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El pasado viernes 30 de junio llegó a Bolivia una comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) para iniciar con la auditoría al padrón electoral de este país.
La auditoría, solicitada por el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia (OEP), contempla seis etapas que se llevarán a cabo durante cuatro meses por especialistas internacionales en estadística, informática, verificación documental, legislación electoral y capacitación.
El equipo está integrado por el embajador de la OEA en Bolivia, Enrique Reina; el coordinador general de la misión, Rodrigo Morales; el coordinador del equipo técnico, Alfredo Soler Báez; Daniela Zacharias, especialista en estadística; Jairo Guzmán Flores, especialista en informática y seguridad; Gonzalo Marsá especialista en capacitación y control de calidad y César Chang especialista en revisión de fuentes primarias.
Asimismo, forman parte del proceso: Víctor Contreras, responsable de logística, el experto legal para el análisis de la normativa César Solano, y Alejandro Bravo e Ignacio Álvarez, especialistas del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA.
Durante la primera reunión el objetivo «fue definir la planificación operativa desde la cual se establecen los procedimientos y el plan de actividades relativos a la implementación de la auditoría integral del registro electoral», informó la presidenta del TSE, Katia Uriona.
Durante el proceso se hará un diagnóstico de las fuentes primarias del registro electoral, de los procedimientos de actualización y depuración del registro, así como un análisis de la seguridad del sistema informático del registro electoral y del centro de cómputo.
El equipo de la OEA también llevará a cabo un análisis del marco legal y de denuncias, y verificarán la cobertura, actualización y depuración del padrón.
Al finalizar con la auditoría, la OEA entregará un reporte detallado a la OEP con los hallazgos y posibles acciones para el fortalecimiento del registro electoral.
Por otra parte, el equipo del organismo internacional contempla un intercambio de experiencias con el Instituto Nacional Electoral de México y la oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú.
Fuentes: La Razón, Los Tiempos.
