Congreso en Perú analiza reemplazar empresas contratadas por caso Odebrecht

Ministra advierte que de no aprobar la norma Odebrecht podría irse del país din pagar reparación civil

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“Hay que castigar a esas empresas, no quebrarlas”(Twitter)

El Congreso peruano analiza este lunes (12 de febrero) el proyecto propuesto por el Ejecutivo para reemplazar el Decreto de Urgencia (DU) 003, que busca garantizar el pago al Estado de las reparaciones civiles por parte de las empresas involucradas en casos de corrupción.

Las comisiones de Justicia y de Economía cuentan con a penas unas horas para decidir si se sustituirá o no el Decreto de Urgencia ya que este expira el próximo miércoles 14 de febrero, y de postergar la decisión podrían generarse consecuencias económicas importantes porque las empresas acusadas de corrupción como Odebrecht podrían vender todos sus activos e irse del país, sin pagar ninguna reparación civil.

Claudia Cooper Fort, ministra de Economía y Finanzas explica que la intención es castigar a las empresas condenadas por casos de corrupción y a las consorciadas o asociadas a las condenadas, así como a las firmas investigadas por actos ilícitos, pero resalta que estas no deben ser quebradas ya que generaría “un efecto sistémico en el sector real de la economía”.

De acuerdo al diario Perú21, el Ejecutivo está evaluando otras opciones en caso de que reciban una negativa del Legislativo: ampliar el plazo del DU 003, pedir facultades para legislar  e inclusive presentar un nuevo decreto.

“Lo peor que puede haber para una economía es la incertidumbre. Yo espero lograr acuerdos en el Congreso el lunes [hoy] y estoy dispuesta a ir las veces que sea necesario”, afirmó la ministra aunque aclaró en que confía en la evaluación y trámite que le dará el Parlamento al proyecto de ley.

El Decreto de Urgencia 003 que asegura la continuidad de obras públicas y fija los parámetros del pago de la reparación civil en casos de corrupción, ha sido fuertemente criticado por diversos grupos políticos y empresariales por haber ocasionado la quiebra de 169 empresas proveedoras de Odebrecht y perjudicado a los aproximadamente 60 mil trabajadores.

Sin embargo, Cooper señala que el decreto sí consiguió resultados positivos. “Este decreto habilitó que empezaran a hacerse los pagos de la obra pública, porque las entidades se sintieron respaldadas. También evitó que Odebrecht venda sin pagar reparación civil. Tuvo deficiencias, sí, porque la reparación civil se hubiera podido recaudar más rápido. Con este proyecto que hemos mandado, hemos corregido, y entonces tenemos una posibilidad mucho más grande de obtener una reparación civil mucho más rápido, que Odebrecht venda y que las empresas sigan siendo predecibles y que continúe la obra pública”, explicó al diario El Comercio.

Ahora se espera poder sustituir el decreto por uno más eficiente que incluye programas de ‘compliance’ para prevenir la futura comisión de delitos sin que se genere “una quiebra masiva de empresas”, mediante la retención del 50% de las utilidades de las firmas vinculadas con casos de corrupción.

Igualmente se prohibirán as transferencias de capitales y dividendos al extranjero y apoyará la continuidad de los proyectos y el fomento de la colaboración eficaz o la delación premiada, según indica Diario Correo.

 

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