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El tratamiento que los medios de comunicación, en particular los capitalinos, le han dado al Gobierno del presidente Iván Duque, prácticamente desde sus inicios, ha sido injusto, sesgado y desconsiderado. Se dice que esto se debe a la ausencia de pauta oficial, con la que el Gobierno de Santos los habría irrigado generosamente. Sea o no verdadera esa conjetura, lo cierto es que ese proceder revela una ignorancia, una inconsciencia y una irresponsabilidad sin límites.
Cuando algunos creíamos que ya habíamos escuchado, visto y leído todo lo malo que era posible esperar de ellos, el tratamiento dado a los acontecimientos sucedidos en desarrollo del paro del 21 de noviembre y en los días siguientes, nos reveló su increíble capacidad de superar sus propios récords de desinformación y manipulación de la opinión pública.
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Después de azuzar y promover el paro durante semanas –justificando acríticamente las más absurdas demandas–, descaradamente inflaron el número de los participantes en las marchas que nada tuvieron de pacíficas, desconocieron el interés de los millones que no marcharon, minimizaron los hechos de violencia y vandalismo cometidos y se encarnizaron contra los policías y soldados, acusándolos de toda clase de atropellos cuando protegían a las personas, los bienes públicos y privados y aún sus propias vidas de los ataques inclementes a los que fueron sometidos por grupos violentos, claramente entrenados en las más avanzadas tácticas del terrorismo urbano.
Razón tenía Tocqueville al decir que la libertad de prensa hay que mantenerla, no por los beneficios que resultan de su existencia, sino para evitar los males que aparecen cuando es suprimida. Por eso hay que dejar que los periodistas digan, muestren o escriban lo que quieran; que distorsionen los hechos y que los interpreten a su amaño, e incluso que demeriten –con plena conciencia o sin ella– las instituciones políticas y económicas que permiten su existencia. Lo que no es comprensible es que los empresarios y capitalistas financien con sus propios recursos a quienes se han puesto al servicio de las fuerzas políticas que quieren barrerlos de la faz de la tierra.
En su maravillosa novela Rusia, Edward Rutherfurd cuenta cómo las damas de la alta sociedad rusa encontraban divertido invitar a sus salones a rudos militantes bolcheviques para que explicaran a sus invitados las ideas revolucionarias. En la campaña presidencial de 2018, los émulos colombianos de los bolcheviques –Petro, Córdoba, Robledo, etc.– desfilaron por casi todas las asambleas de los gremios económicos, equivalentes modernos de los salones de las damas rusas, cuyo destino ya sabemos cuál fue.
A los dirigentes gremiales les aterra pasar por antidemocráticos, si se abstienen de invitar a sus eventos a los tipos que buscan acabar con los negocios de sus agremiados. A los empresarios y capitalistas que son dueños o financian con su pauta la existencia de las cabinas radiales, los estudios de televisión y las rotativas de la prensa escrita, les aterra aparecer como enemigos de la libertad de prensa si hacen despedir a algún periodista que ataca sus intereses o suprimen la pauta que paga su salario. El gran Karl Popper le dio a esa conducta un calificativo inigualable: bonachona estupidez.
Hay un tipo que todos los días despotrica contra el capitalismo salvaje, los empresarios explotadores y la voracidad del capital financiero desde la comodidad de la cabina de una emisora de gran sintonía. Si el propietario de la emisora, cansado de los dicterios, decide ponerlo de patitas en la calle, por supuesto que no está haciendo nada contra su libertad de expresión. El tipo puede conseguirse una silla y un megáfono y pararse en una esquina a seguir despotricando. A nadie se le ocurriría decir que el propietario de la emisora está obligado a suministrarle al despedido la silla y el megáfono. Pero, curiosamente, son legión los que creen, probablemente el mismo propietario, que sí está obligado a suminístrale el micrófono y todas las comodidades de la cabina de transmisión.
Dicen que el dueño de la emisora de marras es el Grupo Santo Domingo, que lo es también del Canal Caracol y del diario El Espectador. Que el señor Sarmiento Angulo es el propietario de El Tiempo y que la Organización Ardila Lülle es dueña de los medios que operan bajo el nombre RCN. Harían bien estos capitalistas y todos los demás en escuchar lo que se dice, en ver lo que se muestra y leer lo que se escribe en los medios de su propiedad o que financian con su pauta.
No es ocioso recordarles a los capitalistas colombianos que Lenin se burlaba de la incapacidad de los capitalistas rusos de ver más allá de su interés económico inmediato, diciendo que último de ellos le vendería la soga para ahorcar al penúltimo.
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