Colombia discute la legalización y comercialización de la cocaína

La iniciativa plantea el control del Estado en la producción y comercialización de la hoja de coca y la cocaína

Colombia discute la legalización y comercialización de la cocaina (Archivo)

El Senado colombiano llevó a discusión por primera vez la posibilidad de la legalización y regulación del uso de la cocaína. La cocaína en la actualidad es la quinta droga más consumida en el mundo y la segunda más incautada.

Los senadores Iván Marulanda del Partido Verde y Feliciano Valencia del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), radicaron el proyecto de ley que según ellos “busca cambiar la guerra con la que el país lleva décadas enfrentándose al narcotráfico”.

La iniciativa plantea el control del Estado en la producción y comercialización de la hoja de coca y la cocaína. Según los ponentes, el Estado se encargaría de permitir el uso recreativo, fomentar el desarrollo rural y proteger el medioambiente, así como también incentivar los usos médicos, nutricionales e investigativos de la hoja de coca.

Con estrictas medidas de control, solo los adultos podrían adquirir —máximo un gramo de cocaína a la semana— tras inscribirse en una base de datos y asistir a una cita médica. El proyecto no cierra la posibilidad a exportaciones, no como mercados abiertos de consumidores sino como acuerdos de país a país para investigación científica, respetando la normatividad vigente en cada nación.

Si bien la medida busca impactar el microtráfico, Colombia no es un gran consumidor de cocaína, la última Encuesta Nacional de Consumo señala que solo el 3,2 % de los colombianos la había consumido alguna vez, y no agotaría su propia producción, por ende, se plantea la creación de un fondo internacional para financiar la destrucción segura del excedente, de modo que el exceso de cocaína no llegue a los mercados ilegales.

Aunque bien intencionada la propuesta del senador Marulanda, y aparentemente inspirada en el experimento hecho por Mujica en Uruguay, esta medida puede resultar insuficiente.

El economista y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Jorge Andrés Tamayo, plantea que “mientras que la cocaína no sea legal en Estados Unidos, esta medida puede generar incentivos perversos. Hay varios papers recientes sobre el efecto de la regularización del acceso a opioides en Estados Unidos que incentivó la sustitución de estos por heroína mexicana; liberalizar es una mejor opción al control,  pero si  estas iniciativas no se hacen de forma bilateral su impacto sería pequeño”.

“Aunque la medida podría impactar a la baja del precio de la cocaína y sus derivados en el microtráfico en Colombia, esta no impactaría la rentabilidad del narcotráfico necesariamente”, añadió el economista.

El profesor de derecho constitucional de la Universidad EAFIT, Pablo Uribe Wolff, considera que aunque el país está suscrito a acuerdos internacionales que en principio le impedirían llevar esta iniciativa de forma unilateral, “el derecho internacional debe prevalecer a nivel práctico y se aplica en lo que quiera hacer cada Estado. Los impedimentos jurídicos no son los principales obstáculos. Normas más jerárquicas que los derechos humanos no hay, sin embargo, los organismos internacionales prefieren evitar el costo político de intervenir en la política soberana de los Estados a establecer sanciones reales, como pasa hoy, por llevarlo al otro extremo, en las Filipinas de Rodrigo Duterte”.

Uribe Wolff cree que el problema sería más de voluntad política que de restricciones legales, considerando que “en principio no hay una prohibición constitucional contra el consumo o comercialización de estupefacientes, pero sí la hay a nivel legal. Si el impedimento son los tratados internacionales, creo que en la mayoría de los casos estos impedimentos serían pasados por alto, pues el alcance de esta política es meramente doméstico y pretende limitar la operación a Colombia en lo que respecta al consumo y comercialización de la cocaína como producto recreativo”.

El politólogo Santiago José Castro considera que si bien puede haber un avance, la propuesta carece de realismo para el contexto colombiano:  “que ya permitan la comercialización de la hoja de coca y que persigan con firmeza la cocaína, sin meterse en la vida privada de cada quién». Y añade que «el tema no es solamente el consumo, el tema son las ollas, los carteles, los ejércitos privados ¿van a decir que una comunidad indígena necesita miles de hectáreas para cultivar hoja de coca? Permitan la comercialización de la hoja de coca que han consumido desde hace siglos y fumiguen con toda firmeza los cultivos de más de una hectárea».

 

 

 

 

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