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El contralor de Perú, Edgar Alarcón genera polémica tras una denuncia en su contra por participar en la compra y venta de carros (sin haberlo declarado) cuando era vicecontralor (2013-2015).
Según la denuncia del auditor, Alarcón y sus hijos compraron más de 90 vehículos, entre autos y camionetas, Audi, BMW y Jeep para operaciones de compraventa y el entonces vicecontralor de Perú, adquirió nueve autos por un total de USD $182.550.
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Alarcón se ha justificado diciendo que no incluyó el dinero en sus declaraciones juradas porque eran montos «irrisorios» que «fácilmente» iban a convertirse en «gastos corrientes».
Sin embargo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en su artículo 33 prohíbe cualquier actividad lucrativa del vice-contralor.
Abogados penalistas han explicado que a pesar del monto, hay suficientes indicios para que el Ministerio Público realice una investigación de oficio.
«Alarcón tuvo una actividad lucrativa, por más que diga que ha ganado poco. El hecho de que lo haya hecho a través de sus hijos también parece indicar que sabía que estaba impedido de hacerlo por su cargo de vicecontralor», señaló el abogado penalista Vladimir Padilla a El Comercio.
Mario Amoretti, también abogado penalista, indicó que Alarcón pudo haber no declarado por el negocio en sí y el origen del dinero.
«Habría que ver si hay un desbalance patrimonial en lo que respecta a los ingresos que tuvo en su condición de vicecontralor. Un fiscal debe tomar acciones de oficio en este caso y pedir que tanto el contralor como su hijo demuestren de dónde sacaron el dinero para invertir en este negocio», dijo.
En caso de que los gastos del contralor no correspondan con los ingresos, se podría tener un caso de enriquecimiento ilícito (cinco a diez años de cárcel) o lavado de activos (seis a 12 años).
Por otra parte, la Primera Fiscalía Anticorrupción de Perú ya abrió una investigación a Alarcón, por presuntas irregularidades en la liquidación a una trabajadora de la institución.
Marcela Emilia Mejía, ex-trabajadora del área de Tesorería de la Contraloría General de la República, cesó sus funciones en el 2010 y se le pagó una liquidación presuntamente irregular de S/127.000 (USD $38.338), además de S/100.000 (USD $30.188) por pago de viáticos. Ello sucedió a pesar que su sueldo era de S/3.350 (USD $1.011).
El contralor dijo que hubo un error de cálculo en la auditoría hecha y afirmó que de «ninguna manera» renunciará al cargo.
«No voy a renunciar y me someto al Congreso a las investigaciones que crean convenientes. Lo tengo clarísimo no he cometido ningún hecho irregular», afirmó.
Fuentes: El Comercio; Diario Correo; La República.
