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El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), rechazó las expresiones del contralor general Édgar Alarcón, quien dijo haberse sentido presionado por el Poder Ejecutivo en lo referido al caso del aeropuerto de Chinchero (Cusco).
«El gobierno no ha presionado a nadie. Los ministros han ido a la Contraloría, incluyendo el ex ministro de Transportes [Martín Vizcarra], a dar explicaciones y hemos seguido todas las reglas del buen trato a las personas», afirmó el mandatario a la prensa.
«En el Perú hay un debido proceso, el contralor es nombrado por el Congreso a partir de una terna que le da el Ejecutivo. Entonces, le corresponde al Parlamento hacer las investigaciones iniciales y luego al sistema judicial si hay caso», dijo el presidente peruano en referencia al caso del contralor y las denuncias en su contra por corrupción.
«Estas denuncias aparecieron el domingo en la noche en un programa de TV. Hoy es martes, o sea, [han pasado] menos de 48 horas y se requiere un poquito más de tiempo para averiguar todo», agregó.
Alarcón tiene una denuncia en su contra por participar en la compra y venta de carros cuando era vicecontralor (2013-2015), pese a que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en su artículo 33 prohíbe cualquier actividad lucrativa del vice-contralor.
Asimismo, la Primera Fiscalía Anticorrupción de Perú ya abrió una investigación a Alarcón, por presuntas irregularidades en la liquidación a una trabajadora de la institución.
Marcela Emilia Mejía, ex-trabajadora del área de Tesorería de la Contraloría General de la República, cesó sus funciones en el 2010 y se le pagó una liquidación presuntamente irregular de S/127.000 (USD $38.338), además de S/100.000 (USD $30.188) por pago de viáticos. Ello sucedió a pesar que su sueldo era de S/3.350 (USD $1.011).
Fuentes: El Comercio; Perú21.
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