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Una alianza de siete organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos denunció que funcionarios policiales y militares usan armas de disuasión y disolución de protestas para causar daño.
De acuerdo con el artículo 21 de la resolución 113 del Ministerio del Interior, vigente desde el 18 de abril de 2011: «(Los efectivos en funciones de contención de manifestaciones y orden público) extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas. No emplearán la fuerza contra las personas que se retiren o caen mientras corren y que no participan en actos violentos salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión de un delito”.
Sin embargo, la alianza conformada por Sin Mordaza, Redes Ayuda, Provea, Civilis, Acción Solidaria, Excubitos y Laboratorios de Paz ha dejado en evidencia que tanto la Guardia como la Polícia Nacional Bolivariana violan dicha resolución.
«Usar una bomba lacrimógena como proyectil contra los manifestantes representa un delito sancionado en el ordenamiento jurídico y no es eximido con la excusa de la obediencia debida», advertieron las ONG.
Los manifestantes «no solo fueron dispersados, sino que fueron perseguidos por policías armados con perdigones, escopetas de bombas y tanquetas de la GNB, y fueron acorralados», indica el comunicado en el que utilizaron como pruebas un video títulado “Redes Ayuda Abuso Policial 2017” que registra estos casos.
La represión y la persecución a ciudadanos y a líderes políticos parece aumentar a medida que la “resistencia” continúa, en tan solo en 28 días de protestas registrados en 2017 han muerto 28 personas.
Fuente: El Nacional.
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