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Jorge Bermúdez, Contralor General de la República de Chile, le exigió a Dipreca que se iniciara el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería, obtenidas «sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que exige la ley para su otorgamiento».
En el 2012 la contraloría había advertido que Myriam Olate Berríos, ex esposa del Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara de Diputados, no cumplía con los requisitos para ser imponente de la caja previsional (Dipreca), por lo que debía ser trasladada a la Superintendencia de Pensiones.
La solicitud aparecía como «realizado» a pesar de no haber sido procesada realmente lo que generó que, en octubre de 2014, se hiciera un seguimiento del caso.
«Es posible concluir que las resoluciones de Dipreca que concedieron pensiones de retiro a funcionarios de Gendarmería de Chile, sin considerar para el cálculo de ese beneficio el referido límite de imponibilidad, no se ajustaron a derecho» mencionó la Contraloría.
Por lo que se realizó este proceso de investigación con varios funcionarios, entre los cuales también se encuentran: Victor Alfonso Pereira, Gladys Ramirez,Hernán Ayala,Oscar Garcés,Juan Carlos Estay, Edita Cortés, Jenny Soto, Ingrid Fuchser, Hernán Molina y Nelson Villarroel. En total se decidió revisar 11 casos de funcionarios para verificar en detalle qué pensiones se habían aprobado de manera errónea.
Según la contraloría «el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 unidades de fomento (UF) establecido por la ley».
Solamente, en el caso de Olate, se determinó que la jubilación fue de $US 5,2 millones, siendo esta evidencia de un pago «indebido», lo que reveló la existencia de las pensiones abultadas, así como la crisis en la Gendarmería, lo que generó la salida del director de la institución.
Fuentes: Tele13; La tercera
