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La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, realizó una inspección judicial a las oficinas de Odebrecht en Colombia con el fin de conseguir pruebas sobre las irregularidades que se presentaron en varios contratos en los que estuvo involucrada dicha multinacional brasileña que afronta un gran escándalo de corrupción.
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Según Carrillo lo que se busca especialmente con esta inspección es encontrar evidencia sobre la participación de funcionarios públicos en las actividades corruptas de Odebrecht para implementar las sanciones disciplinarias pertinentes. Estas podrían ser inhabilidades para ejercer cargos públicos y/o destitución de su posición si se encuentra ejerciendo el funcionario acusado.
El procurador también anunció que no se descarta la posibilidad de que particulares (personas que no ocupan cargos públicos) sean incluidas en la investigación disciplinaria que se adelanta por el caso Odebrecht. Estos podrían ser contratistas que hayan participado de las actividades ilegales ya que habrían generado una afectación al país con su actuar.
“Según la gravedad de la falta, la sanción para este tipo de actuaciones podría llevar hasta la inhabilidad de los responsables para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado» aseguró Carrillo en declaraciones publicadas por el portal web de RCN Radio.
El procurador también llamó la atención a las autoridades judiciales para revisar los contratos que tiene la firma Odebrecht, ya que según él es inadmisible que la multinacional brasileña aún haga parte de sociedades que están ejecutando licitaciones en el país a pesar de su escándalo de corrupción, por lo que considera que dichos convenios deben declararse nulos.
Fuente: RCN Radio
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