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Venezuela: siete claves del discurso de Luisa Ortega Díaz y la (brutal) respuesta del régimen de Maduro

Por: Pedro García Otero - May 24, 2017, 9:53 pm
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, muestra una lacrimógena como la que, según las investigaciones, asesinó a Juan Pernalete. Lo hizo, indicó, la Guardia Nacional. (Aporrea)

Los acontecimientos en Venezuela están ocurriendo más rápido que la capacidad que tenemos los periodistas para procesarlos. El Gobierno de Nicolás Maduro ha decidido iniciar una ofensiva en todos los órdenes, (ab)usando de los poderes que aún controla; y en ese escenario, una nueva declaración de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, le ha puesto una piedra en el camino.

La fiscal abunda en puntos que pueden servir, en cualquier momento, para abrirle juicios a funcionarios civiles y militares. Lo que es peor, les desnuda varias de las mentiras que han sustentado la actuación del Gobierno desde que comenzaron las protestas ciudadanas, hace 54 días.

Luego da el saldo terrible de estos casi dos meses: 55 muertos, más de mil heridos, más de 250 imputados por tribunales militares. Y suelta otra bomba: El descontento social es producto de la crisis, y es un error criminalizar la protesta.

La respuesta del régimen ha sido, como suele serlo, conjunta y brutal. Desde el ministro del Interior, Néstor Reverol, que ha corresponsabilizado a Ortega, hasta el indignísimo exfiscal Isaías Rodríguez, se han dedicado a desprestigiarla.

Rodríguez, quien parece haberse convertido en una suerte de “fiscal paralelo”, ha dicho que “le estaban dictando lo que tenía que decir” (una falsedad obvia que podemos desmentir centenares de periodistas que estaban en la misma sala que Ortega Díaz); a su vez, ese inexplicable ornitorrinco llamado Pedro Carreño señaló que le daban “vergüenza ajena”, las declaraciones de la fiscal, algo improbable en un hombre que tiene tan propia vergüenza propia.

Ortega, por cierto, aún no se ha pronunciado sobre la Constituyente luego de la convocatoria ilegal a la votación de las bases comiciales. En su entorno dicen que no lo hará, que ya dijo lo que tenía que decir y que no quiere abrirse demasiados frentes. Pero su comunicado de este martes la aleja cada vez más de la órbita del chavismo. PanAm Post les ha preparado un resumen de las siete cargas de profundidad de la fiscal en su comunicado.

La muerte de Juan Pernalete

Cuando fue asesinado Juan Pernalete, el 27 de abril de 2017, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Las Mercedes, Caracas, el Gobierno -en la voz de los ministros de Información, Ernesto Villegas, y Reverol, el de Interior-, fabricó la rocambolesca tesis de que al joven de 20 años lo habían matado con una “pistola de perno retráctil”, de las que se usan para sacrificar al ganado. La gavilla de medios gubernamentales o gobierneros (da lo mismo) trataron de imponer tan peregrina hipótesis.

Ortega Díaz fue categórica al afirmar que “un artefacto como este” (y mostró una bomba lacrimógena) fue el que asesinó a Juan Pernalete. “No nos basamos solo en la autopsia, sino en cinco testigos, el acompañamiento físico de las evidencias y la planimetría”, indicó.

Y fue aún más allá: “Este artefacto (la bomba lacrimógena) dice que se prohíbe que sean lanzados directamente al cuerpo, porque pueden ser letales. Está prohibido lanzar esas bombas directamente al cuerpo, según los estándares nacionales e internacionales”.

Y más aún: “Tenemos identificado al grupo desde dónde le dispararon. No hemos individualizado a la persona (…) pero fue la Guardia Nacional”.

Esta declaración es demoledora, en tanto y en cuanto desmonta, en un caso emblemático, al Gobierno. Por supuesto, no es esperable una renuncia de Reverol o de Villegas: Ellos son expertos en mentir, y más aún, en caradurismo.

La respuesta del Gobierno: La canciller Delcy Rodríguez anunció que la Comisión de la Verdad  creada por el Gobierno, en medio de la desconfianza generalizada del país, para “resolver” los crímenes de 2014, “extendía sus funciones para atender los casos de 2017”. No les importa un ápice la verdad o la vida de los venezolanos: La verdad es un concepto relativo para el marxismo. Solo es verdad aquello que sirve a los intereses comunistas. Igual pasa con la moral.

El control de manifestaciones

Fustigó también a los altos jerarcas de la Guardia Nacional: “Es imprescindible hacer seguimiento a los funcionarios que cometen excesos, y asegurarse de que los funcionarios tienen competencias para las labores de contención en manifestaciones públicos. Y además, evitar usar la fuerza si la gente no está ejerciendo violencia”.

Este es un mensaje clave. Además, advirtió sobre el exceso al que se está sometiendo a los funcionarios: “Deben garantizar el debido descanso, no someter al personal de control de manifestaciones a más de ocho horas seguidas de trabajo (…) Hay más de 500 heridos en manifestaciones por uso excesivo de fuerza. Eso es más de la mitad del total de heridos. Para el Ministerio Público, esto es preocupante”.

La respuesta del Gobierno: La represión de la manifestación de este miércoles fue exacerbada, brutal. Más de 80 heridos. De ellos, al menos tres de bala, solo en Caracas. Otros dos jóvenes muertos en las provincias venezolanas.

