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El pasado lunes 12 de septiembre, siete exfuncionarios de Carabineros (institución policial de carácter militar), fueron condenados por la Corte de Apelaciones de San Miguel, por los delitos ocurridos en 1973, de secuestro calificado y secuestro simple cometidos en contra de 15 personas de la localidad de Isla de Maipo.
Los siete excarabineros, deberán ingresar al penal de Punta Peuco, cárcel destinada a todos militares y agentes del Estado condenados por delitos en contra de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La cárcel ubicada en la comuna de Tiltil deberá ser reacondicionada una vez más, para sumar más internos a la población penal de Punta Peuco.
De acuerdo a una estadística de la entidad penitenciaria liderada por el funcionario del Ministerio del Interior, Jaime Rojas, el 31 de julio de 2016 había 122 internos cumpliendo condena en el penal, aunque en febrero sólo había capacidad para 112 personas, por lo que se debió reacondicionar el recinto para aumentar los cupos.
Ahora los problemas asociados a la capacidad del recinto podrían extenderse, ya que este año se planea ratificar la condena dictada por la Corte de Apelaciones de 33 exintegrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
De todos los exfuncionarios que serán juzgados, por lo menos 16 recibirán perna efectiva en Punta Peuco, lo que afectará la población penal y por ende, deberá ser reacondicionada la cárcel.
Según Luis Robler, capellán de Gendarmería, “las condiciones de habitabilidad son buenas, aunque no hay ningún tipo de privilegio. Sin embargo, las situaciones de cuidados a los espacios son bastante superiores a otras cárceles”.
“Hace un tiempo hubo una ampliación con la instalación de contenedores en bastante buen estado. No era una suite, pero estaba bien habilitada. Ahora, ¿si hay más posibilidades para recibir más internos? Tendería a creer que sí”, dijo el capellan.
Por otra parte, Raúl Meza,abogado de gran parte de los exuniformados que están en Punta Peuco, aseguró que el recinto “está en su máxima capacidad para recibir nuevos militares para el cumplimiento de sus condenas, existiendo actualmente un hacinamiento en los distintos módulos del recinto carcelario, por tanto, el camino que tiene el Gobierno no es promover una legislación que restrinja los beneficios carcelarios de los militares condenados por lesa humanidad […], por lo que se debe permitir que los internos del citado penal que cumplen con los requisitos legales puedan acceder a beneficios”.
Fuente: La Tercera
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