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La financiación estatal de los partidos ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado en Colombia durante las últimas semanas gracias al caso Odebrecht en el que campañas políticas habrían recibido dinero de la megacorrupta brasileña. Sin embargo, ahora la polémica surge por la financiación estatal que recibirá las FARC al convertirse en partido político.
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Actualmente se adelanta en la Cámara el proyecto que les permite al grupo guerrillero convertirse en partido político y «cambiar las balas por los votos», sin embargo este ha generado molestias entre los partidos más pequeños debido a que el grupo subversivo recibirá beneficios aún mayores que varias colectividades que han estado históricamente en la legalidad.
La Alianza Verde, un partido político pequeño que apoyó el acuerdo entre el Gobierno y las FARC, ahora alza su voz de protesta por los beneficios adicionales que recibirá el grupo subversivo. Por ejemplo dicen no estar de acuerdo con la financiación de su Centro de Pensamiento, de sus recursos para la formación política y su plataforma de divulgación ideológica, que corresponde al 7 % anual del presupuesto total de los partidos y movimientos políticos.
Según aseguró Ángelica Lozano, representante a la Cámara de ese partido en declaraciones publicadas por el diario El Espectador, las FARC llegarían a recibir cerca de 11.000 millones de pesos anuales, mientras que otros partidos políticos como el Polo Democrático o el Mira no supera los 400 millones de pesos, por lo que se genera una gran desigualdad que favorece quienes vienen de la ilegalidad.
Según el mismo medio, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a las críticas diciendo que «Todo el tema de la financiación de partidos tendrá que ser estudiada después de las recomendaciones de la Comisión Electoral Especial, que esperemos que se presente antes de finalizar este mes».
Lo único cierto es que las quejas han llegado tanto para la medida como para su mecanismo de aprobación en el Congreso, el Fast Track, que permite aprobar un proyecto de ley o de acto legislativo en menos tiempo y en menos debates, además de ser menos flexible para hacer cambios en los textos.
Fuente: El Espectador
