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La Fiscalía General de Colombia declaró la financiación voluntaria a grupos paramilitares y otros grupos armados ilegales como un crimen de lesa humanidad. Así lo determinó a través de una resolución firmada por la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional en la que fijó este hecho como una conducta que constituye el delito de concierto para delinquir agravado.
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La decisión fue tomada después de la declaración del excomandante de un grupo paramilitar llamado Raúl Emilio Hasbún, conocido con el alias de «Pedro Bonito», quien denunció que en el Urabá, región al occidente colombiano, los productores de banano financiaron al Frente Arlex Hurtado, bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hecho que les permitió crecer como organización criminal.
Lo dicho por «Pedro Bonito» fue corroborado por Helbert Veloza, conocido con el alias de HH, quien entregó muchos más detalles sobre el apoyo que recibieron por parte de empresarios que buscaban beneficios producto del actuar ilegal de los mal llamados paramilitares.
Además, la Fiscalía pudo determinar que Banadex, una comercializadora de banano, almacenó durante cuatro días 3.400 fusiles tipo AK-47 además de cuatro millones de cartuchos 7.65 que venían desde Nicaragua que venían en un barco conocido como Otterloo que tenía bandera panameña.
Finalmente se determinó que con el dinero que entregaron los empresarios a las autodefensas ilegales, además de asegurar el funcionamiento y expansión del grupo, también se compraron armas para ejecutar toda clase de delitos como asesinatos selectivos, desaparición forzada y tortura de las personas que son cercanas al conflicto armado.
Fuente: El Espectador.
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