Izquierda en Colombia lanza proyecto de ley que busca cerrar la economía

El problema del proyecto es que le achaca el "retroceso" de la agricultura colombiana a los tratados de libre comercio ignorando otros detalles como la falta de infraestructura, bienes públicos y más importante aún ignorando la presencia de grupos armados en las zonas rurales del país

Una regulación menos
El proyecto de ley Parte de la afirmación de que la agricultura e industria colombiana se han visto fuertemente afectadas por la apertura de los 90 y la firma de los Tratados de Libre Comercio. (Archivo)

Un nuevo proyecto de ley presentado por la izquierda colombiana propone adoptar «medidas para la especial protección de la industria nacional, la agricultura campesina, familiar y comunitaria, la pesca artesanal y la producción agroalimentaria nacional”. Este proyecto para alcanzar tan loable objetivo propone varios mecanismos, la renegociación de los tratados de libre comercio, el establecimiento de un programa de compra públicas de la producción agropecuaria, la prohibición de arancel 0 para productos sensibles, y una política arancelaria progresiva que proteja productos alimentarios y manufactureros «claves» para el desarrollo de la economía.

No sobra decir que la propuesta fue firmada por 5 congresistas del partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), 3 de la Alianza Verde, 2 representantes de MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), y 2 de la lista de los decentes. Aunque el proyecto de ley tiene pocas posibilidades de pasar, es bueno comentar sobre el mismo para ilustrar la miopía económica de este proyecto de ley.

El proyecto de ley parte de la afirmación que la agricultura e industria colombiana se han visto fuertemente afectadas por la apertura de los 90 y la firma de los tratados de libre comercio. La principal presunción de este proyecto es que tanto el sector agrícola como el industrial están muy desprotegidos.

Por lo pronto es falsa la afirmación de que la agricultura colombiana está altamente expuesta. De hecho bienes sensibles como el azúcar, la carne, y la leche tienen aranceles superiores a la tarifa media del 12 % y en algunos casos debido al sistema de tarifas fijas el arancel puede llegar hasta el 80 %. La tarifa promedio entre el año 2002-2015 fue del 12 % para los bienes agrícolas y el 20,3 % para bienes agroindustriales.

Aunque es cierto que la tarifa arancelaria para bienes agrícolas es en la actualidad del 5 % con los países que tenemos un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, un estudio del Departamento Nacional de Planeación estimó que la Tasa de Protección Efectiva para los bienes agrícolas en Colombia era del 41 % para cereales; del 22 % para legumbres, hortalizas y tubérculos, café y cacao del 16 %, 11,2 % para el azúcar y panela. Esto se estima teniendo en cuenta otros costos directos e indirectos de importar este tipo de bienes a Colombia.

El problema del proyecto es que le achaca el «retroceso» de la agricultura colombiana a los tratados de libre comercio ignorando otros detalles como la falta de infraestructura, bienes públicos y más importante aún ignorando la presencia de grupos armados en las zonas rurales del país.

Las zonas donde el ataque armado ha sido más intenso se han caracterizado por estar desconectadas de los mercados del resto del país y en muchas de ellas no existen carreteras veredales para llevar la producción a las cabeceras de sus municipios. Se trata además de zonas en las que no hay mecanismos de apoyo para adaptación de semillas, no hay adecuación de tierras ni distritos de riego y se carece de asesoría sobre cuáles cultivos son técnica y financieramente viables.

Más grave aún, la propiedad de la tierra está sin formalizar, por lo que en ausencia de títulos los poseedores están imposibilitados de recurrir al crédito y carecen de estímulos para experimentar con cultivos permanentes y de tardío rendimiento que, en contraste con los cultivos transitorios, son los que tienen mayores posibilidades de ser competitivos en la mayor parte del territorio colombiano, caracterizado por su fuerte clima tropical.

Lo que ha mostrado la evidencia, en el caso colombiano, es que la provisión de bienes públicos para la agricultura ha sido extraordinariamente baja y la política pública ha tratado de compensar esa falla mediante altos niveles de protección frente a las importaciones, y subsidios directos.

Esos niveles de protecciones tarifarias a la agricultura poco han servido, pues aparte de ser una mera restricción contable, eso no se traduce en incrementos de productividad para el sector agropecuario.

Lo que nos debe importar aquí es cómo ha sido la evolución de calidad de vida de los Colombianos en estos años de “apertura neoliberal”. Una cosa que tenemos que agradecer es que en promedio un colombiano tiene que destinar menos dinero de su bolsillo para comprar alimentos que en los años 90.

Los congresistas no muestran tampoco cómo esta apertura comercial ha incrementado la pobreza o calidad de vida del colombiano de a pie. Y posiblemente no lo harán porque Colombia no es más una economía agrícola, ni industrial, es una economía de servicios.

Para entenderlo de otra forma, no es que la industria y el agro colombiano sean más pequeños ahora que en los años noventa, es que el sector de servicios ha incrementado su peso en la economía colombiana. Las economías desarrolladas, son economías de servicios y en muchos casos su producción industrial y agrícola se ha ido trasladando a otros países, cosa que es natural..

La razón por la que el PIB per cápita triplica al de Vietnam, a pesar de la segunda tener una industria de mayor peso en su economía, es porque el sector de servicios por lo general es mucho mayor agregado que el de bienes de manufactura. En cierta forma una economía que se vuelca al sector de servicios es muestra de que un país está trabajando más intensamente en su bienestar y no meramente en la producción de bienes para la subsistencia.

Colombia no necesita cerrar más su economía, son incontables los estudios de organismos independientes, libres de los sesgos de la política colombiana, que han confirmado una y otra vez que el país es demasiado cerrado. Si los esfuerzos del gobierno deben destinarse a alguna dirección es a integrar a Colombia a las cadenas de valor globales, no cerrarla tras un sueño Cepalino desestimado en los años 80.

 

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