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La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación ante el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, así como las otras medidas de «intimidación» llevadas a cabo por el régimen de Nicolás Maduro.
«Dos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, adoptadas esta semana, afectan seriamente la independencia y funciones de la fiscal general y del Ministerio Público», manifestó el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville.
«La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela del 28 de junio de comenzar los procedimientos para la remoción de la fiscal general, congelar sus activos y prohibir su salida del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada violencia», señaló el portavoz.
«También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del vicefiscal general y de designar en su lugar a un ‘número dos’ temporal, en violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana», continuó.
Asimismo, el experto destacó los «pasos importantes» que ha tomado la fiscal general «para defender los derechos humanos». De acuerdo a Colville, Luisa Ortega Díaz ha insistido «en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes» y ha llamado «a liberar inmediatamente a las personas que han sido detenidas de manera arbitraria».
Ante dicha situación, la ONU le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que «rectifique estas medidas y abandone todo tipo de actos que reduzcan las funciones otorgadas legal y constitucionalmente al Ministerio Público y a la fiscal general de Venezuela, así como actos que afecten los derechos individuales de Ortega Díaz».
«Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a respetar la Constitución y el Estado de Derecho y llamamos al gobierno a asegurar el derecho a la libertad de reunión pacífica, de opinión y expresión», continuó.
«Es fundamental evitar cualquier tipo de medida de intimidación en contra de la Fiscalía. La independencia y capacidad de un fiscal de investigar delitos, incluyendo violaciones de derechos humanos, es necesaria para el funcionamiento de un sistema democrático», resaltó el organismo internacional.
Fuentes: El Nacional, Reuters, Efecto Cocuyo.
