Ley contra el terrorismo: nuevo método represivo de Ortega

"Vemos una tendencia a criminalizar a defensores de los derechos humanos o a gente simplemente por el hecho de participar en protestas".

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«Si usted pasó una botella de agua a los muchachos en algún tranque, podría ser acusado de “financiamiento al terrorismo”. ¡Absurdo!» – EFE/Jorge Torres

En medio de una crisis en Nicaragua, que según el régimen de Daniel Ortega es originada y financiada por la oposición, la Asamblea Nacional (de mayoría orteguista) aprobó una ley contra «el terrorismo», que entre otras cosas castigaría a quien dañe bienes públicos y/o privados, o pretenda “alterar el orden constitucional” u obligar a un Gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

El mandatario, que ya ha calificado a las protestas contra su Gobierno como actos terroristas, ahora podría criminalizar las manifestaciones y castigar hasta con 20 años de prisión a quien viole la nueva ley.

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La nueva legislación, que para muchos es claro que se utilizará como nuevo método de represión, fue propuesta por el mismo mandatario y aprobada el pasado lunes 16 de julio con 70 votos a favor.

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Régimen busca controlar organismos sin fines de lucro

Con los nuevos artículos, el régimen podría incluso sentenciar entre 15 y 20 años de prisión a todo aquel que colabore con «los terroristas» en su financiamiento, administración o que simplemente los resguarde o trate de intermediar por ellos.

Con esto, el régimen podría regular, supervisar e incluso controlar a los organismos sin fines de lucro y los movimientos que están participando en las marchas ciudadanas, alertó el diputado opositor Jimmy Blandón.

ONU denuncia que ley sobre terrorismo criminalizaría las protestas

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que el texto contra el terrorismo es «muy vago», lo que permitiría una amplia interpretación en la que podría condenarse como terroristas a simples ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.

«Vemos una tendencia a criminalizar a defensores de los derechos humanos o a gente simplemente por el hecho de participar en protestas», comentó el portavoz de la oficina de derechos humanos, Rupert Colville, señalando además que la ley fue aprobada por un Congreso «casi totalmente controlado por el Gobierno».

Régimen legaliza lo que ya ha venido haciendo

Desde que comenzó la ola de protestas en contra del régimen el pasado 18 de abril, las cuales han tomado fuerza, el Gobierno ha implementó medidas represivas desmedidas en contra de sus ciudadanos. En poco menos de tres meses hay millares de heridos, más de 350 muertos y decenas de desaparecidos.

El Gobierno ha tratado de criminalizar las protestas e incluso se han acusado a jóvenes manifestantes de terrorismo.

A pesar de que se haya creado una nueva ley, los mecanismos de justicia ya no parecen existir en el país. De hecho, José Pallais, exvicecanciller nicaragüense, ya ha denunciado que los ciudadanos «se han quedado totalmente desamparados y víctimas del mismo Estado».

Por redes sociales, usuarios recuerdan que «con o sin ley de terrorismo» el Gobierno ya ha  perseguido, amenazado, detenido y torturado a quienes manifiestan, por lo que invitan a seguir con las protestas y a no ceder ante el miedo que trata de sembrar.

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