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Eleazar Armando Guerrero, coordinador del partido político opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), fue acusado de los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de efectos militares por la dictadura venezolana.
La información fue publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado viernes 12 de mayo. «El Tribunal Militar Tercero de Control (…) declaró con lugar la privación judicial preventiva de libertad contra Eleazar Armando Guerrero, por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de traición a la patria (…), asimismo de rebelión militar».
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Guerrero fue detenido durante las últimas protestas que se dieron en Venezuela exigiendo el fin de la dictadura. «Es un luchador de la tercera edad que rechaza la violencia», manifestó la diputada y vicepresidenta de UNT, Delsa Solórzano.»Su único delito, de lo único que lo pueden acusar, es de levantar la voz. Él sería incapaz de matar una mosca», añadió.
Asimismo, la diputada explicó que Guerrero no podría ser culpable de rebelión militar siendo civil. «Esto es un cuento mal montado (…), y él tampoco se ha robado nada», aseveró.
De acuerdo con el Foro Penal Venezolano (FPV), en el marco de las protestas (hasta el pasado 9 de mayo) se han presentado más de 1900 detenciones arbitrarias, de las cuales 653 personas aún se encuentran privadas de la libertad.
Sin embargo, las detenciones, represiones y los hechos de violencia han ido en aumento desde a activación del Plan Zamora, el pasado 18 de abril, por parte del presidente Nicolás Maduro.
Este plan permite acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, lo que les da la facultad, de forma inconstitucional, de actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito.
Según datos oficiales, solo en el estado Carabobo más de 250 civiles fueron presentados ante tribunales militares.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal; esto, según lo establecido en los artículos 2 (numeral 3) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Fuentes: El Nuevo Herald; El Estímulo.
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