Justicia militar vs. Justicia civil

“Hay siete investigaciones abiertas por el uso de la justicia militar para juzgar causas de la justicia civil. En dos casos en Falcón hemos solicitado que esos casos sean trasladados a la competencia de jueces civiles. Además, hemos introducido un recurso de amparo porque el tribunal de uno de estos casos se niega a pronunciarse. Además hemos enviado una comunicación a la fiscal nacional militar para que garantice la integridad física de las personas detenidas (…) el uso de la justicia militar es contrario a los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Viola el principio del juez natural…”

La respuesta del Gobierno: Desde Falcón, se advierte que serán enviados a la justicia militar los que cometan “actos de sabotaje” contra servicios públicos. Dado que cada vez que hay, por ejemplo, una interrupción importante del servicio eléctrico, el presidente de la Corporación Eléctrica, Corpoelec, Luis Motta (por cierto, general de la Guardia Nacional), acusa que es consecuencia de un “saboteo” (sic) y no de su evidente incompetencia en la materia, es presumible que el número de detenidos y pasados a tribunales militares aumentará exponencialmente.

La “pax chavista” en Barinas y Táchira, además, implica una intensificación del uso de la justicia militar, como ha señalado Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.

Impunidad

Al detenerse en los hechos de los últimos días en Barinas, la fiscal indica que se han producido siete asesinados en las últimas 72 horas, y que por todas estas muertes, además de los saqueos y destrozos que se han producido “solo hay ocho detenidos y otras 12 personas con órdenes de captura”. Agrega Ortega Díaz que “denuncian los habitantes que hay poca presencia o no hay intervención policial cuando se producen estos saqueos. Los cuerpos policiales deben hacerse presentes cuando hay disturbios”.

Así, la fiscal se hace solidaria con la tesis de la oposición de que el Gobierno es permisivo (por decir lo menos) con los saqueos, muchos de los cuales, según ha denunciado también la Mesa de la Unidad Democrática, son una suerte de “botín de guerra” que le permite el chavismo a los “colectivos”.

La respuesta del Gobierno: La gobernadora de Barinas, puesta a dedo por el chavismo, sencillamente ha desaparecido de la escena pública. Los gobernadores “de facto” son Benavides Torres, y el gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia (?), quien ataviado de militar (?) han tomado el control de la entidad. Lo cierto es que no hay más detenidos por saqueos, que contrastan con los más de 3 mil detenidos por protestar en 50 días.

El descontento como detonante de la crisis

“El descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos, medicinas y la inseguridad que hay”, sentenció la fiscal. Minutos antes había dicho que “causa alarma cuando se intenta posesionar la tendenciosa matriz de que es impunidad la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos (…) Hay que identificar las causas de la confrontación entre venezolanos, confrontación que no se resuelve privando de libertad a las personas sino reconociendo que existe el problema”.

Y agregó que “hay un clima de pugnacidad que parece haber olvidado los sufrimientos de la gente”. Aunque pareciera un mensaje para el Gobierno y para la oposición, está claro que el Gobierno tiene mayor responsabilidad en esto.

La respuesta del Gobierno: La Asamblea Nacional Constituyente y las declaraciones de Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador, en Caracas, pero en realidad dueño del Consejo Nacional Electoral: Nosotros haremos la Constituyente, ellos que hagan lo que les dé la gana. Más declaraciones divisorias y pugnaces.

Los colectivos

“Es repudiable (…) que hayan sido agredidos unos estudiantes de liceo por manifestar su descontento en La Pastora. Como en ese caso, hay varios en el que grupos civiles intervienen para disolver manifestaciones (…) Nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas por la participación de estos grupos. Preocupa la proliferación de la aparición de estos grupos antes de la de funcionarios policiales, así como preocupan las denuncias sobre funcionarios policiales saqueando”.

La respuesta del Gobierno: En la manifestación del miércoles en Caracas, fueron detenidos por manifestantes algunos individuos infiltrados, que comenzaron a disparar al aire. Sin embargo, en este caso hay que señalar que desde la Fuerza Armada surgen informaciones de profundo descontento con la actuación de los “colectivos”, que, sin duda, tienen a sus operadores políticos entre los máximos funcionarios del “chavismo”.

Los destrozos causados por las fuerzas del orden

“Hay 346 bienes privados o públicos saqueados o quemados. Quiero detenerme en esto: Los destrozos agudizarán los problemas de la población. Si el país se encuentra pasando por dificultades económicas importantes, estos destrozos agudizarán los problemas que está padeciendo la población para abastecerse de alimentos y medicinas. Esto viene a contribuir a la escasez”.

La respuesta del Gobierno: Más amedrentamiento en todos los lugares donde ha habido este tipo de incidentes, especialmente en los Altos Mirandinos. Además, las declaraciones de Néstor Reverol culpando de la violencia a la actuación de la fiscal general.

Conclusiones:

En resumidas cuentas, el Gobierno ha decidido responder a las acusaciones con más pruebas que algún día servirán en un tribunal.

Lo que están haciendo Maduro, Reverol, Padrino y compañía, como ya lo indicó Luis Almagro, no prescribe.

Más tarde o más temprano habrá justicia.

Y la ofensiva del Gobierno se deshará ante la realidad de un país que en 73 % adversa la Constituyente, y 80 % a Nicolás Maduro. Y esa encuesta es de hace dos semanas

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.