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El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez, solicitó la nulidad del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC el pasado 12 de mayo, que busca proteger o «blindar» los acuerdos a los que se llegue en la mesa de conversaciones instalada en La Habana desde hace 4 años aproximadamente.
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Ordoñez argumenta para que se eliminen los numerales IV y V en los que se establece “brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción de ordenamiento jurídico colombiano y para dar cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional”.
El argumento del procurador es que, según su criterio, dicho acuerdo va en contra de las normas colombianas, la Constitución del país y las normas internacionales que ha suscrito Colombia hasta el momento.
Además, resaltó que a pesar de que aún no es oficial el blindaje de los acuerdos, ya que la medida hasta ahora fue anunciada, pero aún no entra en vigencia, puede demandar los acuerdos anunciados ante el Consejo de Estado (órgano de la justicia encargada de los procesos administrativos) por tratarse de un acto gubernamental y todos los actos gubernamentales pueden ser denunciados ante los jueces, por lo que le pidió al ente de justicia poner una medida cautelar para suspender los acuerdos.
¿En qué consiste el blindaje de los acuerdos?
El blindaje consiste en que el acuerdo final entre las FARC y el Gobierno se entenderá como un acuerdo especial según el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y que posterior a la firma, este será entregado a los depositarios de dicho acuerdo internacional.
Esta decisión fue inmediatamente incluida en el Acto Legislativo Para la Paz (reforma de la Constitución) para que el acuerdo final entre el Gobierno y las FARC sea entendido como acuerdo especial y tenga efectos internacionales.
La advertencia del Procurador
El procurador además advirtió que con la aprobación del acuerdo por parte del Congreso y la implementación del Gobierno, una vez firmado el acuerdo final, no será necesario que los acuerdos sean refrendados a través del plebiscito para la paz, mecanismo por el cual los colombianos serán preguntados si están de acuerdo o no con lo acordado entre el Gobierno y las FARC.
Cabe destacar que tal y como se comprometió el Gobierno Nacional en el comunicado conjunto 69, la realización de las mencionadas acciones internacionales (depósito y declaración unilateral) no está supeditada al éxito de las acciones internas ni al visto bueno de los órganos estatales colombianos, ni mucho menos a una eventual refrendación popular”.
Fuentes: El Espectador, El Universal, W Radio
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