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Gabriela Zapata, exnovia del presidente de Bolivia, Evo Morales, fue condenada a 10 años de prisión por seis delitos económicos. Específicamente por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos, por el juez principal del tribunal, Iván Perales.
Zapata se mantiene detenida desde febrero de 2016; sin embargo, ahora deberá cumplir su pena de 10 años en la cárcel de mujeres del barrio de Miraflores, en la ciudad de La Paz.
El fallo fue emitido la madrugada de este martes 23 de mayo, tras la deliberación del tribunal, después de 18 horas de audiencia.
La investigación preliminar, abierta en 2016 por el Ministerio Público, determinó que la exnovia de Morales aparentó ser funcionaria de la Unidad de Gestión Social del Gobierno donde tenía reuniones con empresarios.
Durante la investigación, los fiscales dijeron que Zapata no logró explicar el origen de los dos millones de dólares en sus cuentas, ya que la suma no se correspondía con el salario que percibía como gerente comercial de una filial de la constructora china Camce.
Gabriela Zapata está también imputada en otro proceso por trata de personas tras haber formado parte de un montaje para presentar el año pasado en un juzgado a un niño como si fuera hijo suyo y del mandatario, argumentando que nació en 2007.
Asimismo, el Tribunal resolvió una sentencia de ocho años a Cristina Choque (exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia); cuatro años a Jimmy Morales (exfuncionario del Ministerio de la Presidencia); cinco años a Ricardo Alegría (supuesto socio de Zapata) y cinco años a Marvin Ramírez (empresario).
La sentencia de Cristina Choque se debe a su implicación en en delitos de asociación delictuosa, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios. Jimmy Morales obtuvo su sentencia de cuatro años por asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios público. Ricardo Alegría por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y uso indebido de bienes. Por último, el empresario Ramírez, obtuvo su sentencia por estar implicado en delitos de asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
El juez también condenó a tres años de prisión al abogado Walter Zuelta, prófugo de la justicia desde mayo de 2016, quien llegó a ser tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol, por sus vínculos en las negociaciones con Zapata.
Fuentes: El Nuevo Herald; Los Tiempos; La Razón.
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