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En el 2012, Alejandro Gaviria, hoy en día ministro de Salud de Colombia, escribió en su blog personal una columna titulada «Estado paternalista» en la que criticaba la prohibición de algunas libertades individuales bajo el argumento de proteger a los ciudadanos de problemas futuros e incluso al Estado con emergencias de salud pública.
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En la columna, que también fue publicada en el diario El Espectador, Gaviria criticó a personajes como el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, después de que prohibió los reinados y los desfiles de moda en los colegios argumentando que «nada aportan a la formación ética… y constituyen una actividad discriminatoria, humillante y atentatoria de la dignidad femenina», como lo expresa en su columna.
De igual forma, Gaviria aseguró en su publicación que «El Estado paternalista… muchas veces se justifica con base en fines más concretos, la salud pública por ejemplo» y citó el ejemplo de cuando Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, quiso prohibir la venta de los grandes tamaños de gaseosa en su ciudad: criticó este hecho por considerarlo también un ataque contra las libertades individuales.
Lo paradójico del asunto es que a pesar de estas críticas hechas por el ministro Alejandro Gaviria, desde su cartera ha promovido un impuesto a las bebidas azucaradas en la reforma tributaria presentada ante el Congreso colombiano para desincentivar su consumo. La carga impositiva contempla que por cada litro de bebidas azucaradas, se deberán pagar 300 pesos colombianos (0,1023 USD).
Esto quiere decir que el ministro, que otrora criticó una medida como la de prohibir la venta de gaseosa de gran tamaño con la excusa de la salud pública, hoy en día promueve un impuesto bajo el mismo argumento con el que criticó a los «Estados parternalistas»: el de desincentivar el consumo para evitar la obesidad en la población colombiana.
¿Qué dicen los gremios?
Gremios como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), han criticado la posibilidad de que se le imponga un impuesto a las bebidas, ya que esto podría generar desempleo por el bajo consumo de bebidas que afectarían las ventas de las empresas que las producen y por ende, obligar a las empresas a reducir sus costos.
Fuentes: Blog de Alejandro Gaviria, El Espectador
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