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Tras conocerse la ponencia con la que se implementara la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o justicia transicional en el marco de la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, se confirmó que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad podrán participar en política a pesar de ello a partir de las elecciones de Congreso y presidente en Colombia pactadas para el 2018.
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Sobre este tema se pronunció el ministro del interior Juan Fernando Cristo que buscó restarle importancia al hecho asegurando que no hay nada nuevo en esta iniciativa ya que este hecho estaba consignado en el texto final de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC y que además era el fin de los diálogos en La Habana: que el grupo subversivo pase de las armas a la política.
Sin embargo, Angélica Lozano, representante a la Cámara y ponente del proyecto con el que se busca modificar la Constitución para implementar la JEP, aseguró que le preocupa que el texto presentado deja abierta la posibilidad de que cualquier guerrillero participe en política si así lo permite el juez de esta justicia transicional. Además, dice que incluso podrían llegar a participar en contiendas electorales antes de cumplir sus penas.
“Lamentablemente no se dice ni ‘mu’ porque derogan el artículo 67 de la Constitución que dice que solo podrán participar en política después de haber cumplido la pena, se adoptó la forma más irresponsable y fue dejarlo abierto, ambiguo y libre de interpretación de cada juez” dijo Lozano en declaraciones recogidas por RCN Radio.
Este hecho también fue confirmado por Hernán Penagos del Partido de la U, quien es otro de los ponentes del proyecto, quien aseguró que “Conforme a los dos actos legislativos que presentaron, en especial el de JEP, estos guerrilleros, sean cabecillas o no, que cometan estos delitos, podrán participar en política, y podrán participar en las elecciones que se vienen para el año 2018″, lo que hace inferir que podrán hacer política así no hayan cumplido sus penas ya que estas irán de cinco a ocho años dependiendo de la gravedad del delito.
De aprobarse esta iniciativa, que seguramente será así por las mayorías que tiene el Gobierno en el legislativo colombiano, los guerrilleros quedarán habilitados aproximadamente en marzo o abril de este año (2017) y podrán hacer campaña de cara a las elecciones de 2018 sobre las que han manifestado que buscarán hacer una coalición para apoyar a un candidato que garantice la continuidad del acuerdo y no tener uno propio.
De ser aprobada esta medida el Congreso iría en contravía con el fallo de la Corte Constitucional después de su discusión sobre el marco jurídico para la paz en 2014 en que el dijeron que los guerrilleros hallados culpables de crímenes de lesa humanidad no podrían participar en política.
Fuente: RCN Radio
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