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Tras la polémica generada después de una carta enviada por el exministro Diego Palacio, quien pidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o justicia transicional, se desató una gran polémica porque el gerente de esta justicia especial, insinuó que el exfuncionario uribista estaba reconociendo haber comprado votos en el Congreso para aprobar la modificación a la Constitución que le permitía reelegirse a Álvaro Uribe Vélez.
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Uribe lanzó fuertes acusaciones a Correa incluso lo señaló de haberse beneficiado del Cartel de Cali, uno de los grupos narcotraficantes más reconocidos de Colombia. Sin embargo, el expresidente no dio muchos detalles, pero retwitteo un artículo del diario Los Irreverentes, que decía que Correa aparece en los libros contables del grupo delincuencial “como beneficiario de una de sus empresas fachada, la tristemente célebre Inversiones Ara”
En su comunicado de prensa Uribe también señaló al gerente de la JEP de haber sido asesor de un miembro del M-19, guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia para exigir un juicio político en contra del entonces presidente Belisario Betancur que dejó un gran número de víctimas y desaparecidos sobre los que aún se tienen dudas.
Uribe también acusó a Correa de persecución política en su contra cuando era presidente del Consejo Superior de la Judicatura [una de las Altas Cortes colombianas], debido a que aseguró que “si no se hubiera destapado la parapolítica, Mancuso [reconocido paramilitar] sería Ministro de Cultura” según reseña el diario El Espectador.
Finalmente, señaló al presidente Juan Manuel Santos de estar manipulando la justicia y aseguró que no le tiene miedo a la verdad como lo asegura el mandatario, sino que exige garantías para juzgar a las personas y que debido a la falta de ellos ha ayudado públicamente a miembros cercanos a su pensamiento político a asilarse en otros países.
Fuente: El Espectador
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