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Como consecuencia de la escasez de espacio en el cementerio del municipio de Baraona, Atlántico, el entonces alcalde Roberto Celedón inició una campaña en los medios de comunicación para promover un decreto que tenía como objeto prohibir las muertes en el pueblo. Aunque al parecer se trataba de una estrategia mediática, el caso bien puede ilustrar la manera en la que opera día a día buena parte de la política en Colombia.
Constantemente se lee en medios cómo cualquier congresista saca pecho al mostrar un proyecto de ley con el que pretende acabar la pogreza, prohibir el consumo de drogas o la prostitución. Pero la realidad es mucho más compleja que esto y no se transforma por muchas ideas que se escriban en un papel.
Esta lección la aprendieron de forma dolorosa en Centro América y Sudáfrica, en algún momento los modelos de paz a seguir por el gobierno y un buen número de periodistas y académicos colombianos. En Guatemala, por ejemplo, tras la firma del acuerdo de paz de 1996 se pasó de contar con una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes a 27 en el año 2016.
Por su parte, en Sudáfrica, a pesar de los acuerdos que pusieron fin al apartheid, se mantiene una tasa de 34 homicidios por cada 100 mil habitantes similar a la tasa que llegó a tener Colombia en el 2008; cuando la guerra se encontraba en sus años más intensos.
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Guatemala y Sudáfrica son un buen ejemplo de lo importante que es que en materia de seguridad se le preste menos atención a los acuerdos bien intencionados y más cuidado al comportamiento de la violencia homicida.
En este sentido, Colombia puede ser el próximo ejemplo de cómo todas las pretenciones que pueden incluirse en un papel sencillamente tienen un efecto nulo en la realidad.
Así, mientras la palabra “paz” se escribía en todos los discursos de Juan Manuel Santos y Timochenko, la guerra se volvía especialmente brutal contra los militares.
De acuerdo con datos proporcionados por el CERAC, al medir la relación del número de muertos por combate, se puede observar un incremento dramático entre el año 2013, cuando acababan de empezar las negociaciones y el año 2016, al pasar de un promedio de 2,1 a 9,2 muertos por combate respectivamente.
Paralelo a la reducción en un 77% de las acciones militares entre los años 2015 y 2016 para cumplir con el cese bilateral, en el 63 % de los 759 municipios que registraron presencia violenta de las FARC, la violencia homicida se incrementaba o se mantenía intacta.
Entretanto se celebraba un cuestionable proceso de dejación de armas por parte de la guerrilla, para el mes de mayo del 2017 ya se observaba un desplazamiento interno mayor que el que se presentó en todo el año 2016.
Mientras el Ministro Luis Carlos Villlegas explicaba conforme ante los medios que era la primera vez que un Ministro de Defensa no estaba preocupado por las Farc, el primer semestre del 2017 cerraba con un incremento del 15% de la violencia homicida en zonas tradicionalmente afectadas por la guerra.
¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Acaso no se invirtió la suficiente cantidad de dinero en el acuerdo? ¿Es posible que todo lo que se cedió en justicia y democracia para firmar un papel que explícitamente proscribió toda la violencia, haya sido para nada?
Es presumible que un acuerdo de paz busque, como mínimo, reducir drásticamente la proporción de muertes violentas y otros crímenes como el desplazamiento interno, pero esto no solo no está ocurriendo, en muchos lugares está pasando justo lo contrario.
Aunque desde algunos sectores políticos se intente minimizar el incremento en la violencia porque la razón social del grupo que asesina ya no es FARC, sino cualquier otra, lo cierto es que Colombia continúa siendo uno de los territorios más violentos del mundo y todos los privilegios de los que gozan los miembros de las FARC se otorgaron a cambio de nada.
Un acuerdo de paz que trae más violencia de ninguna manera puede ser considerado exitoso.
Por eso sorprenden las propuestas que surjen desde algunos sectores políticos, como el Partido Verde. En concreto, la reciente propuesta de Claudia López para reducir el presupuesto en defensa e incrementarlo en deporte y cultura. Esta situación puede estar indicando que la Senadora no solo no vive en este país, sino que además olvidó las funciones principales del Estado: seguridad y justicia.
Quizás parezca sorpresivo para algunos, pero el monopolio de la violencia no surgió con el objetivo de sustraer dinero a unos, para financiarle la profesión a otros. Mientras persiste la preocupación por la financiación al deporte -una actividad que no reporta ningún beneficio particular a los colombianos- el país cuenta con una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes y ocupa el puesto 79 entre 99 países en efectividad del sistema penal por su inoperancia que, de acuerdo con el World Justice Project, otorga menos de 5% de probabilidad para que un homicida sea condenado.
Es irresponsable que los políticos de Colombia sobrevuelen todo el día twitter para ver las tendencias y caer en picada como buitres sobre los temas que pueden generarle simpatía con sus seguidores y eventualmente uno que otro voto. Olvidan las razones principales por las cuales están en los cargos en los que están.
Mientras tanto la violencia en las regiones crece y el Estado colombiano prueba a diario su incapacidad para ofrecer seguridad y justicia a la población. Aunque esté escrito en un papel que, al menos con eso, sí debería cumplir.
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