Durante la posesión de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, este lunes 22 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado para que se resuelvan lo más pronto posible los casos que se llevan en contra del magistrado Jorge Pretelt y del procurador general, Alejandro Ordoñez, el primero de ellos acusado por recibir dinero para favorecer fallos y el segundo por irregularidades en el proceso de su elección.
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El llamado fue hecho por Santos con el argumento de que las instituciones del Estado colombiano deben enviar el mensaje de que sí sirven para algo y que no favorecen a ninguna persona por intereses políticos, y criticó a los funcionarios que dilatan los procesos judiciales con el fin de favorecer intereses particulares.
“Desde hace más de tres años está para su estudio una demanda sobre la elección del procurador y aquí tampoco podemos decir si deben fallar a favor o en contra. ¡Ustedes son los jueces!, pero es muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición” aseguró el presidente.
El presidente también criticó a Jorge Pretelt por decir que el juicio que se lleva en su contra está siendo realizado por presiones políticas y no porque el magistrado sea culpable de haber recibido dinero para favorecer a la empresa conocida como Fidupetrol. Aseguró que ese actuar del magistrado es una moda entre los funcionarios que son llamados a rendir cuentas.
En cuanto al caso del procurador, el proceso ya completa tres años en los que el Consejo de Estado ha estudiado y continúa estudiando posibles irregularidades en el proceso de su elección, ya que muchos de los que votaron a su favor se habían declarado impedidos para participar de la elección por tener familiares y amigos trabajando en la Procuraduría, cuestión bastante sospechosa para los magistrados.
En lo que tiene que ver con el magistrado Jorge Pretelt, se espera que este martes se reúna el Senado en pleno para tomar la decisión de si el caso debe ser estudiado por la Corte Suprema o es archivado. Este es un proceso especial ya que Pretelt, por se magistrado de la Corte Constitucional, tiene fuero, y para ser investigado por la rama judicial debe contar con previa autorización del Congreso de la República.
Fuente: El Espectador