba ocho reglas. Estas incluyen el “cerramiento total de vías”, la prohibición de «toda clase de eventos públicos y reuniones» con más de diez personas, la prohibición de salir entre las 8 p. m. y las 6 a. m., y el aislamiento obligatorio a las personas que lleguen a la zona.
El Frente Carolina Ramírez difundió un panfleto en Putumayo en donde anunció que por el COVID-19 «queda totalmente prohibido transitar después de las 7 de la noche con excepción de los enfermos». Asimismo, el panfleto indicaba que «solamente se permite la entrada y salida de embarcaciones ya establecidas». Quien no cumplan esta norma debe pagar una “multa” equivalente a 2 000 000 de pesos (cerca de 550 dólares).
Los toques de queda
Si bien el Gobierno ha permitido que sigan abiertas las tiendas que venden alimentos, medicamentos y otros insumos básicos, en Tumaco los grupos armados le han exigido a los propietarios mantener cerrados sus negocios, afirmaron líderes comunitarios. El Gobierno permite que las personas salgan de sus casas para acceder a servicios de salud o bancos, así como en otros supuestos de necesidad grave, incluso durante los horarios de toques de queda. No obstante, HRW reporta que en partes de Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare no les han permitido a las personas, incluso a los enfermos, salir durante la cuarentena de sus casas.
En el Norte de Santander el Ejército Popular de Liberación (EPL) “invitó” a las personas a cumplir las medidas y manifestó que sus miembros se encargarían de “contribuir al control de la población”.
Los grupos armados no tienen ningún problema en recurrir al homicidio para hacer cumplir sus leyes. En Nariño, el pasado 4 de abril hombres armados dispararon contra un vehículo particular en la carretera que conecta a Barbacoas con Tumaco. En el vehículo había cuatro personas, entre ellas una pasajera enferma y un paramédico. El carro llevaba una bandera que se utiliza habitualmente en Colombia para identificar a los vehículos que están en una “misión médica”. Dos de los pasajeros murieron y los otros dos resultaron heridos.
El ataque fue perpetrado por miembros del grupo armado Los Contadores, que participa en las cadenas de narcotráfico en la región. Funcionarios judiciales y trabajadores humanitarios que analizaron el caso, afirman que el grupo armado llevó a cabo el ataque para hacer cumplir la orden de no salir de los domicilios después de las 6 p. m.
La comunidad obligada a hacer retenes
En Guaviare y Putumayo «disidencias» de las Farc establecieron puestos de control y, a menudo, obligan a las comunidades a controlar el acceso de personas externas. Un líder comunitario del Guaviare describió el control social que ejerce el Frente 1:
«Ellos mandan aquí y tenemos que obedecerlos… Nos ordenan que tengamos que poner puntos de control en las carreteras; nos ordenan que cuando oscurece no quieren ver a nadie en las carreteras; que quien se mueve cuando está prohibido debe recibir lo que merece por desobedecer… Dicen que hacen esto para evitar que el virus nos alcance, pero siempre han impuesto sus medidas para el control social y territorial… Preferimos prestarles atención porque, de lo contrario, pueden hacernos daño por desobedecer o hacer daño a nuestras familias… Aquí, nadie nos va a proteger».
El asesinato como medida disuasión
El 4 de abril, el campesino José Rubiel Muñoz Samboní fue asesinado en el corregimiento La Medina luego de haber llegado desde una comunidad cercana para reunirse con amigos. Un fiscal que examinó el caso y la Defensoría del Pueblo creen que lo asesinaron miembros del ELN porque no cumplió con el confinamiento dictado por este grupo.
El 26 de abril, miembros de la columna móvil Jaime Martínez, un grupo que surgió de la desmovilización de las Farc, mataron a Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís, e hirieron a otros cuatro civiles en el departamento de Cauca. Las víctimas fueron atacadas en un parque público, según indicaron a HRW un fiscal y un funcionario de la Defensoría que investigaron el caso. El fiscal dijo que tenían evidencia de que los civiles fueron asesinados por no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por el grupo armado. Los miembros de la disidencia les habían advertido a las víctimas que serían asesinadas si no cumplían con las normas, sostuvo el fiscal.
El líder comunitario Edison León Pérez denunció los excesos de los grupos armados en las zonas rurales del municipio de San Miguel, entre los que se encontraban el establecimiento de puntos de control ilegales donde impedían la entrada al hospital de la zona a personas enfermas:
«Como es de su conocimiento, aproximadamente a unos trescientos metros del hospital… se instaló un puesto de control sanitario con las comunidades… impuesto por el grupo narcotraficante que opera en la región, donde se obliga a las comunidades… a colocar personal las 24 horas sin ninguna medida de protección… exponiéndonos a contraer el virus COVID-19… A muchas personas estando enfermas se les niega el paso, los que no tienen problema para cruzar allí son los autorizados por el grupo de narcos…Señor alcalde, yo en calidad de presidente de la junta de acción comunal… no estoy dispuesto a seguir mandando a mi comunidad a la muerte».
El 8 de junio miembros de las «disidencias» del Frente 48 de las FARC asesinaron a sangre fría a León Pérez. Su asesinato permanece impune y los terroristas continúan con un férreo control del municipio de San Miguel.
